Centroamérica es una de las regiones con mayor índice de criminalidad mundial por el auge del crimen organizado en todas sus modalidades: narcotráfico, tráfico de armas y de trata y tráfico de seres humanos. El mercado criminal de la cocaína es el de mayor crecimiento en todo el continente americano y a nivel mundial. Respecto al tráfico de armas, Centroamérica es la principal vía para el flujo de armas porque México presenta un mercado bien consolidado y utiliza esa región para su tráfico ilegal. La trata de personas está impulsada por los conflictos que se viven en algunos países de ese hemisferio y las difíciles condiciones socioeconómicas que padecen.
Son evidentes por tanto los riesgos derivados de las situaciones de inestabilidad sociopolítica en la zona, así como por la fuerte implantación y capacidad de desestabilización del crimen organizado de carácter transnacional implantado en la región centroamericana. Además, en las poblaciones de estos países predomina una sensación de miedo y de inseguridad que altera su vida cotidiana por el aumento de la violencia y por la frecuencia de los delitos que padecen, sin que sus gobernantes palíen esa desprotección que sienten y que refleja una situación de debilidad institucional para luchar con eficacia y contundencia frente al crimen organizado.
Otra nota común que caracteriza a estos países son los altos índices de corrupción que anidan en sus gobiernos y que evidencian en muchas ocasiones los estrechos vínculos entre política y narcotráfico, con unas instituciones del Estado muy penetradas por el crimen organizado y que viene a añadir otro elemento más a la descomposición que sufren, debilitando el estado de derecho, perjudicando el crecimiento económico y reduciendo la capacidad de los gobiernos para asegurar de manera eficaz las necesidades más básicas de sus ciudadanos.
En Honduras el azote de la corrupción está instalado en las más altas instituciones del Estado como demuestra que el expresidente hondureño durante dos legislaturas (2014-2022) Orlando Hernández fuera extraditado a Estados Unidos pocos meses después de dejar el cargo acusado de facilitar el envío de más de 500 toneladas de cocaína a ese país y de crear un narcoestado durante el ejercicio de su cargo a cambio de recibir millones de dólares de los cárteles, siendo condenado el pasado mes de marzo por un tribunal de Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico.
Su sucesora en el cargo, Xiomara Castro, decidió el pasado mes de agosto dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos argumentando que puede ser utilizado como arma política contra altos funcionarios del Gobierno, y que en realidad lo que pretende es obstaculizar la lucha contra el narcotráfico y proteger a su entorno familiar más cercano tras la divulgación en los medios de comunicación de un video de hace unos años que muestra a narcotraficantes hondureños proponiendo sobornos a un cuñado de la actual presidenta.
Esta deriva de la máxima mandataria hondureña evidencia que la corrupción sigue instalada en la cúspide del poder y ha provocado el malestar y hartazgo de la sociedad hondureña por la descomposición de las estructuras del Estado. Esta situación ha provocado multitudinarias manifestaciones de descontento y exigencia para que la Comisión Internacional de Anticorrupción en Honduras, que cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos y un memorándum con Naciones Unidas que tiene que desarrollarse para definir su mandato y cometidos, pueda realmente ponerse en funcionamiento.
A este escenario de corrupción sistémica hay que unir un grave clima de inseguridad generado por grupos pandilleros con actividades vinculadas al narcotráfico y a la delincuencia con un gran número de víctimas y que motiva que miles de hondureños hayan abandonado el país.
La situación en Nicaragua está dominada por el dictador Daniel Ortega, que ejerce una represión brutal violando sistemáticamente los derechos y libertades de los ciudadanos nicaragüenses para que no puedan expresar en libertad su ideología y ejerzan sus derechos fundamentales.
Para ello utiliza los recursos del Estado puestos a su disposición para el cumplimiento de sus criminales objetivos. Las fuerzas de seguridad pueden tener acceso a la información de los dispositivos móviles e informáticos de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial que los autorice, e incluso pueden incautarse de cuentas bancarias y suspender transacciones financieras sin que las personas afectadas sean informadas. Para dar una apariencia de legalidad a estas actividades que viene realizando desde hace años, el pasado mes de septiembre se aprobó en la Asamblea Nacional una reforma del Código Penal para legalizar lo que ya se venía practicando de facto. La realidad del país está tan deteriorada que harán falta muchos años para establecer una situación que esté regida por el imperio de la ley.
Para intentar frenar estos desmanes el Grupo de Expertos de la ONU en derechos humanos viene advirtiendo que desde 2018 se están produciendo graves violaciones y abusos contra la población y piden enjuiciar al dictador Ortega, su vicepresidenta Murillo y otros altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad. La presión sostenida en el tiempo que viene ejerciendo Estados Unidos propició que el pasado mes de septiembre la dictadura nicaragüense excarcelara a 135 presos políticos enviándolos a Guatemala, que ya tuvo el precedente de febrero de 2023 cuando liberó a más de 200 presos y a comienzos de este año cuando expulsó al obispo de Matagalpa junto a otros 18 religiosos.
