Grupo EM&E ha anunciado en la mañana del jueves 5 de diciembre el aumento de su participación en Indra hasta alcanzar el 14’3% de la cotizada en el IBEX 35, una noticia que no ha sorprendido a nadie en la industria de defensa española visto cómo evoluciona la fructífera relación que mantienen los hermanos Escribano, Ángel y Javier, que siguen ganando terreno en el sector, con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un día antes se daba luz verde en una reunión al máximo nivel desde Moncloa, con el presidente del gobierno a la cabeza, a dicho aumento de la participación de Escribano Mechanical & Engineering en Indra. La empresa, que ya era el primer socio industrial de Indra y su segundo mayor accionista solo por detrás de la SEPI, ha incrementado ahora un 6% su participación, lo que refuerza su posición en la compañía.
En el escueto y significativo comunicado emitido por la compañía se justificaba este aumento de participación por el contexto geopolítico actual, donde EM&E refleja así su firme compromiso con el crecimiento y desarrollo de la industria tecnológica y consolida su presencia en los sectores estratégicos de defensa, aeroespacial y de seguridad, fortaleciendo sinergias con Indra, actor clave en estos ámbitos.
En la misma nota de prensa se habla de una cifra de negocio estimada para este 2024 de más de 300 millones de euros, de los que, según los controvertidos hermanos, más de un 60% corresponden al mercado internacional, donde la compañía “amplía así su influencia y responde a la alta demanda global de estaciones de armas remotas, sistemas de guiado de munición, soluciones antidrón, robots, así como sistemas de vigilancia de fronteras, soluciones en las que es un referente europeo e internacional”.
El ’brazo armado’ de Pedro Sánchez
Este no tan sorpresivo anuncio es una muestra más de cómo paso a paso sigue estrechándose los lazos de unión entre los Escribano y Pedro Sánchez hasta el punto de haberse convertido en el ‘brazo armado’ del presidente del gobierno, de quien no se cansan de pregonar su gran amistad incluso por los mismos jardines de la Moncloa.
Cabe recordar que en junio de este año el Gobierno aprobó de golpe inversiones en Defensa por casi 3.750 millones en vísperas de la cumbre de la OTAN, un esfuerzo de actualización que si bien es necesario responde a una política de defensa que fuentes del sector coinciden en definir como “errática, confusa, además de sometida a los intereses del presidente: que a los socios no les gusta los gastos militaristas, pues no avanzamos; que tiene cumbre de OTAN y le van a señalar con el dedo, pues comprometemos para quedar bien 3.750 millones en un revuelto que comprende desde la modernización del sistema antiaéreo Patriot a restauración, agua y cantina o reformas y obras en acuartelamientos. Porque de potencia fuego (artillería) el Ejercito Tierra andará escaso, pero obras que no falten”.
Además de estas inversiones hay en curso una ampliación de crédito de 332 millones para operaciones en el exterior, donde un total de 12.075 militares y guardias civiles españoles han participado en 17 misiones internacionales, con 179 fallecidos, una situación tremendamente peligrosa en puntos calientes como el Líbano, donde siguen sin llegar los prometidos 8x8 Dragón.
Ante esta situación, tanto Partido Popular como VOX han interpelado en numerosas ocasiones en el Congreso a la ministra de Defensa, y se la tienen guardada con lo que definen como "adjudicación completamente ilegal, de un gobierno en funciones amparándose en el artículo 346 del tratado de funcionamiento de la UE, que dice:
1. Las disposiciones de los Tratados no obstarán a las normas siguientes:
ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad;
todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado interior respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares.
2. El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá introducir modificaciones en la lista, que estableció el 15 de abril de 1958, de los productos sujetos a las disposiciones de la letra b) del apartado 1.
Tanto el comité de Defensa del PP (Agustín Conde) como VOX han acusado reiteradamente a la ministra de “haber elegido las empresas a dedo, o más bien a una empresa a dedo, saltándose en muchos casos los propios controles de contratación e incluso haciendo pliegos a medida”. Y la mayor parte de las fuentes que han hablado con Escudo Digital señalan a Escribano como principal beneficiario de este y otros muchos concursos preparados expresamente para ellos.
“A diferencia de empresas de gran trayectoria como Indra y General Dynamics, estos son un taller de chapistas venido a más”, añaden estas saltándose la omertá (ley del silencio) que se impone en un mercado cuya supervivencia depende de los pedidos única y exclusivamente del ministerio de Defensa, que es el que reparte los trozos de tarta.
“Se sienten tan protegidos que ni disimulan, y van por el mercado ofreciéndote alianzas con ellos como protagonistas y repartidores del dinero y los contratos públicos”, afirma un representante del sector próximo a la compañía que también prefiere mantenerse en el anonimato. Hasta tal punto es el control que mantienen con la adjudicación de contratos del Ministerio de Defensa "que las empresas del sector ya han rebautizado a EM&E como Escribano Monopoly".
Esta misma fuente añade además que el año pasado la compañía de los hermanos Escribano tuvo que ejecutar una compleja operación de ingeniería financiera entre filiales del grupo para no cerrar 2023 con fondo de maniobra negativo, e incluso critica que sea el propio gobierno, por medio del Ministerio de Defensa, el que ponga los recursos financieros por adelantado para que la compañía siga creciendo.
Por último apunta lo paradójico que resulta que una empresa de Defensa, y que recibe contratos del Estado, tenga casi 5 millones de acciones de PRISA, editora, entre otros, de El País, para asegurar al PSOE un núcleo estable de accionistas. Esta situación le lleva a compararlo con lo que hizo la compañía francesa Dassault, que durante 20 años tenía prácticamente el monopolio de la venta de aviones militares al ejército francés, previa compra de Le Figaro para apoyar a Chirac.