Son siete palabras rimbombantes (sin contar los artículos y las conjunciones que las unen) con las que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado el plan que situará a España en el ansiado 2% del PIB en materia de defensa en 2025, el llamado Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Industria de la Seguridad y Defensa. Un porcentaje fijado como objetivo en la ya muy lejana cumbre de la OTAN en Cardiff en 2014 pero para el que ni populares ni socialistas habían puesto demasiado interés para en sus respectivos periodos de gobernabilidad hasta el momento. Ahora, el gobierno de turno arrinconado por la evidencia, la abrumadora realidad y sobre todo por la presión exterior, presenta el plan de las “siete palabras” con un claro mensaje subliminal de la necesidad perentoria de rearme de un país “pacifista” en medio de un escenario global de conflictividad.
Es la manera recelosa de abordar un asunto que durante décadas se ha estado hurtando a la sociedad española. Un histórico déficit presupuestario de la defensa sobre las capacidades y adquisiciones de sistemas de armas que pretende ser corregida en los presupuestos con partidas que en su mayoría no aumentarán la capacidad defensiva de nuestro país contra amenazas tangibles; esas para las que otros países en el sur, no muy lejos de nuestras fronteras, se están armando hasta los dientes. Este compromiso de gasto en defensa del 2% en defensa es un globo sonda. Se sigue si asumir la necesidad real de rearmarse con capacidades tangibles en los dominios físicos que configuran el tradicional campo de batalla: terrestre, naval y aeroespacial. Se prioriza un nuevo dominio emergente como es el cibernético en la creencia naif de que la defensa en ese espacio nos mantendrá inmunes con relación a otras amenazas de carácter cinético.
"No es lo mismo ser 'pacífico' que 'pacifista'. Lo primero es ser contrario a cualquier tipo de agresión injustificada, incluso hasta la propia. Lo segundo es negar lo bélico, lo militar por el hecho de pensar que su asunción genera violencia. La violencia, señor presidente, puede ser necesaria cuando se ha jurado defender a España”.
Una vez más se juega con la defensa en clave electoralista. Es la visión naif de la situación actual que nos retrotrae a las tesis del movimiento pacifista de los años ochenta del pasado siglo que tanto contribuyó al cambio de mentalidad en Europa en plena guerra fría y que condujo a la polémica por la instalación de los misiles Pershing II en la Alemania Occidental desplegados contra la amenaza soviética de instalación en la parte Oriental y en Checoslovaquia de los SS-20. Fue el inicio del movimiento pseudopacifista en ese país que tanto inspiró a las izquierdas de en otros países europeos que lo vieron como única alternativa tras el desmoronamiento de la ideología comunista en Europa. Hasta que Putin decidió invadir Crimea, los Verdes en Alemania herederos de aquel “pseudopacifismo” y promotores de la política antinuclear, fueron decisivos en la formación de muchos gobiernos en el Bundestag, ahora son irrelevantes.
En España, muchos se siguen considerado “pacifistas”. Eso está muy bien, pero mientras nuestros socios en la UE y en la OTAN sientan la amenaza a escasos metros de sus fronteras ese sentimiento debe quedar para los discursos demagógicos de campaña. El Estado español debe estar preparado para asumir sus compromisos en materia de defensa con sus socios y el Gobierno debe activar toda la política publica necesaria para ello. Así lo establece la actual Ley de Defensa Nacional 5/2015. Hoy en día nuestras Fuerzas Armadas no disponen de los medios y capacidades necesarias para actuar de modo permanente en conflictos y combates de alta intensidad, lo que siempre se llamó guerra. Y lo que es más preocupante: a la sociedad de la que forma parte no se le hace participe de esa amenaza, aquella por la que sus Fuerzas Armadas estarían en la obligación “contractual” de ir a la guerra para su defensa.
Un Plan de Defensa y Seguridad en clave electoralista
La aprobación en el Consejo de Ministros del rimbombante Plan de las “siete palabras” es un desesperado intento gubernamental de cubrir el expediente del 2%. Un intento que además juega en clave electoralista con términos como seguridad y defensa sin entrar en la necesaria explicación a la ciudadanía de las diferencias de ambos vocablos; diferencias en materia por ejemplo del alcance de sus respectivas políticas públicas del Estado.
Subidas de sueldo y ciberseguridad
Cabe destacar que el 35% del aumento se empleará en las subidas salariales de la Tropa es cuanto menos demagógico en un intento de desviar la atención de los verdaderos fines que debería tener el Plan y que en clave de personal debe afectar a la totalidad de los recursos humanos que trabajan para la Defensa. Siendo muy necesario, tampoco debe figurar como una prioridad alta en detrimento de otras, la dotación de un 31% las inversiones en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad, argumentando para su explicación el elevado número de ciberataques recibidos a diario por estamentos y equipamientos de la administración civil. Siendo necesario abordar esa amenaza, sus inversiones no pueden/deben ser imputadas a Defensa exclusivamente.
Capacidades de doble uso
Un tercer pilar del Plan (17%) irá destinado a reforzar las capacidades de doble uso, tanto militares como civiles, en este caso para actuar frente a emergencias y desastres naturales, explica el presidente del Gobierno. La explicación aclara el “uso civil” de los fondos que se prevén para ello, pero ¿dónde se averigua su “uso militar”? ¿Nos podemos imaginar a la Unidad Militar de Emergencias su empleo en misiones de combate?, o sin ser tan estrictos, ¿emplear la UME en misiones de la Zona de Retaguardia en un Teatro o Zona de Operaciones Militar con combates de alta intensidad? Podría ser, son militares como el resto de las Fuerzas Armadas, pero para ello habría que al menos modificar la actual normativa de su empleo y hacerla depender de la cadena de mando militar.
Nuevo equipamiento para el Ejercito
Finalmente anuncia el presidente del Gobierno que sólo un 19% servirá para adquisición de “nuevo equipamiento para el Ejercito, incluido armamento tradicional para modernizar los sistemas de combate y disuasión en tierra y mar”. El olvido del Ejército del Aire y del Espacio en cuanto a adquisiciones es evidentemente un error en el texto de la alocución. Pero lo que no es un error, sino una clara intención es el bajo porcentaje empleado para ello. Las Fuerzas Armadas tienen ya desde hace mucho tiempo necesidades claramente identificadas para cumplir sus misiones en el actual escenario internacional de confrontación. El “gota a gota” presupuestario solo hace que aumentar la incertidumbre de cuándo España dejará de estar indefensa.
Expone el presidente del Gobierno que el objetivo de estas “compras” no es atacar a nadie sino disuadir a posibles enemigos de España y de Europa; somos “un país pacifista” añadió. Un Plan de Defensa recubierto con una cáscara de “pacifismo” no puede ser eficaz. No es lo mismo ser “pacífico” que “pacifista”. Lo primero es ser contrario a cualquier tipo de agresión injustificada, incluso hasta la propia. Lo segundo es negar lo bélico, lo militar por el hecho de pensar que su asunción genera violencia. La violencia, señor presidente, puede ser necesaria cuando se ha jurado defender a España “hasta la última gota de nuestra sangre”.
Veremos en qué queda todo este Plan y, lo que es más importante, si supera el riguroso examen al que la OTAN somete a la presupuestación de sus socios en materia de Defensa. Se supone que habrá habido contactos previos con Bruselas (en este caso la OTAN) y que el rimbombante Plan de las “siete palabras” cumplirá con los estándares comunes sobre lo que es Defensa y lo que no lo es en materia de presupuestación.