Desde el pasado lunes 14 de marzo, España vive un paro indefinido en la actividad del transporte de mercancías por carretera, promovido por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. El detonante de la protesta ha sido el encarecimiento excepcional del combustible para camiones, con precios ya al alza desde hace meses, y ahora desbocados a causa del conflicto bélico en Ucrania. Las reivindicaciones atañen a varios aspectos para los que se aportan soluciones:
- Los excesivos costes: Prohibición de una retribución de los servicios de transporte por debajo de los costes de operación. No al pago por uso en carreteras.
- La competencia desleal: Limitación de los servicios de transporte dentro del territorio nacional a empresas con razón social extranjera, que muchas veces realizan servicios sin los controles oportunos. No a la liberalización total del sector.
- Condiciones laborales: Prohibición de tareas de carga/descarga por parte del conductor. Jubilación no posterior a los 60 años. Adecuación de áreas de servicio y zonas de espera, para dotarlas de mayor seguridad y comodidad.
- Representatividad: La Plataforma no reconoce como interlocutor de los pequeños y medianos transportistas ante la Administración al Comité Nacional del Transporte por Carretera, que considera compuesto por grandes empresas del sector con intereses opuestos a los de las pymes y autónomos.
Específicamente, son tres los puntos mínimos que precisarían de un acuerdo para que cesen las protestas: prohibición del transporte por debajo de costes de explotación, jubilación de conductores a los 60 años como máximo y establecimiento de un convenio colectivo estatal y único.
En la otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana solamente reconoce como interlocutor en las negociaciones al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), patronal en la que se incluyen diferentes asociaciones.
La más representativa de ellas es la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que no es partidaria de las movilizaciones y llama a la consideración de los acuerdos alcanzados en diciembre pasado, que integraban medidas ya implementadas parcialmente o en proceso de desarrollo, y que según CETM supondrían una mejora sustancial en las condiciones de pymes y autónomos. La agrupación convocante no pertenece a la patronal CNTC y el distanciamiento entre los dos organismos ha ido en aumento a lo largo de estas jornadas, lo cual hace prever un agravamiento de la situación.
La titular del ministerio del ramo no considera interlocutor válido a la Plataforma, y ha anunciado que algunas reivindicaciones son inasumibles por no cumplir la normativa europea, y que las peticiones alcanzables se analizarán con el CNTC. Para la ministra, las medidas de apoyo al sector se deben integrar en el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que se aprobará el próximo 29 de marzo.
El colectivo convocante exige medidas concretas y de carácter muy urgente, aduciendo que el sector del transporte no puede soportar durante dos semanas más el nivel de precios de los carburantes, que no cesa de ascender y para el que no se atisba un techo.
Muchas empresas y autónomos del transporte acumulan semanas, si no meses, de pérdidas debidas a este factor, al no poder trasladar a sus clientes a corto plazo el aumento en el precio del gasóleo y del gas.
Aunque el pasado viernes se desplegaron más de 20 000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el país para garantizar el reparto de bienes esenciales y controlar las eventuales situaciones conflictivas, ya se están detectando señales de escasez y desabastecimiento de algunos productos de alimentación perecederos, tales como lácteos, frutas y pescados.
Aparte de los problemas de suministro de materias primas y componentes para los distintos sectores de actividad industrial, el ciudadano de a pie se puede ver afectado por las dificultades en el funcionamiento de las cadenas de suministro y las plataformas logísticas no solamente asociadas a la alimentación y la bebida, sino a otros muchos productos, como por ejemplo los medicamentos que se dispensan en las farmacias.
Solamente en el sector de la alimentación se habrían producido ya unas pérdidas económicas de más de 600 millones de euros en la pasada semana, sin entrar a analizar otros tipos de perjuicios más difícilmente cuantificables y que afectan a la sociedad en su conjunto.
Puesto que la coyuntura actual no es muy halagüeña, sería deseable redoblar la actitud de diálogo por parte de los agentes involucrados para que se alcance una solución a corto plazo, preferiblemente imponiendo medidas como las de algunos países de nuestro entorno europeo (Francia, Irlanda, Polonia), que han tomado la iniciativa reduciendo la fiscalidad en los combustibles.
De otro modo, nuestra economía irá acumulando pérdidas que a nadie benefician, al mismo tiempo que la escasez o falta de existencias se generaliza a más productos de la cesta de la compra a medida que transcurren las jornadas de paro.
Miguel Ángel Piqueras García es Director del Grado en Ingeniería en Organización Industrial de VIU - Universidad Internacional de Valencia.