El pasado 14 de diciembre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó el Borrador de Anteproyecto de Ley sobre Seguridad en Redes 5G. Se trata de una iniciativa que viene a normalizar el futuro despliegue y seguridad de los datos e información que fluirá a través de las redes 5G en España. Para muchos el documento más esperado para clarificar la situación del sector en relación con la próxima generación de redes y, sobre todo, al papel que se le va dejar tener a la compañía Huawei en nuestro país tras la presión norteamericana por todo el mundo y que no sabemos si se mantendrá con el nuevo ejecutivo norteamericano.
Desde Escudo Digital analizamos dicho borrador y las luces y sombras de este en relación con cuál va a ser la situación del gigante chino de las telecomunicaciones en España.
A nadie se le escapa la oportunidad de la ley para regular la seguridad de redes y servicios 5G, ya que la ciberseguridad es fundamental y un eje clave sobre el que debe vertebrarse la colaboración público-privada para garantizar las infraestructuras de telecomunicaciones y tecnología. No tenemos ninguna duda que Huawei comparte esos mismos objetivos y apuesta por desarrollar un entorno confiable para el desarrollo de redes y servicios 5G frente a los riesgos que más afectan derivados de conectividad masiva y dependencia de un número limitado de proveedores.
En cuanto a las evaluaciones basadas en criterios puramente técnicos, las medidas a adoptar deberían ser precisamente con carácter técnico y preferiblemente con un equilibrio entre el impacto económico y la seguridad. Cualesquiera otros objetivos, ya sea medidas proteccionistas o cuestiones geopolíticas entre Estados, no debieran ser objeto de esta propuesta.
Hablando de la definición de proveedores de riesgo, varias consideraciones importantes:
1.- En el siglo XXI y en un mundo globalizado, las cadenas de suministro son totalmente globales. El país de origen de una compañía es indiferente, teniendo en cuenta la cantidad de potenciales países de transferencia y/o paso de los componentes y/o servicios involucrados en el suministro de infraestructuras de telecomunicaciones.
2.- Los operadores debieran disponer de una seguridad jurídica absoluta que les permita tener certidumbre de cara a sus estrategias de negocio y poder elegir libremente a los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones.
3.- La Administración Pública debería asegurar plenas condiciones de competencia, sin incurrir en potenciales limitaciones al derecho de Libertad de Empresa recogido en el Art. 38 de la Constitución española.
Sobre el impacto de la restricción a potenciales proveedores, un informe de la consultora Oxford Economics pone de relieve el impacto que tendría la restricción a la libre competencia de suministradores de equipamiento 5G en Europa. En lo referente a España, supondría un aumento del coste del despliegue de la red 5G hasta los 292 millones de euros al año durante la próxima década (19% de los costes de referencia) en un escenario de coste medio. También habría una reducción significativa del crecimiento económico en nuestro país durante los próximos 15 años con una reducción en el PIB en 2035 en 3.7 mil millones de euros.
Otros efectos negativos serían el aumento de entre 141 millones de euros (9%) y 442 millones (29%) en los costes anuales en inversión en los próximos 10 años, un menor crecimiento económico debido a retrasos en el lanzamiento del 5G y la ralentización del crecimiento tecnológico que vendría asociado a éste reduciría el PIB entre 1.2 mil millones de euros y 8.1 mil millones en 2035. Eso sin contar que podría afectar seriamente a la atracción y retención de inversión extranjera en el marco del ecosistema de la tecnología 5G en España.
Así mismo, la restricción del libre mercado de suministradores choca con la apuesta por la innovación tan necesaria en España y en concreto con un despliegue de tecnología 5G que es clave para el desarrollo de la economía digital del país y la recuperación de muchos sectores verticales de la industria. En tanto más y mejores propuestas tecnológicas existan, más serán las posibilidades de Innovación en el despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones de próxima generación. Por tanto, cualquier restricción afectará a la capacidad de Innovación del país, además de a la libre competencia.
Huawei es un agente necesario e imprescindible en el mundo de la tecnología y más en nuestro país. Sería un grave error que no nos podemos permitir en los tiempos de crisis que vivimos, limitar la competencia del líder mundial en tecnología 5G que a lo largo de los más de 20 años que lleva en España ha demostrado su clara vocación y su apuesta decida como uno de los grandes impulsores de la economía digital española y de la industria de las telecomunicaciones.