El presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, no puede más y ha echado un órdago en toda regla al Gobierno. La situación de la compañía tecnológica es insostenible y su máximo responsable le ha pedido a la SEPI, principal accionista con un 20%, que le deje gestionar la compañía con criterios estrictamente de empresa privada y no pública.
El problema es que el Gobierno no tiene ninguna intención de dejar a Abril-Martorell el terreno de juego despejado y quiere seguir tutelando una de las compañías más estratégicas en el campo de las tecnologías y la seguridad.
Ya lo intentó el veterano ejecutivo cuando planteó en plena primera fase de la pandemia un ERTE que la SEPI paró de raíz. Ahora, con los números en la mano, considera indispensable poner encima de la mesa un plan de bajas totalmente abierto que reduzca notablemente la plantilla de Indra y la adecúe a las necesidades de mercado y, sobre todo, de sus competidores.
Abril-Martorell reclama urgentemente vía libre para establecer ese modelo de gestión estrictamente de compañía privada que le permita competir de tú a tú con el resto de los agentes del sector, tanto en España como en el resto de los países donde la empresa tiene presencia.
Dispuesto a poner su cargo a disposición de los accionistas
Es tal la voluntad del directivo madrileño que está dispuesto a poner su cargo a disposición de los accionistas si no le dejan sacar adelante el nuevo plan estratégico que el comité ejecutivo de la compañía lleva diseñando los últimos meses.
En juego está, como él mismo se encarga de decir a quienes quieren escucharle, la propia supervivencia de Indra, una empresa que se mantiene como única española entre las 100 mayores empresas de defensa del mundo y de las 25 más importantes de Europa, según el ranking elaborado por la publicación especializada Defense News.