Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada (ASTSP), explica la falta de renovación generacional en el sector, fruto de las precarias condiciones laborales. Las continuas agresiones y la falta de protección jurídica por no ser considerados agentes de la autoridad también están en el centro de sus reivindicaciones. Alternativa Sindical nació en 2001 en el ámbito exclusivo del sector de la seguridad privada con un marchamo combativo. En la actualidad tiene implantación en toda España y cuenta con más de 9.000 afiliados a nivel estatal y con más de 250 delegados.
PREGUNTA. ¿Qué opinión tiene Alternativa Sindical de las políticas de contratación de las Administraciones Públicas?
RESPUESTA. En términos macroeconómicos y con datos de los ejercicios de los dos últimos años, la procedencia del negocio de las Administraciones públicas ocupa un porcentaje importante a nivel de facturación en el sector de la seguridad privada. Así, cerca del 52% proviene de empresas públicas; la Administración General del Estado aporta cerca del 17%, mientras que la Administración autonómica ronda el 20%.
El modelo de contratación pública en el sector de la seguridad privada lesiona gravemente los intereses de los trabajadores, básicamente porque el criterio generalizado de adjudicación definitiva es el de la oferta económica más ventajosa y el otro factor, el importe de licitación de los contratos públicos. Así las cosas, los importes de licitación de los contratos públicos no se ajustan al valor de mercado ni a los costes salariales mínimos establecidos en el convenio colectivo estatal del sector.
P. ¿Cómo repercuten las licitaciones a la baja en los vigilantes de seguridad?
R. Las licitaciones a la baja no generan el beneficio necesario y, por ende, son poco atractivas e interesantes para las grandes empresas del sector. Esto genera que las compañías licitadoras sean bastante menos serias, incluso piratas, pues incumplen el convenio colectivo estatal del sector, carecen de una buena salud financiera y obvian las obligaciones tributarias y de seguridad social que, a la postre, impactan directamente en los trabajadores. Nos encontrarnos entonces con atrasos e impagos de salarios que tienen que ser reclamados a través de la jurisdicción social o, en su defecto, pagados mediante dinero público a través del Fondo de Garantía Salarial por terminar en un concurso voluntario de acreedores.
P. ¿Cómo se articula la colaboración entre la seguridad pública y la privada?
R. La seguridad privada en España es parte indispensable para la protección de la sociedad y la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos. No en vano, es una de las claves por las que se redactó la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada. Es indiscutible que la seguridad pública no puede atender todas las necesidades. Entendemos que deben centrarse en desafíos y amenazas más importantes que afectan al conjunto de la sociedad como pueda ser el terrorismo, ciberdelincuencia, crimen organizado…
Los vigilantes de seguridad asumimos tareas de responsabilidad, como la protección de los centros penitenciarios, aeropuertos, redes de metro, ferrocarriles, centrales nucleares, centros de internamiento de menores, centros de refugiados, protección de edificios oficiales o grandes eventos deportivos. Y en todos estos trabajos colaboramos codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ya sea Policía Nacional, Guardia Civil o Policías locales y autonómicas.
Aunque, a nuestro entender, queda coja la protección jurídica de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de los vigilantes de seguridad. Así, el artículo 31 de la Ley 5/2014 solo confiere esa protección jurídica cuando desarrollen actividades de seguridad privada debidamente identificados y en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Deberían disponer de esa protección de forma indefinida en la prestación diaria de cualquier servicio de seguridad privada, porque esta carencia propicia que las agresiones a los vigilantes de seguridad queden impunes en la mayoría de los casos.
"Agredir a un vigilante de seguridad sale barato"
P. ¿Cuáles son las necesidades urgentes en materia laboral?
R. Sin lugar a duda, debe comenzarse por la firma de un convenio colectivo que mejore sustancialmente las condiciones salariales y sociales del personal. El actual convenio colectivo estatal, firmado en negociación colectiva entre los sindicatos UGT, CCOO y USO, tan solo beneficia a las patronales del sector, APROSER y ASECOPS, en clara connivencia con esos sindicatos. Y condena a los más de 90.000 trabajadores en activo, durante los cuatro años de vigencia del actual convenio, a una subida del 6% para el año 2023 (con una inflación del 9,3%), un 4% en 2024, 3% en 2025 y 3% en 2026. Se añadió una cláusula de revisión salarial ligada al IPC establecida en un 2% siempre y cuando el IPC alcanzase el 18%, cuestión esta impensable.
