Los desastrosos y calamitosos resultados de la Dana que está asolando esta semana al este de nuestro país han producido impotencia en muchos ciudadanos que asistimos incrédulos ante las cámaras de la televisión a los dantescos reportajes que mostraban la devastación producida y el efecto destructor provocada en las infraestructuras y zonas residenciales. Como militar escribo horrorizado este articulo cuando los fallecidos han sobrepasado la centena y me pregunto por qué las Fuerzas Armadas (FAS) no se están empleando a fondo como siempre lo han hecho cuando la situación lo ha requerido fuera de nuestras fronteras.
Los mecanismos aplicados hasta el momento en materia de Protección Civil en la catástrofe han resultado inútiles. El Estado está siendo incapaz de articular en tiempo urgente todos sus recursos que en su conjunto dispone para afrontar este tipo de calamidades públicas. La burocracia y el conflicto de intereses en este triste Estado de las Autonomías han hecho el resto. El resultado es que, después de cuatro días, la imagen (y la realidad) de la situación ante el país es más que lamentable, es vergonzosa. Políticos de uno y otro nivel, con cara de abatimiento eso sí, lamentan la situación y ofrecen todo su apoyo a los damnificados. Un apoyo que no llega ante la incapacidad de las Administraciones de articular actuaciones rápidas, precisas y sobre todo coordinadas.
“Cómo una catástrofe de tal magnitud puede dejarse en las manos de una administración regional sin medios adecuados y, sobre todo, sin capacidad de gestión de los que se les pueda asignar, si es que se llega al caso.”
La ley establece la Política Pública de Protección Civil como un instrumento de la política de seguridad pública, que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. La no convocatoria desde un primer momento de las herramientas de gestión de crisis a nivel del Estado que existen en nuestra legislación y de la que sobresale la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil es bochornosa y demuestra la incapacidad de nuestro Gobierno de valorar adecuadamente los efectos y sobre todo de poner en práctica los “supuestos” planes para afrontar tal extraordinaria tragedia.
¿Qué se está haciendo?
No se entiende la inacción y la falta de implicación del Estado desde un primer momento declarando el Estado de Alarma, como se hizo en la pandemia, asumiendo la gestión de la tragedia. No se entiende cómo una catástrofe de tal magnitud puede dejarse en las manos de una administración regional sin medios adecuados y, sobre todo, sin capacidad de gestión de los que se les pueda asignar, si es que se llega al caso. No se entiende como tres días después los damnificados siguen sin tener asistencia básica de alimentación, agua y en muchos casos luz. No se entiende cómo las imágenes que estamos viendo en las televisiones y que dan una idea de la incapacidad del país para afrontar la catástrofe hayan hecho que países vecinos y no tan cercanos como Marruecos, Argentina o los propios EE. UU. nos hayan ofrecido ayuda. Una ayuda que, aunque es de agradecer, se refiere a medios y actuaciones de los que el Estado español dispone de sobra.
“No se entiende cómo las imágenes que estamos viendo en las televisiones y que dan una idea de la incapacidad del país para afrontar la catástrofe hayan hecho que países vecinos y no tan cercanos como Marruecos, Argentina o los propios EE. UU. nos hayan ofrecido ayuda”.
De las cuatro misiones asignadas a las Fuerzas Armadas (FAS) en el articulado de la Ley 5/2005 que regula la Defensa Nacional, la que se refiere a la preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, es una de las que le corresponde realizar junto con el resto de las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas con atribuciones al respecto. Es cierto que, para ello y tal como refiere el art. 37 de. la Ley 17/2015, la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de protección civil “se efectuará principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias”, de la que más de 1.000 efectivos están trabajando desde el comienzo de la catástrofe, pero vistas las dimensiones de la tragedia, es insuficiente y es por eso por lo que esta Ley también establece en el mismo artículo que la colaboración de las FAS se realizara con la UME pero ”sin perjuicio de la colaboración de otras unidades que se precise”
Por ello es absolutamente incomprensible, y nadie lo entiende, que el Gobierno no haya dado luz verde al empleo masivo de efectivos militares desde el primer momento de la catástrofe a una zona que muchos de los periodistas desplazados sobre el terreno califican paradójicamente como “zona de guerra”. En la provincia de Valencia existen Acuartelamientos militares en Bétera, Marines e incluso en la propia capital donde, a buen seguro, podría decretarse la movilización de unos cuantos miles más de efectivos para una actuación rápida tanto en apoyo al desescombro como en la distribución intensiva de ayuda en forma de agua, alimentos y medicinas. Para ello, las capacidades FAS cuentas con capacidades militares como maquinaria de ingenieros o helicópteros que se averiguan fundamentales.
Es al menos increíble cómo el helicóptero de TVE sobrevuela zona para enviar imágenes a todo el mundo y los helicópteros militares brillen por su ausencia en la distribución de ayuda en la zona o en la evacuación a centros hospitalarios o asistenciales de enfermos, impedidos o ancianos que están inmovilizados en sus residencias y domicilios. También observo cómo el aeropuerto de Valencia, que está perfectamente operativo y no sufrió daños que le impidieran su utilización, no se está utilizando como punto de entrada para el envío urgente de ayuda y personal militar de todo el territorio nacional apoyando con víveres y equipos que auxiliasen a los damnificados a mitigar los efectos de la catástrofe y sobre todo a evitar las desafortunadas actuaciones de saqueo de supermercados y tiendas en muchas áreas todavía aisladas.
Parece que solo en las desgracias y catástrofes naturales fuera de nuestras fronteras los mecanismos de respuesta a crisis humanitarias funcionan a la perfección a través de los mecanismos habilitados para ello. Después de cuatro días de la tragedia, la población sigue en shock y deambula sin rumbo por la zona devastada y un país impotente asiste a ello ante la incapacidad del Estado para auxiliar a su población.