Desde hace ahora casi cincuenta años cuando las Fuerzas Armadas (FAS) iniciaron un periodo de profunda y continua adaptación, el debate sobre su empleo en operaciones militares más allá de las relacionadas con la defensa de España no ha estado exento de controversia. La reciente polémica suscitada sobre la utilización de medios militares para detener la avalancha de inmigración ilegal que, desde hace varios meses, asola las islas Canarias ha sido la última que ha provocado un significativo debate entre la representación política, puertas afueras del hemiciclo, sin estimular sin embargo ningún interés en el resto de la sociedad que adolece, en mi opinión, de la adecuada información necesaria para poder opinar sobre un hipotético empleo de sus Fuerzas Armadas en misiones de seguridad más allá de nuestras fronteras.
Este articulo (de opinión) no pretende enjuiciar sobre la oportunidad ni sobre necesidad de emplear las Fuerzas Armadas contra la inmigración ilegal, sino exclusivamente analizar, desde la óptica de la actual Ley de Defensa Nacional 5/2005 y otros documentos estratégicos de nuestro país, el posible empleo de los Ejércitos en una operación militar que tuviera como objetivo la erradicación de los flujos migratorios que de carácter irregular alcanzan por mar las costas españolas, particularizándolo en este caso en la “ruta canaria”.
El valor de las cifras
De acuerdo con el informe quincenal del Ministerio del Interior sobre Inmigración irregular 2024 con datos acumulados del 1 de enero al 15 de julio, el total de inmigrantes llegados a España en ese periodo es de 26.585, un 89,6% más que en el mismo periodo del 2023. De ellos 25.349 lo han hecho por vía marítima utilizando 746 embarcaciones, 104 más que en el mismo periodo del pasado año. Estos datos son aún más abrumadores si cabe cuando los circunscribimos a las llegadas al archipiélago canario, donde en el periodo referenciado arribaron a sus costas 19.793 inmigrantes irregulares, un 160,8% más que en el mismo periodo del 2023. Sorprendentes datos aún más si los comparamos con las llegadas en las mismas fechas y por la misma vía a la Península y Baleares que supusieron la llegada de 5.537 irregulares, cifra inferior en un 4,2% en relación con el mismo periodo del pasado año.
A pesar de ser la más distante de las costas españolas y por lo tanto la que más tiempo de singladura necesita, los datos anteriores nos llevan a la conclusión de que en la actualidad la “ruta canaria” es la preferida por las mafias que explotan la inmigración irregular empleando métodos y actividades ilegales para la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país. Miles de personas, mayoritariamente subsaharianos procedentes de los deprimidos países del Sahel, se agolpan en las costas occidentales africanas desde donde se organizan los viajes “boca a boca” a un precio de 1.000 o 2.000 euros por trayecto, engordando los bolsillos de algunos dirigentes corruptos. Todo el entramado ilegal se extiende mar adentro donde las mafias campan a su anchas empujando a seres humanos hacia lo desconocido, hacinados durante 6 o 7 días a bordo de una barcaza en condiciones infrahumanas.
Apoyo de las embarcaciones nodriza
Según algunos expertos, sin el exiguo apoyo que las embarcaciones nodriza de los traficantes realizan en forma combustible y otras necesidades mínimas que los inmigrantes también pagan para no quedar a la deriva durante la travesía y alcanzar las costas canarias, sería imposible que el flujo irregular mafioso se llevase a cabo. Aunque la actividad criminal se inicia mucho antes de su singladura en la mar desde de que los inmigrantes inician su éxodo desde sus países de orígenes, tiene su cenit en las costas occidentales del África subsahariana donde, tras meses de espera, embarcan en los cayucos camino de un futuro mejor. Desde allí y pocas millas después de abandonar las aguas territoriales de los países africanos, las embarcaciones repletas de inmigrantes desafían a la mar adentrándose en unas aguas internacionales donde nuestro país tiene declarados intereses estratégicos.
Esa podría ser una primera razón de peso para abordar el problema de seguridad marítima que la inmigración ilegal provoca en esas aguas internacionales. Así se establece en la Estrategia de Seguridad Marítima (ESM), recientemente aprobada por el Gobierno el pasado 19 de marzo, donde se señalan como ámbitos y espacios de interés estratégico la margen atlántica del África Occidental y al Golfo de Guinea y donde se acentúa además que “la protección de los intereses marítimos nacionales se extiende más allá de las aguas jurisdiccionales y alcanza todos los mares y océanos del planeta” e identificando además a “la vida humana en la mar” como uno de los intereses nacionales en la dimensión marítima del Estado. En ese sentido, aunque no figuran a la cabeza de la clasificación entre los riesgos y amenazas, la actual Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) también pone el acento en los flujos migratorios irregulares como parte de estrategias híbridas que pueden producir efectos en cascada contra la Seguridad Nacional cuantificándolos entre los dieciséis ámbitos interconectados entre sí como elementos de un continuo a los que, en función de su probabilidad e impacto, atribuye una gradación diferente en función de la situación geopolítica.
Presencia naval y vigilancia
¿Qué pueden hacer entonces las FAS al respecto?. La razón política la podemos encontrar en la Directiva de Defensa Nacional (2020) actualmente en vigor establece “que la política de Defensa estará guiada por la búsqueda constante de la paz, la estabilidad y el fomento de la Seguridad Humana, adoptando como principios el respeto a la legalidad internacional y los Derechos Humanos conforme a la Carta y Resoluciones de Naciones Unidas para continuar afirmando que “independientemente de la contribución de España al esfuerzo de la comunidad internacional, el Ministerio de Defensa llevará a cabo el planeamiento operativo y de capacidades necesario para acometer cualquier posible desafío o amenaza no compartida, en defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía y su contribución a las amenazas y desafíos a la Seguridad Nacional”.