Costa Rica, que era considerada hasta hace pocos años la “Suiza centroamericana” por su tranquilidad y aliciente para las inversiones o el turismo, es actualmente el país centroamericano donde más droga se trafica al ser un corredor utilizado por los grupos criminales para enviar la mercancía a Estados Unidos y Europa, y es el quinto país de Latinoamérica con más incautaciones de cocaína, siendo además el año pasado el más violento de la historia costarricense con más de 900 homicidios atribuidos en su mayoría a ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes.
En este contexto hay que situar el enfrentamiento entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa por la decisión de esta última de abrir el pasado mes de octubre una investigación por presuntos nexos del Ejecutivo con el narcotráfico, basándose en denuncias de miembros de las fuerzas policiales antidrogas advirtiendo de un debilitamiento en las operaciones antinarcóticas como acredita el descenso en decomisos de cocaína durante este año, a lo que hay que sumar que no hayan aumentado las plantillas policiales y las inversiones para luchar contra la delincuencia organizada.
A este clima de enfrentamiento hay que sumar los choques del Ejecutivo con el Poder Judicial por investigaciones que está realizando por presuntos casos de corrupción en el Gobierno, y las declaraciones del fiscal general rechazando las acusaciones del presidente Chaves de estar actuando con abuso de poder y poniendo en cuestión la actuación del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
Debido a su situación geográfica limítrofe con dos océanos, Panamá se ha convertido en un centro logístico de primer orden para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa siendo un enlace para el crimen organizado transnacional, que ha logrado establecerse y consolidarse a través de sus poderosas organizaciones criminales como el “Clan del Golfo” colombiano, que ha penetrado en las pandillas locales que además tienen violentos enfrentamientos entre ellas para el control territorial en el tráfico de drogas, y que ha motivado que el Gobierno panameño haya impuesto toques de queda en algunas zonas en un intento de controlar la escalada de violencia existente.
Otro problema es la corrupción en el sector público, como demuestra que dos expresidentes, Varela y Martinelli, serán juzgados el próximo año si no hay más argucias legales que retrasen la vista como hasta ahora, por recibir presuntamente sobornos y que en el caso de Martinelli dos de sus hijos fueron condenados en Estados Unidos en 2022 por recibir 28 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó importantes infraestructuras en Panamá durante el mandato de su padre.
El anterior presidente Giammattei tres días después de dejar su cargo en Guatemala a principios de año fue sancionado por Estados Unidos acusado de corrupción prohibiéndole la entrada en su país y a sus tres hijos, como a casi 400 guatemaltecos en los últimos tres años incluidos altos funcionarios por participar en actividades corruptas. Su sucesor en la presidencia, Arévalo, ganó las elecciones gracias a la intensa campaña anticorrupción, que fue su principal bandera en sus discursos comprometiéndose a limpiar las instituciones gubernamentales de la corrupción que ha prevalecido en el país las últimas tres décadas.
En este contexto se debe destacar que en los cinco primeros meses de su Gobierno ha destituido a dos ministras (Comunicaciones y Medio Ambiente) por irregularidades en sus procedimientos de actuación, creando también la Comisión Nacional Contra la Corrupción cumpliendo una de sus principales promesas en la campaña electoral.
En este panorama general descrito hay que exceptuar a El Salvador, que ha pasado de ser el país más inseguro de Centroamérica al más fiable, gracias a las drásticas medidas tomadas por el presidente Bukele desde que accedió al poder en junio de 2019, tras una campaña electoral basada en sus promesas de firmeza y mano dura para acabar con la violencia. Hoy, la tasa de homicidios en ese país es la más baja de toda Latinoamérica en 2023 y ha logrado reducir a la mínima expresión las actividades criminales de las temidas maras también conocidas como grupos pandilleros.
Para ello implementó primero un Plan de Control Territorial como estrategia encaminada al dominio y recuperación de amplias zonas donde operaban con total impunidad las maras. Estas organizaciones se implantaron en los años 90 tras la deportación masiva de miles de centroamericanos instalados en los barrios más deprimidos de Los Ángeles y California y que al volver a su país rápidamente se organizaron convirtiéndose con el paso del tiempo en violentos grupos criminales que tenían aterrorizada a la población con sus secuestros, asesinatos y extorsiones, dos de los cuales, la Mara Barrio 18 y la Salvatrucha eran de las más peligrosas y letales del mundo.
Con posterioridad, en marzo de 2022 declaró el régimen de excepción que actualmente sigue vigente y que se prorroga mensualmente, con el objetivo de endurecer las medidas en el combate contra las maras y que suspende algunos derechos fundamentales como la asistencia de abogado, la inviolabilidad de las comunicaciones y establece la ampliación de la detención hasta 15 días sin pasar a disposición judicial.
