La crisis económica y el vacío político han provocado un aumento de los delitos con ánimo de lucro, incluidos secuestros y robos, muchos de ellos cometidos por personas que se hacen pasar por personal de seguridad. Mientras tanto, el personal de seguridad en activo y jubilado se enfrenta a enormes carencias de ingresos.
Hay que recordar que el índice mensual de precios al consumo (IPC) se disparó en marzo 2023, según las cifras transmitidas por la Administración Central de Estadística, con un aumento de la inflación del 33,27% intermensual y del 263,84% interanual. Así, el índice de precios registró un total de 3.710,53 puntos el mes pasado, frente a los 2.784,13 de febrero y los 1.019,81 de marzo de 2022. En términos mensuales, los precios de las telecomunicaciones fueron los que más subieron (51,55%), seguidos de los gastos de transporte (47,98%) y los precios de restaurantes y hoteles (40,13%). Sólo los precios en el sector de la educación aumentaron muy poco, con una subida del 0,28%. 2022 fue el tercer año consecutivo que terminó con una inflación media anual de tres dígitos (+171,2%).
El colapso económico de Líbano amenaza la seguridad general así que la delincuencia ha aumentado significativamente desde 2019, en medio de una fuerte disminución de la confianza de los ciudadanos en el Estado. Algunos de los numerosos cuerpos de seguridad pública del Estado, incluidas las fuerzas armadas libanesas (FAL), la policía y la Seguridad General han recibido financiación de Estados Unidos, Francia y Qatar. No obstante, siguen teniendo dificultades para suministrar las provisiones básicas y las pensiones del personal.
A falta de una seguridad estatal fuerte, diversos actores no gubernamentales llenan el vacío, ofreciendo protección, pero como parte de un sistema sectario. Por ejemplo, el movimiento político-militar chií, Hezbolá, cuenta desde hace tiempo con una infraestructura de seguridad desarrollada en los suburbios del sur de Beirut, así como en amplias zonas del sur de Líbano y el valle del Beka'a. Las ramas locales de otros partidos políticos también dominan pueblos, ciudades y barrios, aunque con una presencia armada menos manifiesta.
Aunque las fuerzas armadas libanesas controlan los medios legítimos de violencia, siempre tienen que negociar con los poderes locales, no sólo con los grandes grupos armados como Hezbolá y los servicios de seguridad extranjeros (en particular, los sirios), sino también con las redes de delincuentes armados que operan en la Beka'a y otros lugares.
Bancos y supermercados recurren ahora a contratistas de seguridad, tras una serie de robos, muchos lanzados a la desesperada por la crisis bancaria. También se recurre a empresas de seguridad privada, a menudo formadas por antiguos milicianos, para vigilar las zonas de Beirut donde residen dirigentes ricos y poderosos, implementando puestos de control y patrullas.
En otros lugares de Beirut se han formado patrullas de vigilancia vecinal dirigidas por ciudadanos en el último año, cuando las calles se han quedado a oscuras debido a la escasez de electricidad pública.
Mientras que los países occidentales se han desilusionado con los líderes políticos de Líbano y se niegan a conceder préstamos sin reformas políticas, apuntalan a las fuerzas armadas libanesas como la fuerza estabilizadora crucial capaz de frenar las disputas sectarias del país y contrarrestar a Hezbolá. No obstante, desde 2019 los salarios y las pensiones del personal de seguridad han disminuido drásticamente de valor, incapaces de seguir el ritmo de la galopante inflación de la libra libanesa.
Las entregas de armas occidentales no pueden remediar la aparente pérdida de moral de las FAL. En enero, Estados Unidos, junto con el Programa de Desarrollo de la ONU, puso en marcha un plan de ayuda para suministrar al personal de las FAL 100 dólares mensuales extra durante seis meses. El programa de 72 millones de dólares aliviará la desesperación, pero no llega a cubrir los gastos reales del personal mal pagado.
Los altos cargos de las FAL están divididos en cuanto a su lealtad a la élite gobernante, ya que algunos simpatizan con las reivindicaciones de los manifestantes.
La degradación de la seguridad general continuará hasta que se recuperen las instituciones públicas como parte de un plan de restauración económica. Dicha recuperación podría llevar años y sólo se traduciría gradualmente en una confianza pública renovada. Mientras tanto, la infraestructura de seguridad alternativa, a menudo construida sobre líneas sectarias, se expandirá.