Una presencia naval y vigilancia de esos espacios marítimos de interés que están siendo vulnerados por las mafias de inmigración sin duda contribuiría a erradicar el tráfico ilegal de inmigrantes en esa vasta zona que forma parte del entramado de seguridad marítima de nuestro país. Es desde la óptica del empleo de las capacidades militares bajo el paraguas de lo desarrollado en la Ley 5/2005, donde las actividades de las FAS agrupadas en la denominada Capacidad de Acción Marítima de la Armada y complementada con la Búsqueda y Salvamento del Ejército del Aire y del Espacio podrían abordar la lucha contra la inmigración ilegal. Se trata de bloquear toda la actividad criminal relacionada con ella, no de disparar cañonazos contra los cayucos, al contrario, de prestar asistencia a la vida humana en la mar en caso necesario desmantelando a la vez las redes de tráfico de inmigrantes.
Misiones con mandato similar
España ya participó en una misión de la UE con un mandato similar. Fue en la Operación Sophia (EUNAVFOR MED), con la que la Unión Europea pretendió interrumpir el negocio de las redes de contrabando y tráfico de personas a través del Mediterráneo. Participaron veinticinco países, entre ellos España que lo hacía aportando un destacamento de 40 efectivos del Ejército del Aire en la base aérea italiana de Sigonella y una fragata con una dotación de unos 200 marinos, así como personal en los Cuarteles Generales. La operación que comenzó en 2015 se extendió durante cinco años durante los cuales casi 45.000 inmigrantes fueron rescatados del mar, detenidos más de 150 traficantes e interceptadas más de 500 embarcaciones.
La puesta en marcha de una operación similar en las costas occidentales africanas, si bien tendría una complejidad inherente a toda operación militar realizada más allá de nuestras fronteras, contaría con la ventaja inicial para su planeamiento de que nuestro país ya dispone de una misión militar en el área que, bajo la denominación de Diplomacia de Defensa y Seguridad Cooperativa, se estableció el 22 de septiembre de 2014 con el inicio de una misión de asistencia militar en Cabo Verde y donde hasta ahora de forma ininterrumpida unidades navales y aéreas se ha desplegado en países de la costa occidental africana llegando hasta el golfo de Guinea.
¿Por qué una misión de Diplomacia de Defensa y Seguridad Cooperativa en los países donde operan los traficantes y su entramado ilegal de inmigración no puede incluir acciones que actúen contra las mafias que organizan en la inmigración ilegal?. La respuesta debemos encontrarla en las “lecciones aprendidas” que la experiencia de nuestro país atesora de EUNAVFOR MED y que puedan aportar la actual misión de Diplomacia de Defensa y Seguridad Cooperativa en África occidental para transformarla convenientemente.
Compromisos internacionales
Es evidente que nuestro país, que actualmente tiene desplegados en el exterior más de 3.000 efectivos en una veintena de escenarios, en una diversidad de misiones y en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de Defensa, dispone de capacidad de planeamiento contrastada para afrontar ese reto basado en una efectiva presencia naval en zonas de vital interés para la seguridad de España combinada con la potenciación de las actuales actividades de Diplomacia de Defensa y Seguridad Cooperativa. España ya posee una experiencia contrastada en esas actividades “sobre el terreno” en Mauritania y en Senegal, donde aún está desplegado un contingente aéreo (Destacamento Marfil) que ininterrumpidamente desde 2013 ha apoyado hasta su finalización a la misión de la Unión Europea para la formación del ejército maliense (EUTM-Mali).
No obstante, la nueva misión debería disponer un mandato claro que abarcase actividades de cooperación en materia de Diplomacia de Defensa y Seguridad Cooperativa como contribución a la acción exterior del Estado en colaboración con el MAEC. En ese sentido, seria preceptivo, como recientemente ha afirmado una antigua Alta Autoridad del Estado, que el Gobierno español celebrase acuerdos de colaboración con los países en cuestión que permitiesen, como medida estrella, el inicio de expedientes de inmigración legal en los propios Consulados y Embajadas de España. Incluso esos acuerdos podrían incluir el asesoramiento en materia policial de actuaciones contra la inmigración ilegal.
Diálogo y cooperación
La misión “militar” se sustentaría en un conjunto de actividades, basadas principalmente en el diálogo y la cooperación a nivel bilateral con los países del área para prevenir conflictos o fortalecer las capacidades de seguridad como parte de un plan específico de Diplomacia de Defensa, un ambicioso plan de Seguridad Cooperativa ad hoc con esas naciones africanas basado en la realización de ejercicios de adiestramiento conjuntos para control de sus propias espacios terrestres y aguas territoriales. A ello se añadiría añadirían cometidos similares a los de la Operación Sophia con despliegues permanentes de unidades navales y aéreas en misiones de seguridad marítima tanto en aguas territoriales de los diversos países de África occidental como en las aguas internacionales de tránsito en la “ruta canaria” donde la inmigración ilegal campa a sus anchas.
Por último es preciso mencionar, que esta “nueva” misión, como la actual de Diplomacia de Defensa y Seguridad Cooperativa que actualmente se desarrolla en el área y con la que se superpondría, se podría enmarcar como complementaria de interés público (diferente a su misión primordial de la defensa militar de España) y conducente a acciones de prevención de conflictos tal y como se establece en el art. 16 de la Ley 5/2005 de Defensa Nacional pudiéndose clasificar en uno de los seis tipos de operaciones militares que establece el mencionado art. 16 como la “vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e independencia de España, así como a proteger la vida de su población y sus intereses”.