En la actualidad, el salario mensual de un vigilante de seguridad está establecido en 1.353 euros brutos. Al restarle el IRPF viene a quedarse una cantidad neta de alrededor de 1.200 euros al mes. Esta nómina obliga, sí o sí, a realizar horas extraordinarias para poder mantener una cierta estabilidad en la economía familiar. En cuanto a beneficios sociales, es un sector bastante perjudicado, porque disfrutamos de escasas licencias retribuidas, muy concretas y de tan solo un único día de asuntos propios al año, que además no se cobra. Aparte de subir el salario base, hay que mejorar permisos retribuidos, conciliación familiar, respetar los descansos entre jornadas, desconexión digital, distribución equitativa en los turnos de trabajo…
P. ¿Cómo se pueden evitar las agresiones a los vigilantes de seguridad?
R. Lamentablemente son cada vez más frecuentes. Existen dos tipos de agresiones: las psicológicas y las físicas. Las físicas son las más habituales que sufren los vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones, con resultados muy graves que tienen que derivar en atención sanitaria, incluso hospitalización. Las psicológicas y verbales desgraciadamente también resultan demasiado habituales. En este caso se trata de insultos, amenazas, intimidación y otro tipo de vejaciones con el objetivo de amedrentar. La situación de indefensión legal y jurídica en la que se encuentran los vigilantes de seguridad es uno de los motivos fundamentales por los que se producen este tipo de acciones. Dicho de otro modo, agredir a un vigilante de seguridad sale barato. Así, el porcentaje más elevado de agresiones producidas a vigilantes de seguridad se centran en las redes de metro, estaciones y redes de ferrocarril, hospitales, centros de internamiento de menores y ocio nocturno. Aunque no quiere decir que sean en los únicos lugares, pero sí los más frecuentes.
"Las Administraciones fomentan la contratación de empresas piratas en el sector"
P. ¿Cuál es el futuro del sector?
R. Se trata de una profesión denostada con un salario insuficiente para la responsabilidad que desempeñan los vigilantes. Por eso no resulta atractiva para futuros trabajadores y carece de relevo generacional. La media de edad del sector es elevada. Un salario bajo, jornadas de trabajo extensas, escasas opciones para poder conciliar la vida familiar son el caldo de cultivo perfecto para que esta dignísima profesión no sea del agrado de futuros aspirantes. En los últimos años, muchos trabajadores han obtenido la habilitación como vigilante de seguridad tras realizar la formación pertinente en los centros autorizados por el Ministerio del Interior. Tras acceder a un puesto de trabajo y comprobar la precariedad salarial teniendo que trabajar fines de semana, festivos… han buscado otras salidas profesionales.
La culpa de esta situación es de los sindicatos UGT, CCOO y USO, con representación en la mesa negociadora, que han firmado los convenios colectivos junto a las asociaciones empresariales. En los últimos años, han llegado a acuerdos que han lesionado sustancialmente el poder adquisitivo de los trabajadores, como la eliminación del plus transporte y el plus vestuario en el devengo de las pagas extraordinarias. Esto supone una pérdida en torno a los 400 euros anuales.
P. ¿Reciben suficiente formación los vigilantes de seguridad para desempeñar sus funciones?
R. La profesión es cada vez más exigente dado que las incidencias y los métodos de delincuencia evolucionan al ritmo que cambia la sociedad. La formación permanente de los vigilantes de seguridad viene establecida en el artículo 57.1 del Reglamento de Seguridad Privada. También está regulada en los artículos 7, 8 y 9 de la Orden del Ministerio del Interior 318/2011 de personal de seguridad privada. Consta de una formación de actualización anual de carácter obligatorio para todos los vigilantes de seguridad de, al menos, 20 horas lectivas, que las empresas de seguridad están obligadas a dar.
Debe ser impartida exclusivamente por centros de formación acreditados por el Ministerio de Interior, con una duración mínima de 10 horas en modalidad de formación presencial. Afecta a profesionales de actividades o servicios de transporte de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, puertos, aeropuertos, eventos deportivos, hospitales, centros comerciales, servicios con perros y en los que se utilicen aparatos de rayos X. Recientemente, se ha aprobado el decreto de Formación Profesional para la seguridad privada, que supondrá el ingreso de personal con bastante formación. Esperemos que contribuya a un mayor reconocimiento social.
P. ¿Se puede acabar con la contratación de empresas piratas?
R. Terminar con las empresas piratas del sector (lamentablemente aún existen muchas) debe ser tarea de todos: sindicatos, patronales y clientes. El aumento de volumen de negocio de este tipo de actividad tiene que ver con las licitaciones públicas. Las Administraciones licitan los concursos públicos por debajo de los costes salariales establecidos en el convenio colectivo del sector, lo que produce que las empresas punteras no concurran. Esto atrae a empresas que no cumplen el convenio colectivo ni abonan los salarios en tiempo y forma, y que tampoco están al corriente de pago de las obligaciones tributarias ni con la seguridad social. Así se arrastra al vigilante de seguridad a una mayor precariedad laboral y salarial.
Es una vergüenza que los tribunales y mesas de contratación no examinen detenidamente la documentación de las empresas licitadoras. Y si lo hacen, miran para otro lado. Porque el único criterio de las Administraciones para la adjudicación definitiva de concursos de vigilancia y seguridad es siempre la oferta económica más ventajosa. Entonces son esas mismas Administraciones las que fomentan la contratación de empresas piratas en el sector. También ocurre en la empresa privada, pero en menor medida.