Apenas año y medio después de las últimas elecciones forzadas por la disolución del Parlamento tras la dimisión del expresidente Lasso, los comicios del pasado 9 de febrero testimonian la polarización que existe en Ecuador y que hasta este mes de abril en que se celebre la segunda vuelta no se conocerá al próximo presidente: Noboa, que ganó inesperadamente en 2023, o Luisa González, la candidata correísta que ya se enfrentó a Noboa ese año y que perdió por un poco más de tres puntos.
En menos de una década, Ecuador ha pasado de ser considerado uno de los países más seguros de la región y con fuerte atracción turística a ser uno de los más peligrosos del mundo al convertirse en el epicentro del narcotráfico por encontrarse entre los dos países mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Se ha intensificado además la violencia relacionada con este fenómeno, con especial incidencia en la fachada costera del país, donde están ubicados los principales puertos marítimos internacionales que son utilizados por las organizaciones criminales como auténticos corredores del tráfico de drogas a otros continentes, destacando los puertos de Guayaquil y Lanza, que son rampas de lanzamiento de la droga hacia Europa y Estados Unidos preferentemente.
Espiral de violencia en Ecuador
Durante estos años, el país andino está padeciendo una auténtica espiral de violencia en la que los sucesivos Gobiernos hasta la llegada de Noboa no han sido capaces de enfrentarse con contundencia a los grupos de crimen organizado empleando todos los medios legales disponibles. La infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado se encuentra a todos los niveles, incluso en la judicatura, donde magistrados mantienen relaciones de connivencia con líderes de organizaciones criminales como así se ha puesto de manifiesto con el denominado “caso fachada”, que salió a la luz pública el pasado mes de enero y por el que jueces anticorrupción pretendían sacar de prisión a los hijos del líder del Comando de la Frontera, que es la principal organización criminal dedicada al narcotráfico en la frontera entre el territorio ecuatoriano y colombiano. El fortalecimiento del sistema judicial representa además uno de los factores clave en la lucha contra el crimen organizado, y se han implementado el pasado año protocolos de seguridad para proteger a jueces y fiscales, y mecanismos de selección transparente para garantizar la necesaria independencia judicial.
Otro aspecto que pone de manifiesto el fracaso en la lucha contra el crimen organizado viene contextualizado en el ámbito penitenciario, donde los grupos criminales han venido actuando con completa impunidad con acceso incluso a armas de fuego y con teléfonos móviles para dirigir y planificar sus actividades de narcotráfico, repartiéndose además los módulos carcelarios en función de la organización criminal a la que pertenecen.
Se producen violentos enfrentamientos entre diferentes bandas presidiarias. En la cárcel más peligrosa del país, la del Litoral en Guayaquil, han sido asesinados más de 300 presos desde 2021. A pesar de que desde enero de 2024 las cárceles están bajo el control de los militares, que han sustituido a los funcionarios de este servicio por el alto nivel de corrupción que habían alcanzado, los motines siguen teniendo lugar, como el sucedido en noviembre pasado en esa prisión, donde murieron 15 presos por las disputas sangrientas entre las bandas.
A este panorama sucintamente descrito, hay que añadir que las organizaciones criminales cada vez son más violentas y buscan generar terror en la población, extorsionando a todos los sectores productivos, desde modestos comercios a taxistas, provocando que parte de la sociedad se involucre con estos grupos criminales debido a las presiones que reciben y el temor que les producen las redes de información que advierten a las bandas criminales sobre las actividades y el despliegue de efectivos de seguridad en la zona, dificultando sus operaciones de vigilancia y erradicación de las actividades del narcotráfico.
Junto a este escenario marcado por la violencia, hay que sumar un entorno económico muy complicado con una deuda pública de más de 5.000 millones de dólares, que puso en riesgo hasta las retribuciones de los funcionarios. Se logró salvar la dolarización de su moneda al conseguir financiación internacional por más de 5.200 millones, y así bajó además el riesgo país y se incrementó la reserva monetaria.
Los datos macroeconómicos se completan con la vida diaria de los ecuatorianos, que soportan unos niveles de pobreza y desempleo bastante elevados, con un salario mínimo que no llega a los 500 dólares, y que no es suficiente para cubrir la cesta básica que alcanza un promedio de 800 dólares.
Conviene destacar también la crisis energética, que obligó a realizar apagones de hasta 14 horas diarias durante cuatro meses y que ya está normalizándose. Vino provocada por la sequía más fuerte en los últimos 50 años y la falta de infraestructuras básicas en muchas zonas.
Aparte de estos problemas estructurales, hay que mencionar también otros sucesos durante el mandato de Noboa que han puesto en entredicho su ejercicio, como el asalto a la Embajada de México, que fue muy criticado en los organismos internacionales y que abrió una crisis con México. La acción se realizó para detener al exvicepresidente en época de Correa, Jorge Glas, que se encontraba residiendo en esa legación diplomática para evitar el cumplimiento de las dos condenas por corrupción que tiene impuestas y pendiente de recibir una tercera. Fue capturado por tratarse de un delincuente y no un perseguido político, declaró Noboa tras la iniciativa, que fue respaldada por la opinión pública.
