Coincidiendo con la retirada de Francia de Mali se está produciendo una ola de violencia que está afectando muy seriamente a la población de este país, donde el Ejercito maliense, junto con otros grupos armados, están masacrado a la población civil.
Para Corinne Dufka, directora para el Sahel de Human Rights Watch, estos abusos son equivalentes a crímenes de guerra, como sería el caso de una ejecución masiva producida este mismo mes en la que se encontraron cuerpos carbonizados de 35 civiles en la región de Ségou, algunos con agujeros en la parte posterior de la cabeza.
Estos asesinatos coinciden también con la entrada del grupo militar Wagner en el país. Así, desde finales de diciembre, y con la llegada de estos mercenarios rusos invitados por Bamako, el ejército maliense está multiplicando las operaciones de campo y presentando “resultados impresionantes”. Pero muchas fuentes locales (seguridad, investigadores y organizaciones comunitarias) consideran que estos resultados son muy exagerados y denuncian abusos contra civiles, en algunos casos con la participación de los combatientes rusos.
Igualmente, en otras zonas del centro del país los campamentos del ejército maliense se han convertido en un centro de tortura donde en compañía de miembros de Wagner, según fuentes locales, se interroga y tortura a la población para que den información sobre la localización de los terroristas. Entre las víctimas, la mayoría de las cuales habrían sido ejecutadas sumariamente, figuran comerciantes, jefes de aldea, líderes religiosos y niños.
El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ante estos hechos, ha manifestado su “firme condena a los recientes abusos cometidos en el centro de Mali” y trasladó su apoyo a la investigación de la misión de la ONU en el país africano, la MINUSMA.
Por otro lado, el ejército maliense también ha sido acusado de matar a civiles mauritanos en la zona fronteriza de Mali con Mauritania. El Gobierno de este país ha acusado al ejército maliense de "actos criminales recurrentes". Según fuentes locales mauritanas 15 personas habrían muerto, mientras que grabaciones de voz no verificadas en las redes sociales citan a testigos que culpan al ejército maliense por la desaparición de hasta 30 mauritanos.
Estos acontecimientos se producen en un momento en que la Junta Militar maliense está buscando lazos más estrechos con Mauritania para ayudar a aliviar el impacto del embargo impuesto por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) en enero de la que Mauritania no es miembro.
En respuesta a todas estas acusaciones las Fuerzas Armadas Malienses están haciendo una serie de declaraciones para mantener la idea, cada vez más extendida entre la población, de que ahora son capaces de ganar ventaja sobre el enemigo, en un momento en que Francia, después de nueve años de una guerra cansada contra los yihadistas, está comenzando su retirada militar.
Mientras, y en plena retirada de Mali, el Ejército francés anunció la muerte de un alto cargo de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en el marco de una operación llevada a cabo en Malí por la operación 'Barkhane' a finales de febrero.
Sin embargo, la población civil maliense sigue siendo víctima de la violencia tanto por parte de algunos miembros del ejercito maliense como de los grupos terroristas.
Cito aquí el testimonio de una de las víctimas malienses frente a estas violaciones:
"... Yo y un gran número de otros hombres fuimos terriblemente golpeados por soldados malienses y algunos soldados blancos que hablaban un idioma que nunca había escuchado. ... Muchos de nosotros fuimos torturados. Un día, un prisionero logró escapar, lo que enfureció a los militares. Esa noche, ellos [los militares] llegaron al área cerrada donde estábamos detenidos y dijeron: ‘Esta celda está demasiado llena; debemos reducir el número de personas, de lo contrario otros entre ustedes escaparán’...»
Ante esta situación, el gobierno maliense debe poner fin a los abusos, violaciones y crímenes cometidos, y garantizar el respeto de las leyes de la guerra, que se aplican al conflicto armado en Malí. Este desprecio absoluto por la vida humana, incluidos los crímenes de guerra manifiestos, debe investigarse y los involucrados deben ser castigados adecuadamente.
Las autoridades también deben facilitar investigaciones independientes por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Malí.
Varios miembros de grupos yihadistas han sido procesados por delitos penales, pero prácticamente nadie del gobierno o de las fuerzas progubernamentales ha sido investigado, y mucho menos responsabilizado. La violencia ha desplazado a más de 320.000 personas en el país.
Hay que recordar que todas las partes en el conflicto armado de Malí deben respetar el derecho internacional humanitario, incluido el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el derecho consuetudinario de la guerra, que estipulan el trato humano de los combatientes capturados y los civiles detenidos. Las personas que cometan violaciones graves de las leyes de la guerra, incluidas las ejecuciones sumarias y la tortura, deben ser enjuiciadas por crímenes de guerra.
Las autoridades malienses también están obligadas a respetar el derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza el debido proceso a los sospechosos de haber cometido un delito. Malí es Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ha abierto una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Malí desde 2012.
Igualmente, el Ministerio de Defensa debe despedir al personal militar implicado en graves abusos y garantizar que la gendarmería, que es responsable de respetar la disciplina y los derechos de los detenidos, esté presente durante todas las operaciones militares.
Asimismo, los magistrados y fiscales militares malienses deben investigar imparcialmente los presuntos abusos cometidos por todas las partes. La CPI tiene una investigación abierta sobre Malí y sigue siendo el tribunal de última instancia cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren investigar y enjuiciar los crímenes más graves.
Mali seguirá siendo un Estado fallido mientras que todas sus instituciones no funcionen de forma correcta y coordinada en todo el país con el respeto a la legislación interna y al Derecho Internacional por parte de todos ellos.