El próximo día 10 de enero en Caracas se celebrará la toma presidencial del nuevo presidente de Venezuela, para la cual Nicolás Maduro, en flagrante golpe estado, ha preparado todas las medidas para marcar la senda de la continuidad por otros 25 años o, si por él fuera posible, para la eternidad. No obstante, en esta ocasión el “poder chavista” no las tiene todas consigo y el ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, parece convencido de regresar a Caracas tras su gira por distintos países con gobiernos afines para la toma de un poder que constitucional y legalmente le correspondería a él.
La fiscalía general de la República, subordinada al chavismo, acusa a Edmundo González de conspiración, usurpación de funciones, forjamiento de documento público, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, legitimación de capitales, asociación para delinquir y otros falsos delitos. Recordemos que estos falsos delitos se archivaban en el vergonzoso chantaje y amenazas a las que fue sometido González Urrutia por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano en la residencia y con la colaboración de embajador español en Caracas. Algún día nos enteraremos de qué vínculos tiene este gobierno con Maduro para amparar un golpe de estado.
A raíz de esa acusación, el chavismo (Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, PNBV) ha publicado una orden de arresto contra el opositor Edmundo González y ha informado de que dará una recompensa de casi 100.000 dólares (97.500 dólares) a quien ofrezca información sobre su paradero. Inicialmente era de 500.000 dólares.
Recompensa por recompensa, cabe recordar que Estados Unidos mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares por la captura del dictador Nicolás Maduro. Más aún, legisladores demócratas y republicanos (partido de Donald Trump) buscan ampliar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del actual presidente de Venezuela.
La iniciativa se denomina Ley para Asegurar Oportunidades de Pago y Maximizar Recompensas por la Detención de funcionarios de Regímenes Ilegítimos (también conocida como "Ley STOP MADURO").
"El régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta el narco-terrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad", ha afirmado en un comunicado el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, republicano por Florida.
En agosto de 2024, Maduro se refirió a Elon Musk como su "nuevo archienemigo" y acusó al empresario de tratar de influir en la política venezolana mediante ataques en redes sociales y posibles planes de invasión, denunciando ofertas -no detalladas- en la dark web, de cantidades superiores a los 250.000.000 millones para su ejecución.