Otros episodios fueron las discrepancias con su propia vicepresidenta, a la que suspendió de su cargo, y los cuatro adolescentes hallados muertos en Guayaquil tras ser presumiblemente torturados por militares que ya se encuentran en prisión.
Distinta política contra el crimen
Cuando Noboa asumió su responsabilidad presidencial en noviembre de 2023 Ecuador estaba sumida en una ola de violencia insoportable en una sociedad que demandaba otro tipo de políticas para enfrentarse al grave desafío que representan las bandas criminales y el narcotráfico, y que convierten al país en uno de los más violentos y peligrosos del mundo.
Ante esta situación límite, que vino precedida por la fuga de la cárcel del líder de Los Choneros, una de las organizaciones criminales más poderosas del narcotráfico, y el asalto de un canal de televisión en Guayaquil cuando estaba realizando un programa en directo como estrategia de difusión y propaganda del poder del crimen organizado, en enero de 2024 Noboa declaró el Estado de excepción con toques de queda en horario nocturno y suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Estas medidas se renuevan cada dos meses por decretos presidenciales, el último el pasado 2 de enero, en cuatro provincias y en el distrito metropolitano de Guayaquil, donde se concentran más del 80% de la violencia que sufre el país, y donde se focalizan los mayores esfuerzos para reducir los sucesos de extrema violencia. Las bandas criminales protagonizan secuestros extorsivos, asesinatos al estilo sicariato, atentados con artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos entre integrantes de las bandas criminales por hacerse con el control del tráfico de drogas.
Con carácter previo a la situación de excepcionalidad, Noboa aprobó la declaración de “conflicto armado interno”, calificando a los grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas y facultando a las Fuerzas Armadas a combatir contra dichas estructuras criminales que emplean un nivel de violencia con una intensidad que generan alarma social afectando al normal desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía.
Para hacer frente a estos graves desafíos a la seguridad, el Ejecutivo implementó el denominado Plan Fénix que, si bien nunca se ha publicitado ni explicado por representantes gubernamentales, se traduce básicamente en el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en materia de seguridad en las zonas más castigadas por la violencia criminal y en el control que ejercen los militares en las cárceles.
Transcurrido un año desde su aplicación, las cifras avalan las medidas adoptadas por el Gobierno de Noboa a pesar del repunte que se está observando en los últimos meses, que obedece básicamente al recrudecimiento de las disputas sangrientas entre las bandas criminales por dominar las rutas del narcotráfico y no perder posiciones. En 2024 la tasa de homicidios (6.964) por cada cien mil habitantes fue de 38,76, cifra menor a la de 2023, que cerró con una tasa de 46,18. Además, se incautaron 293 toneladas de droga (259 de cocaína) y se realizaron importantes operaciones antidroga en Europa en colaboración con la Policía Nacional ecuatoriana.
En abril del pasado año, el presidente Noboa convocó un referéndum para conocer el respaldo de la población a las medidas adoptadas para frenar la violencia que sufre el país. Las nueve preguntas relacionadas con la seguridad tuvieron un respaldo superior al 60% avalando así entre otras cuestiones planteadas el incremento de las penas para delitos ligados al crimen organizado y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia, en una militarización de la seguridad pública necesaria por el entorno de violencia que sacude el país.
No obtuvo apoyo a las dos preguntas no relacionadas con la seguridad (aceptación de arbitrajes internacionales y trabajo por horas), que fue la excusa empleada por el expresidente Correa para participar en el debate público acusando a Noboa de aspirante a dictador que se ha visto frenado en sus intenciones. Declaraciones que por otro lado realiza un prófugo de la justicia que ha sido condenado a ocho años por corrupción y que durante sus diez años de mandato sus políticas seguidas no frenaron el narcotráfico precisamente sino que incluso contribuyeron a su fortalecimiento, como la decisión que adoptó unilateralmente de desmantelar la base militar que tenía Estados Unidos en Manta para controlar el potente narcotráfico que había en esa zona sin reemplazarla por otra, causando un notable perjuicio en la lucha contra esta lacra.
El Gobierno sigue en dirección contraria a la estrategia correísta y ha propuesto una reforma parcial de la Constitución que permita nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras, porque su desmantelamiento supuso el primer pacto correísta con el crimen transnacional, como declaró.
Además, Ecuador en esta nueva etapa ha suscrito varios acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos encaminados a fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante el robustecimiento y capacitación de sus fuerzas de seguridad, la asistencia técnica y el equipamiento de sus instituciones y el intercambio de información estratégica y operativa. Ejemplo de ello es el convenio suscrito el pasado mes de septiembre por el que se implementan proyectos estratégicos en la lucha contra la criminalidad organizada con una financiación inicial de 25 millones de dólares.
