Lo hemos percibido durante los días pasados. Parte de la sociedad española, de la ciudadanía como se la denomina ahora cuando se habla de ella sobre cuestiones políticas, no es capaz de pasar página. Algunos sectores siguen llevándose las manos al cabeza cuando un profesional de la milicia ocupa puestos de alta responsabilidad política. Después de casi cincuenta años, una de dos, o se sigue desconfiando de los militares como servidores públicos o se les sigue considerando como una casta aparte que sólo debe permanecer en los Cuarteles, incluso después de su retiro.
El colectivo militar ha cambiado mucho desde el advenimiento de la democracia. Se supo adaptar al cambio social y político a pesar del trauma del 23F, que por cierto, y hay que decirlo, las consecuencias no solo las recibieron los implicados sino también el resto de la Institución; una Institución que, desde entonces, ha tenido que demostrar de manera permanente su compromiso e implicación con los valores inherentes a nuestra Democracia. Una Democracia que no ha percibido que son precisamente esos valores, en los que la Milicia basa su actuación, los que le sitúan al Militar como un Servidor público por excelencia. Valores como la lealtad, el espíritu de sacrificio, la abnegación, el compañerismo o el amor a España son la constante en el trabajo diario del militar que en la mayor parte de las veces hace extensivo a su propio comportamiento social. Valores que en definitiva le hacen huir de lo efímero y material a contracorriente de la dinámica social que nos ha tocado vivir.
Es cierto que, en nuestro país, la militar no es la única profesión que basa su actuación en los valores intrínsecos del ser humano, existen afortunadamente otras muchas más, pero sí que es probablemente la única que su trabajo ha sido más estimado en el exterior donde ha tenido que labrarse su prestigio en las Operaciones de Paz. Con pocos recursos, nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que estar a la altura de otros Ejércitos de países de nuestro entorno desde hace años demostrando fuera de nuestras fronteras lo que se les ha impedido demostrar dentro. Hasta hace una veintena de años, cuando apareció la UME, lo que sin duda le catapultó a ser una de las Instituciones más valoradas de la sociedad, su empleo estaba prácticamente limitado a los compromisos internacionales que nuestro país había suscrito.
Pareció como si su empleo en territorio nacional fuese una cuestión tabú sobre todo tras el 23F que sin duda potenció. Nada que ver con el empleo de otras Fuerzas Armadas en misiones antiterroristas de países como Reino Unido (operación Banner en 1969, durante las operaciones en el Ulster) o Francia (operación Sentinelle en 2015, después de los atentados de Bataclan). Fue particularmente significativo que los cometidos realizados por nuestras FAS en el contexto de la lucha contraterrorista en los años de plomo quedasen siempre en segundo plano. De hecho, sus actuaciones a lo largo del conflicto fueron paulatinamente decreciendo, pasando desde una presencia permanente en labores de impermeabilización de fronteras a labores mucho más testimoniales como como la vigilancia de vías de trenes o seguridad puntual de alguna instalación energética y casi siempre bajo la “dirección técnica” de la Guardia Civil. A verdad es que así lo dejó establecido la Ley de Defensa Nacional del 2005 en su artículo 16.C para disipar algún tipo de dudas. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, la situación se tornaba diferente en países como Irak o Afganistán donde nuestras FAS se emplearon a fondo en operaciones de contrainsurgencia durante largos años.
Quizá lo anterior tenga algo que ver con que, a pesar de que las FAS sean una de las Instituciones más valoradas de la sociedad, el Militar sea aún un gran desconocido en ella. Colectivamente puede que sus componentes tengan una alta consideración social, pero de manera individual la sociedad no los conoce. Me explico: no saben quiénes son sus lideres, cómo trabajan, cómo se forman, cuál es su modelo de carreara profesional o cuáles son sus condiciones laborales y, por lo tanto, no conoce si sus capacidades como servidores públicos pueden “exportarse” a otros sectores fuera de la Milicia.
Militares y puestos de responsabilidad política
En la historia reciente de nuestro país, el Militar apenas se expone en los medios de comunicación social más allá de las apariciones de la UME. Los Militares no han tenido oportunidad de demostrar su potencial en beneficio de la sociedad más allá de su ocupación profesional, por eso muchos siguen llevándose las manos a la cabeza cuando un profesional de la milicia es designado para ocupar puestos de alta responsabilidad política. Por eso desde algunos sectores sociales se critica con dureza nombramientos como el recientemente realizado para la Vicepresidencia de para la Recuperación tras la DANA en el Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Se parte de una idea errónea, ampliamente afianzada en la sociedad y que sesga la realidad, por la que la actividad política parece estar restringida para los militares. Sin embargo, e incluso antes de alcanzar la situación de Retiro por la que vuelve a recuperar todos sus derechos que la carrera militar le ha “congelado”, el Militar puede optar por solicitar la Excedencia o el pase a la situación de Servicios Especiales por la que se le permite ser designado candidato en sufragios o elegido cargo electo o escogido para ocupar puestos o cargos en la Administraciones publicas y/o judiciales, etc. Todo ello sin renunciar a su condición de Militar a la que podrá volver, de pleno derecho, al finalizar sus responsabilidades en esas situaciones.
Sin embargo, como se ha visto, en muchos ámbitos de la sociedad no se entiende la participación de Militares en tareas políticas. Ciertos sectores sociales se han ocupado durante muchos años de difundir una cierta historiografía del Militar ajeno a la realidad social e insensible a sus problemas. Los Militares no han disfrutado del beneficio de la duda que otros colectivos de funcionarios han tenido a la hora de su implicación en tareas de índole político. Se les ha arrinconado con cierta frecuencia dentro de un espacio social concreto inevitablemente asociado a un determinado pensamiento político por encima de su propia escala de valores.
Valores que a pesar de todo han alimentado la cohesión de las Fuerzas Armadas contra los intentos de división interna propiciando un asociacionismo de corte horizontal por niveles jerárquicos que prima más la comparación y confrontación de los derechos de cada uno de los grupos que los de toda la Institución en su conjunto. Valores que, como la lealtad, difícil de entender en el campo de batalla del tablero político, y que es en esencia la clave del propio funcionamiento interno de la Institución. Valores, en definitiva, como la disciplina que ha servido sin embargo para que el político llegado al Ministerio haya alcanzado a comprender la amplitud de su significado al tener bajo sus órdenes un colectivo que basa en ella sus actuaciones día a día.
Los militares no tienen aspiraciones políticas, pero en parte de la sociedad española todavía persiste un sentimiento de que deben quedar aislados de todo otro servicio público que no sea el de las armas. Para un militar que ocupe un cargo público, la política siempre estará alejada de su gestión administrativa. Eso es lo que ha reclamado el nuevo vicepresidente para la Recuperación tras la DANA de la Comunidad Valenciana. No veamos su nombramiento como un fracaso de la clase política que no haya podido encontrar una figura acorde a los desafíos del nuevo puesto, veámoslo como una aportación, una integración, un acercamiento al servicio público al bien común social de un colectivo, el militar, injustamente tratado en muchas por una parte de sus compatriotas.