La gestión de los Fondos Next Generation está a punto de llevarse por delante la gestión de hasta 60 empresas de ciberseguridad, gran parte de ellas pymes, que se apuntaron a trabajar como sociedades concesionarias del programa España Digital 2026, según publica The Objective. La destrucción y la quiebras de estas compañías sería una fatal consecuencia para un sector que precisa crecimiento y que favorece la creación de empleo.
Nada más aprobarse los Fondos por la Unión Europea, en el seno del Gobierno se expresó el temor de que parte de esta ayuda “se quedara en el limbo de la burocracia”. Y así está siendo. En este caso, se trata de un programa enfocado en el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad en la empresa y administración de España, como un apartado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asunto que compete al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por José Luis Escrivá.
El perjuicio es especialmente grave, indican a The Objective fuentes del sector, porque estas empresas han realizado un enorme desembolso desde hace dos años y se encuentran en estos momentos en un situación de peligrosa falta de liquidez. A quien le toca aportar estos fondos, y no lo ha hecho, es al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Se da la circunstancia de que quien se retrasa en los pagos, el INCIBE, ha sido el cuarto mayor perceptor de las ayudas europeas, como indica el listado de los 100 primeros perceptores del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Ni dinero ni avales
El INCIBE ha recibido de los fondos europeos 307.841.838 euros, de los que solamente ha adjudicado 170 millones, aunque este importe sigue en las cuentas del INCIBE, como expone The Objective. ¿El motivo? Ese limbo burocrático que amenaza el trámite de las ayudas y del que siempre fue consciente el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes conocedoras de cómo se gestiona la planificación estatal de estos fondos señalaron a este medio de comunicación que el dinero se certifica en los avances de cada una de las empresas, pero dichas certificaciones no tienen entidad suficiente para que los bancos las consideren avales para que las empresas se puedan seguir financiando. Conclusión: la ayuda permanece en el limbo, entre la Tierra y el cielo.
Y en el éter continúa el dinero tras dos años del comienzo del programa. De un total de 80 empresas que se sumaron al proyecto, cerca del 75% de ellas están al límite de la supervivencia. Las pymes y startups del sector de la ciberseguridad han asumido el coste del crecimiento de su plantilla y la compra de satélite.
El INCIBE se limita a certificar los avances del Plan de Transformación y Resiliencia en el ámbito de la ciberseguridad, pero no transfiere las ayudas porque carece de capacidad legislativa ni para el reembolso ni para firmar un documento que asegure a los bancos que no van a asumir ellos solos los riesgos.
Cuando las empresas acuden a las entidades financieras se encuentran con una cruda realidad kafkiana: los bancos solo conceden avales a sus clientes habituales. A estas pymes no les queda otro remedio que intentar lograr recursos mediante avales personales e hipotecarios.
Necesario cambio de funcionamiento
O cambia el funcionamiento de transferencia de ayudas o la transformación de la ciberseguridad en un sector estratégico se va a ir al garete, con el cierre de las empresas que pensaron que se encontraban ante una buena oportunidad.
The Objective informa de que existe cierta esperanza de solución si el Consejo de Administración del INCIBE, que se reunirá el próximo 28 de enero, acepta que se “permita que se emitan facturas parciales que faciliten la financiación de estas empresas y que, a su vez, eviten que los proyectos comenzados no decaigan y se conviertan en papel mojado”.
La no tramitación efectiva de estas ayudas puede conducir a la desaparición de cerca de 60 empresas y a un retroceso en el empleo, lo que choca con las previsiones del Gobierno, que cifra en 60.436 personas el número de profesionales dedicados a la ciberseguridad que precisa el país para alcanzar el nivel óptimo. Son cálculos que explicitó Elena de la Calle, consejera técnica en el área de Ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Presidencia del Gobierno, en octubre del pasado año. Es un sector donde trabajan 153.000 personas en este momento, aunque necesita un 57% más.