Estas medidas han sido contestadas por algunas organizaciones humanitarias por actuaciones contrarias a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, condiciones degradantes en las cárceles y torturas y malos tratos. Sin embargo, estas denuncias han tenido un escaso eco en la sociedad como atestigua que en las últimas elecciones celebradas el pasado mes de febrero Bukele consiguió renovar su mandato con el 85% del respaldo popular, lo que evidencia palmariamente el sentir mayoritario del pueblo salvadoreño y su hartazgo por la violencia que han sufrido a mano de los grupos pandilleros durante muchos años.
Transcurridos un poco más de dos años desde las medidas de excepción adoptadas, la presencia de estas maras es mínima en los territorios donde antes campaban a sus anchas y cerca de 81.500 pandilleros han sido detenidos y se encuentran muchos de ellos en la megacárcel inaugurada en 2023 para internarles y con capacidad para 40.000 reos.
La presencia de los grupos pandilleros ya es mínima y los salvadoreños en gran medida han dejado de sufrir las extorsiones y violencia que venían padeciendo, declarando el presidente Bukele el pasado mes de septiembre que este sistema de excepción podría finalizar próximamente.
Otro eje de su política es la lucha contra la corrupción, teniendo en consideración que los últimos cuatro presidentes que ha tenido el país y que se encuentran presos o fugados por este motivo. En esta línea, el pasado mes de abril el Comisionado Presidencial de Proyectos fue detenido por exigir dinero a empresas por su participación en proyectos estratégicos del Gobierno, y ya hay sancionados varios altos cargos de la administración entre los que están el ministro de Trabajo y el viceministro de Justicia y Seguridad Pública por posibles actos de corrupción.
El fenómeno que representa Bukele trasciende a su propio país. Así, el presidente salvadoreño ya es el líder latinoamericano más valorado en ese continente. Su consolidación en el poder, basado en su enorme popularidad y los resultados alcanzados en su cruzada contra las maras, le diferencia del político tradicional en la región y le identifica como un líder capaz de resolver la violencia que atenazaba su país. Esta gran popularidad le ha permitido volver a presentarse a la reelección, cuando por mandato constitucional no era posible, al obtener del Parlamento una licencia durante seis meses en que fue relevado del cargo para poder presentarse a la campaña de las elecciones presidenciales. Las críticas que ha recibido de algunos medios de comunicación internacionales, especialmente españoles, por las presuntas violaciones de derechos humanos y las denuncias de algunas ONG han sido respondidas con contundencia expresando que el abrumador apoyo de la ciudadanía es el mejor ejemplo de democracia y respaldo a las políticas de seguridad implementadas, demostrando que afrontar la violencia criminal con medidas contundentes da tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, reportando además buenos réditos políticos a sus impulsores.
La situación de violencia y criminalidad en la región centroamericana deben ser abordadas de manera integral para hacer frente al desafío que representa la delincuencia organizada transnacional que no conoce fronteras y opera en cualquiera de sus países. Para el fortalecimiento de la cooperación es imprescindible reforzar las redes destinadas a una colaboración regional más eficaz, facilitando la coordinación y el intercambio de información operativa y estratégica entre las agencias y organizaciones de seguridad de la región para ofrecer una respuesta conjunta en el combate contra el crimen organizado. Los países centroamericanos están integrados en Ameripol, que es un organismo de cooperación policial integrado por 35 cuerpos de policía de Latinoamérica con el objetivo de promover y potenciar el intercambio de información para luchar contra las amenazas a la seguridad de la región, y desempeña en América un papel similar al de Europol en nuestro continente en su lucha contra el crimen organizado.
En este contexto, la iniciativa desarrollada por Guatemala, El Salvador y Honduras, con la firma el pasado mes de junio de un convenio de cooperación biométrica que prioriza el intercambio de información para la inmediata consulta de las huellas dactilares almacenadas en las bases de datos, permitirá la identificación de individuos requeridos por la justicia o con antecedentes en cualquiera de esos países, facilitando también el desarrollo de operaciones conjuntas para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y el tráfico de personas y otros delitos transnacionales que afecten a estos países.
Es también necesario para hacer frente a la creciente globalización de la delincuencia impulsar una revisión del marco legislativo regional existente en temas fundamentales como corrupción, blanqueo de capitales y cibercrimen entre otros, mediante la armonización legislativa.
Para finalizar, y con la excepción salvadoreña y sin tener en consideración a Nicaragua por tratarse de una dictadura, es imprescindible en el resto de los países analizados ampliar las atribuciones de las fuerzas policiales dotándoles de mayores medios y recursos, y ofrecerles mayor respaldo en sus actuaciones frente a la delincuencia.