Con la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas ha suscrito en 2024 un acuerdo para el establecimiento de un sistema de alerta temprana sobre drogas y la prevención y respuesta a las nuevas tendencias en este mercado criminal. Con España se mantiene una creciente y regular actividad en el ámbito de la capacitación de las Fuerzas de Seguridad ecuatorianas destacando formaciones en materia de investigación e inteligencia en crimen organizado y seguridad ciudadana fundamentalmente, unido a un permanente intercambio de inteligencia estratégica y operativa que ha dado lugar a desarticulaciones de grupos criminales utilizando además los canales internacionales de cooperación policial.
Modelo de Noboa frente al correísmo
La llegada de Noboa al poder tras vencer contra pronóstico en las elecciones de 2023 supuso un revulsivo contra la vieja política ecuatoriana, porque en apenas unos meses impulsó una serie de medidas para combatir un crimen organizado que devasta a la sociedad, sin que los Gobiernos anteriores hubieran sido capaces de articular iniciativas con ese propósito. Simboliza la imagen de alguien nuevo alejado de la rancia clase política de su país, distanciada de los verdaderos problemas de la ciudadanía, y encabeza una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y los políticos e integrantes del sistema institucional que los asisten.
En poco más de un año se puede afirmar que se ha consolidado como mano dura contra el narcotráfico y las bandas criminales, y ha conseguido gobernar con un Parlamento donde no tiene mayoría logrando pactar con diferentes fuerzas políticas para aprobar importantes proyectos, aunque tras el asalto a la legación mexicana la estabilidad parlamentaria que había logrado se ha desvanecido.
Enfrente tiene a un sector de la población que sigue apoyando a Rafael Correa que, a pesar de ser un prófugo de la justicia, cuenta con un respaldo de al menos una tercera parte de la sociedad. Correa sigue liderando un movimiento político con la intención de regresar a gobernar el país, manteniendo el discurso de generar confrontación social para alcanzar la supuesta reivindicación de los menos favorecidos, que es el lenguaje divisionista que empleó al alcanzar el poder por primera vez en 2006. Su candidata en las elecciones, Luisa González, se ha beneficiado de la nostalgia que despierta todavía Correa en la población, mantiene una extrema lealtad a su legado y no esconde que de ganar en la segunda vuelta electoral recuperará su figura.
La disputa por la presidencia del país en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 13 de abril se encuentra muy abierta entre los dos candidatos, que empataron con un 44% de votos cada uno con unas décimas de ventaja para Noboa. Entre los dos obtuvieron prácticamente el 90% de los sufragios y por primera vez un candidato de una tendencia contraria al correísmo ha obtenido más del 40% de los votos en medio de un contexto de crisis de violencia, importantes problemas económicos y sin contar con mayoría parlamentaria, logrando consolidar un proyecto político en poco más de un año.
Hay algunos factores que pueden decantar la balanza por Noboa o la candidata correísta en unas elecciones en que se luchará por cada sufragio. En primer lugar, será clave el voto del movimiento indigenista que obtuvo un 5% en la primera vuelta. Si se decanta mayoritariamente por Luisa González, como es previsible, (aunque parte de ese movimiento tuvo importantes diferencias en la etapa de Rafael Correa cuando gobernó), podría superar a Noboa. Este necesita para contrarrestar estos votos atraer a los indecisos azuzando el miedo a la izquierda y la vuelta de la política correísta y por ende de la vieja política, que liquidaría las iniciativas implementadas para combatir el crimen organizado y su grave y perniciosa influencia en la sociedad ecuatoriana.
Además no se puede descartar un más que posible incremento en los días previos a las elecciones del 13 de abril, como así ocurrió el pasado mes de enero cuando se celebró la primera vuelta, que fue uno de los más violentos en la historia. Es la forma que tienen los grupos criminales de hacerse presentes para seguir atemorizando a la población y no perder influencia, por lo que será imprescindible intensificar el control territorial con operativos policiales y militares en las zonas más afectadas por la violencia.
Conclusiones
El fortalecimiento del Estado de derecho y la capacitación y cualificación de los sectores judiciales y de seguridad son elementos fundamentales en una lucha más eficaz para evitar la ascendencia que el crimen organizado tiene en el país. Resulta también primordial incrementar la presencia del Estado con programas de acción social y desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades que soporta una parte importante de la población, con hincapié en las regiones costeras donde es evidente la fuerte presencia de las organizaciones criminales. Debe evitarse su influencia y disminuir el poder local que detentan.
El próximo mes conoceremos la dirección que quiere tomar la sociedad ecuatoriana entre los dos modelos que se le ofrecen, uno representado por una profundización de las iniciativas que están desarrollándose para intentar acabar con la violencia y la corrupción, y otro que anhela la vuelta a las viejas políticas y que supondría un claro retroceso en la lucha contra la violencia criminal que atenaza a la sociedad.