Como ya expuse en dos artículos publicados en septiembre de 2022 en Escudo Digital, las falsas alarmas son una lacra que crece a medida que aumenta el parque de sistemas de alarmas conectados a centrales receptoras de alarmas (CRAs).
Hay poco más de un centenar de CRAs en España. De los millones de alarmas que reciben cada año, el número de las que consiguen filtrar al haberlas podido verificar como falsas es inmenso, una cifra por encima del 99%. En Grupo On Seguridad en concreto es el 99,3%. Las herramientas para verificar las alarmas son aquellas que ponen en sus manos los clientes, según la tecnología del sistema que tienen, y la legislación de seguridad privada, que ha determinado los métodos de verificación admisibles: activación secuencial consecutiva de detectores de robo sin cámara, visualización de imágenes si hay cámaras, audio si hay micrófonos ambientales, personación de vigilantes si el cliente ha contratado este servicio y, por último, hay un método complementario que consiste en hacer una llamada de comprobación.
En el 1% restante, las CRAs han tenido que avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por cumplir una condición legal que se denomina "alarma confirmada", aquella que cumple unos requisitos según el método de verificación utilizado donde es obligado avisarles. Al ser de millones las alarmas recibidas, ese 1% se encuentra en la magnitud de las decenas de millar.
Son muchas, pero no sería mayor problema si en su mayoría se debiesen a incidentes reales. Pero no es así, es al revés, la mayoría de esas intervenciones, en torno al 90%, fueron también falsas alarmas, esta vez comprobadas presencialmente por nuestras FCSE, un recurso público de todos que no se debería movilizar innecesariamente.
En el último anuario estadístico publicado por el Ministerio del Interior, el de 2021, constan 2.761.842 contratos de gestión de alarmas registrados (a estas alturas de 2023 se habrán sobrepasado los 3 millones) que produjeron 58.548 comprobaciones policiales. No se indica cuantas de esas comprobaciones fueron falsas alarmas, pero estimando el porcentaje medio del 90% que manejamos las CRAs, serían unas 45.500 intervenciones las que acudieron por falsas alarmas.
En Grupo On Seguridad, de cada 100.000 alarmas recibidas comunicamos por ser alarmas confirmadas unas 700, de las cuales acaban siendo incidencias reales unas 70. La proporción es tremenda.
Y con independencia del coste económico que suponen esos miles de intervenciones innecesarias, que no es poco, la peor consecuencia está en el tiempo perdido comprobando falsas alarmas que esas unidades policiales no pueden emplear en otras tareas útiles relacionadas con la seguridad ciudadana.
En aquellos artículos también aportaba el dato extraído de nuestra propia experiencia, contrastado y coincidente con el de otras CRAs consultadas, de que en torno al 70% de las falsas alarmas se producen por circunstancias imputables a los propios usuarios, entre las que sobresalen los errores de manejo.
También hemos podido contrastar que un porcentaje bajo de clientes producen un porcentaje alto de falsas alarmas reiteradas. Es decir, la reiteración de avisos en un mismo cliente es otro factor del problema.
Así mismo, aportaba iniciativas que ayudarían a remitir la situación, las que pueden observarse al final de esta pieza, fundamentalmente una cada vez más necesaria y urgente reforma legal. La legislación de seguridad privada tiene que adaptarse cuanto antes para reconducir la situación.
Por tanto, conocemos el problema, sabemos lo que lo causa en gran medida y se nos ocurren ideas para atajarlo. Entonces ¿qué hace falta para cambiar las cosas? Pues simplemente voluntad y trabajo en equipo.
¿Y quiénes somos los que debemos trabajar en equipo? En primer lugar las CRAs entre sí. Hay que ir alineadas y poner en común iniciativas, datos y propuestas de solución. En segundo lugar aportar esas sugerencias a las FCSE responsables de la Seguridad Privada en España, ya que ambos somos víctimas del problema y juntos debemos luchar por conseguir cuanto antes una reforma legal consensuada que ayude a revertir la situación que, si nada cambia, solo puede empeorar.
Y posteriormente deberemos insistir en la concienciación, sensibilización, formación y colaboración de los usuarios, hay muchas iniciativas que en este sentido podemos llevar a cabo trabajando unidos.
Para acabar, quisiera destacar una iniciativa que recientemente se ha puesto en marcha entre un numeroso grupo de CRAs. Acaba de nacer AESCRA, la Asociación Española de Centrales Receptoras de Alarmas, la primera asociación especifica, no generalista, de empresas de seguridad que desempeñan esta actividad. Entendemos que esta especificidad y unión serán útiles para cambiar la difícil situación en la que nos encontramos.
El objetivo: trabajar en equipo en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan, destacando entre ellos este tan importante de reducir las falsas alarmas. Para aumentar la fuerza y velocidad de resolución, trataremos de suscribir convenios de colaboración con otras asociaciones sectoriales de amplia trayectoria que cuenten entre sus miembros con CRAs, para elevar conjuntamente las propuestas y los datos a las FCSE y juntos tratar de mejorar cuanto antes el contexto legal que precisa nuestra actividad para ser más eficientes. Y confiemos que llegue el segundo ingrediente necesario para cambiar las cosas, la voluntad de todas las partes afectadas, el trabajo en equipo ya está en marcha.
Principales propuestas de modificación legal
- En la línea de lo que recoge el artículo 50 del Reglamento de Seguridad Privada y el 15 de la Orden INT/316/2011, incluir un mecanismo para que las CRAs detecten los casos de reiteración y corten directa e inmediatamente el servicio en lo que supone avisar a los FCSE. De esta directriz se exceptuarían los establecimientos obligados a disponer de sistema de alarma conectado a CRA.
- Incluir la obligación de informar al usuario cuando se dé esta circunstancia para que localice la causa y actúe para atajarla.
- Dar a las CRAs la atribución de restablecer los avisos una vez que el usuario certifique que ha resuelto el problema.
- Retirar la consideración directa de alarma confirmada, que conlleva un aviso directo a FCSE, a las de alarmas de atraco para que se puedan verificar, sabiendo que el 99% de este tipo concreto de alarmas son falsas. En Cataluña ya se permite verificarlas. Se exceptuarían los establecimientos obligados a disponer de sistema de alarma conectado a CRA, teniendo en cuenta que son una minoría, en torno a 50.000 de los aproximadamente 3 millones de sistemas conectados a CRA, y que son el tipo de usuario que menos falsas alarmas de atraco provoca, quizás por la concienciación que tienen con la seguridad.
- Retirar la consideración de alarma confirmada a las de robo de 3 detectores que lleguen junto a señales de conexión o desconexión o en un breve espacio de tiempo posterior, puesto que evidencian errores del usuario al entrar o salir.
- Estudiar la posible incorporación de nuevos métodos de verificación basados en big data y análisis predictivo.
- Incluir la obligatoriedad para que los usuarios faciliten a la CRAs tres teléfonos de contacto a los que avisar en caso de alarma y los mantengan actualizados, salvo que tengan contratado el servicio de respuesta a las alamas por vigilantes.
- Definir si las alarmas conectadas directamente al teléfono móvil de un usuario, se equiparan a la verificación de una CRA y por tanto las pueden comunicar ellos mismos a los FCSE.
- Simplificar trámites y burocracia innecesaria.
- Admitir la digitalización de documentación y traspaso telemático de los avisos de FCSE.