España va a cumplir con el objetivo del gasto del 2% en Defensa este año. Serán cuatro años de adelanto al objetivo y 33.123 millones de euros en 2025, 10.471 millones más que el año anterior. Parece sin duda una respuesta a las presiones de los aliados y a un cambio de contexto geopolítico continuo (y estresante) creado por el presidente americano Donald Trump.
Pero, ¿tiene sentido este giro (radical) político en defensa? ¿Quiénes son los beneficiados en la industria de defensa? Y sobre todo, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene? ¿Se mantendrán estas políticas de gasto en el futuro cuando la situación geopolítica se haya calmado?
La presión de la OTAN y el regreso de Trump: el detonante del giro
En el año 2023 apenas destinó el 1,28% del PIB, pero el panorama cambió drásticamente en 2022-2023: la invasión rusa de Ucrania reavivó la percepción de amenaza y la presión de la Alianza Atlántica aumentó. Si a esto sumamos la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 el tema de los presupuestos de defensa se convirtió en protagonista de los Estados europeos.
El Viejo Continente ha entrado sin duda en una “era de rearme”. Ahora, casi de repente, Europa debe ser autónoma en defensa y sostener su propio rol global. Estamos en un contexto en el que la OTAN evalúa incluso elevar el objetivo de gasto al 3% del PIB en su próxima cumbre. España desde luego estaba en aprietos en este contexto.
Pedro Sánchez y Margarita Robles: del rechazo al rearme
Por lo tanto, el presidente Sánchez viró su postura. El Gobierno español de coalición con fuerzas de izquierda era (muy) reticente a aumentar el gasto militar, pero la realidad internacional le llevó a tomar decisiones rápidas (y contrarias a sus principios). Para lograr el necesario consenso interno, llevó el plan al Congreso y dialogó con los grupos parlamentarios.
Al final, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido clave para conseguir este acuerdo, defendiendo que “no elegimos el mundo en el que vivimos” y que España debe cumplir sus compromisos como socio fiable de OTAN y UE.
Indra, Navantia y Airbus: Los grandes beneficiados
Pero detrás de este “fiel y leal, además de necesario” aumento del presupuesto, no está solo la presión internacional. El tejido industrial español de defensa, cada vez más amplio y poderoso, se prepara para recibir una importantísima inyección de fondos. Y es que el Gobierno ha subrayado que el 87% de la inversión de este plan (unos 9.000 millones de euros) irá a empresas españolas, y menos del 5% se gastará fuera de la UE.
Por supuesto, los lobbies industriales han ejercido su influencia en esta estrategia. Ya en 2022-2023, el Gobierno movió ficha para reforzar Indra como “campeón nacional” aumentando la participación pública y colocando al frente a un nuevo presidente ejecutivo, Ángel Escribano, proveniente del sector (dueño de la empresa armamentística Escribano).
Santa Bárbara y la batalla con General Dynamics
En marzo de 2025, Escribano confirmó en sede parlamentaria “el interés del Gobierno por recuperar Santa Bárbara”, señalando que “el gran anhelo del Ministerio de Defensa es poder tener una fábrica de armamento nacional[i]”. Esta declaración refleja la intención de crear un conglomerado de defensa en torno a Indra, revirtiendo la privatización de Santa Bárbara que se hizo en 2001.
La jugada del gobierno se encontró con resistencia: la multinacional estadounidense General Dynamics “sacó los dientes” ante la posible venta, defendiendo su gestión en Santa Bárbara y advirtiendo que incluso su sede europea en Madrid peligraría si Indra compra Santa Bárbara, con pérdida de empleos incluida.
¿Reindustrialización o militarización? El debate económico
Esta pugna empresarial y política muestra las tensiones entre la búsqueda de autonomía industrial nacional y los intereses de compañías extranjeras ya establecidas en nuestro país.
El plan que se acaba de anunciar, se está presentando cono una oportunidad para la reindustrialización nacional con pocas compras de armamento y mejoras en el personal, ciberseguridad, I+D y capacidades estratégicas. Se podrían crear hasta 100.000 empleos (directos e indirectos) y dar un impulso a la economía España del 0.4 al 0.7 del PIB. Un informe de Nitid Affairs proyectaba que llegar al 2% podría generar más de 25.000 empleos adicionales y elevar el PIB un 1,35% anual.
El coste social del rearme: ¿qué se sacrifica?
No obstante, este histórico cambio de prioridades hacia la defensa conlleva dilemas y desafíos. Financiar el rearme acelerado puede afectar a otras áreas del presupuesto público. Algunos expertos advierten que partidas de estado del bienestar o de transición ecológica podrían resentirse con la subida del gasto militar. Si opuestamente a lo afirmado por el gobierno, se opta por financiarlo con deuda, la “militarización” consumiría gran parte de la capacidad de endeudamiento futura de España y Europa.
En última instancia, la aceleración del gasto de defensa español refleja las presiones geoestratégicas del momento, de la amenaza rusa a la incertidumbre transatlántica, pero también abre una oportunidad para reindustrializar el país y reforzar la capacidad defensiva europea con medios propios. Queda como desafío asegurar que este dinero se ejecute de forma eficaz y transparente (el plan prevé una nueva Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica para supervisar los proyectos), y que el resultado sea una España más segura y autónoma, no simplemente un aumento presupuestario.
Como señalan analistas económicos, estamos ante un punto de inflexión: si se gestiona bien, el salto al 2% del PIB en defensa puede fortalecer la autonomía estratégica europea y la industria nacional; de lo contrario, existe el riesgo de comprometer otras prioridades sin lograr la seguridad deseada. La cuestión ya no es si gastar más en defensa, sino cómo y en beneficio de quién se gasta, algo que España tendrá que demostrar en los próximos años.