Los negociadores del Parlamento Europeo y de los Veintisiete lograron ayer jueves un acuerdo político para imponer a las plataformas digitales como Facebook, Youtube o Twitter la obligación de retirar en un máximo de una hora, y a petición de los Estados miembro, contenidos terroristas que estén siendo difundidos a través de sus redes en Internet.
Con ello los proveedores online tendrán un plazo máximo de 60 minutos para cumplir esta orden y queda en manos de los Estados miembro establecer el marco de sanciones en casos de incumplimiento, aunque serán responsables de asegurarse que las plataformas siguen las indicaciones, por lo que serán responsables de su cumplimiento.
"Los terroristas usan vídeos y retransmisiones en directo de los atentados como arma de reclutamiento. Este acuerdo ayudará a las autoridades nacionales y a las plataformas 'online' a limitar el daño de este contenido tóxico", ha declarado la comisaria de Interior, Ylva Johanson, tras conocerse el pacto.
El acuerdo avanza también en materia de cooperación y apunta una coordinación reforzada entre las autoridades nacionales y Europol para un mejor seguimiento de las órdenes de retirada de contenidos en toda la Unión Europea.
Una propuesta bloqueada durante dos años
La nueva norma fue propuesta por la Comisión Europea hace dos años, pero permanecía bloqueada por las diferencias entre los gobiernos y eurodiputados sobre su modo de aplicación y de proteger los derechos fundamentales, aunque la negociación salió adelante tras los recientes atentados en Francia y Austria. El acuerdo necesita aún el visto bueno de los Veintisiete y de la Eurocámara para ser formalmente adoptado.
Las nuevas reglas se aplicarán a todas las compañías en Internet que ofrezcan sus servicios en la Unión Europea, independientemente del lugar en que se ubique la sede legal de la plataforma o de cuál sea su tamaño, y prevén una definición detallada de lo que se debe entenderse por "contenido terrorista".
Estos proveedores, además, deberán tomar medidas específicas para atajar el uso indebido de sus servicios y actuar para evitar que sean utilizados para propagar contenidos de carácter terrorista, aunque serán las propias compañías las que podrán elegir qué medidas poner en práctica para cumplir esta condición. Deberán asimismo presentar informes anuales para informar con transparencia de las acciones emprendidas.
Con todo, no obliga a las plataformas a utilizar herramientas automatizadas para controlar los contenidos que se difunden a través de sus servicios aunque sí podrán recurrir a estos sistemas de manera voluntaria para detectar y eliminar los contenidos ilegales.
Además la regla prevé salvaguardas para evitar abusos, incluido un mecanismo de reclamación para que los contenidos que hayan sido bloqueados o retirados por error puedan ser reinstalados tan pronto como sea posible.
La nueva norma se aplicará a todos los contenidos
El acuerdo logrado entre los Veintisiete y la Eurocámara deja fuera los contenidos difundidos con fines educativos, periodísticos, artísticos o de investigación y también quedarán exentos aquellos archivos difundidos para crear conciencia contra la actividad terrorista.
La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa (Cs), ha celebrado el resultado de la negociación porque ofrece las herramientas necesarias para que los contenidos ilegales "desaparezcan rápidamente, al tiempo que se garantiza la libertad de expresión de los usuarios".
Así, ha destacado en un comunicado, las medidas que se tomen estarán dirigidas únicamente contra contenidos ilegales, "sin extralimitación ni discrecionalidad".
Por su parte, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha destacado que se creará un instrumento "clave para prevenir la radicalización y la comisión de atentados terroristas" y ha recalcado la importancia de poder actuar con rapidez frente "al gran volumen de contenidos generados y a la enorme velocidad con la que éstos se diseminan por la red".
"El acuerdo supone un importante avance en la cooperación transnacional europea en materia antiterrorista", ha añadido Zarzalejos, para quien es "fundamental fortalecer la confianza entre las autoridades de todos los Estados miembros y avanzar en el reconocimiento mutuo de sus decisiones".