Cuando un Gobierno de un país desarrollado no es capaz de decretar adecuadamente una emergencia provocada por un desastre natural que afecta a casi medio millón de habitantes, con evidentes muestras de destrucción de infraestructuras y perdidas masivas de vidas humanas, es probablemente debido a un interés que ya a casi nadie se le escapa.
Cuando un Gobierno de un país desarrollado es incapaz de valorar de forma prospectiva las consecuencias que una DANA, en un área de más de 5.000 kilómetros cuadrados y donde históricamente se han producido catástrofes similares, es probablemente debido a un interés que a casi nadie se le escapa.
Cuando un Gobierno de un país desarrollado es sobrepasado por su población civil que de forma masiva acude al auxilio de sus conciudadanos ante la desesperante falta de ayuda oficial, es probablemente debido a un interés que ya a casi nadie se le escapa.
Cuando un Gobierno de un país desarrollado no es capaz de activar los recursos que el Estado dispone, en tiempo y forma para afrontar catástrofes naturales y que está regulado en la legislación de manera precisa, es probablemente debido a un interés que ya a casi nadie se le escapa.
Las situaciones descritas son sólo una pequeña muestra de lo que la catástrofe producida por la DANA ha supuesto para que España se presente ante sus ciudadanos como un Estado en crisis que muestra la absoluta incapacidad para proteger a su población en tiempo y forma oportunos. Un término, “crisis”, que definido por nuestra RAE tiene acepciones distintas, que confieren diferentes significados a la palabra, pero que todas ellas son aplicables al Estado, aunque sea en potencia, en la tragedia que nos ocupa.
Una crisis de Estado materializada en la torpeza de la aplicación de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que ha multiplicado la desdicha que ha asolado esta semana a nuestros compatriotas valencianos. Un Estado en crisis que queda en evidencia con el particularmente vergonzoso primer párrafo del preámbulo de la Ley, que literalmente “proclama” que “La vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que hace treinta años, por la influencia de las políticas públicas que se han aplicado desde entonces, basadas en esencia en un gran desarrollo de los sistemas de alerta, la planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención”.
Sobran las palabras para entender la lejanía entre el espíritu de esta Ley y la realidad que en su aplicación ha hecho el Estado en crisis y que ha provocado sin duda el título de este artículo. La sociedad española no entiende cómo el Estado se ha situado tan lejos de la realidad sin querer ver lo inevitable. Lo postulado en el reciente desarrollo de la Ley materializado en la Norma Básica de Protección Civil aprobada en junio del pasado año por Real Decreto 524/2023 ha brillado por su ausencia. La Administración ha sido incapaz de aplicar la coordinación de las actuaciones de los diferentes colectivos llamados a intervenir en la gestión de las emergencias y catástrofes, regulando las bases para la mejora de la coordinación y eficacia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas en la gestión del ciclo de las emergencias que regula la Norma. Una Norma en la que el primero de los diez riesgos que contempla su Catálogo de actuaciones es precisamente el de las inundaciones.
Con estos antecedentes, es difícil poder pensar que las Directrices Básicas de Planificación en materia de Protección Civil del Gobierno, que figuran como primer aspecto que aborda la Norma, hayan sido eficazmente implementadas. Estas Directrices, entendidas como los instrumentos para garantizar la homogeneidad y coherencia de la planificación de los riesgos en los que concurran planes de varias Administraciones Públicas y que son aprobadas por el Consejo de Ministros, son básicas para el desarrollo del todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Un Sistema que se apoya en unos Planes que abordan los esquemas de actuación para cada territorio o riesgo y que deben contener hasta el último detalle de los procedimientos a seguir en caso de declararse la emergencia.
Una emergencia que la Norma pondera en los famosos tres niveles (tres situaciones para ser más fieles con el literal redactado) y en la que el nivel 3 se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por la persona titular del Ministerio del Interior. Un nivel que el Gobierno se niega obstinadamente a asumir rehuyendo en consecuencia la aplicación en su totalidad del Plan Estatal General de Protección Civil que es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional.
Un Plan Estatal que es integral y por ende, enormemente más efectivo, y que contiene el marco orgánico-funcional, los mecanismos de movilización de capacidades y el esquema de coordinación y dirección de todas las Administraciones Públicas intervinientes en las emergencias de protección civil de interés nacional. Por su importancia este Plan supone la integración operativa del Sistema Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional.
Por qué la legislación no ha surtido efecto ante el desastre de la DANA
¿Pero por qué una legislación tan densa y actualizada en materia de Protección Civil que debe aplicar un Gobierno de un país desarrollado no ha surtido efecto ante un desastre que ha derivado en la calamitosa situación y la adversidad de la población civil provocada por la gota fría? La respuesta debemos buscarla probablemente en un interés que ya a casi nadie se le escapa por el que sin embargo el Gobierno ha conducido al Estado a una situación de crisis de inacción en tiempo y forma oportunos ante una situación de emergencia nacional.
Cierro estas líneas con la noticia de la decisión gubernamental de enviar 10.000 efectivos más de las FCSE y de las FAS a las zonas de la catástrofe. El anuncio, que se produce seis días después del comienzo de las inundaciones, coincide en el tiempo en el que a las puertas de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en Valencia se agolpan de madrugada miles de voluntarios para el auxilio a los damnificados. La Sociedad se moviliza por delante del Estado en el empleo de los recursos que precisamente la misma Sociedad pone en sus manos para mitigar este tipo de calamidades. Todo un augurio de la crisis. Una crisis que ha provocado, no lo olvidemos, más de 200 fallecidos hasta el momento y que ha registrado alrededor de 2.500 llamadas de familiares buscando a los desaparecidos.