El sector de Seguridad-Vigilancia lleva una serie de años en un descontrol tal que pone en peligro la propia subsistencia del Sector.
Las grandes (y prestigiosas) empresas del sector (Securitas, Prosegur, Trablisa) desestiman muchos concursos y posibles contrataciones porque con pujas y precios a la baja, el margen es tan pequeño que ante cualquier riesgo de impago pueden verse en riesgo de concurso de acreedores, como ya ocurriera anteriormente con Ombuds (8.000 empleados y más 40 millones euros de deuda solo con la Agencia Tributaria) o INV (posteriormente Norvik, que pasó de 2.200 empleados a 500 y al concurso acreedores).
El número de vigilantes de seguridad activos supera los 142.000 profesionales, y el 95% de estos vigilantes cuenta con contratos indefinidos, lo que demuestra la estabilidad laboral en el sector, aunque estable no implica el no estar convulso y amenazado.
Una de sus grandes amenazas es la diferencia salarial entre sus profesionales, y, por tanto, también de presupuestos y facturas a clientes, que dan por resultado que cada cierto tiempo aparezcan empresas más listas y agresivas que las demás y que, al cabo de un tiempo, implosionan económicamente hablando.
El caso de Wakeful
Uno de los ejemplos más claros y actuales lo tenemos en Wakeful. Hace varios días el Ayuntamiento de Barcelona inició el proceso para rescindir el contrato de seguridad privada en grandes eventos culturales que tenía con esta compañía, acusándola de haber cometido un "abandono de servicio" al haber desatendido la vigilancia a lo largo del recorrido de la cabalgata de Reyes. Además, el ejecutivo local pretende vetar a Wakeful para que no pueda aspirar a obtener contratos de ninguna Administración Pública: "Los hemos pillado y los sacaremos del mapa", avisaron.
Esta empresa era la referente del Consistorio de Barcelona para multitud de fiestas y actos, a pesar de las denuncias sindicales por sus deudas con Hacienda y Seguridad Social. Sin embargo, y a pesar de la advertencia, fue contratada y, durante la noche del pasado 5 de enero, muchos auxiliares de seguridad de Wakeful que estaban prestando servicio se vieron obligados a huir de su puesto de trabajo por órdenes de los coordinadores, motivadas por una inspección sorpresa de la Seguridad Social.
Según me comentan fuentes sindicales, cada vez se extiende más la costumbre de tener varias personas extranjeras trabajando con la documentación legal de otro individuo. En este caso, parece ser eran rumanos. Pero me informan de casos similares en el servicio de socorristas en piscinas comunitarias en la Comunidad de Madrid, donde se prestan servicios por inmigrantes que ni siquiera tienen DNI y "compran" esos servicios.
El diario Crónica Global denunciaba recientemente el caso de un joven de 19 años, contratado a través de un grupo de Whatsapp, al que se le ofrecían empleos como auxiliar y vigilante "que funcionaba como un mercado improvisado para cubrir las necesidades de personal en eventos multitudinarios. A los interesados se les pedían algunos datos personales, incluido el número de afiliación a la Seguridad Social, pero no se firmaba ningún contrato. Una persona le entregó un peto con el logotipo de Wakeful, y soportó jornadas de 14 horas bajo el sol durante ocho días consecutivos. Al revisar su situación en la Seguridad Social, descubrió que Wakeful sólo lo había dado de alta por una hora diaria, sumando apenas una jornada laboral en total. Peor aún, hoy, enero de 2025, no ha recibido un solo euro por su trabajo".
Administraciones y contratistas priorizan el ahorro
Al final, casi siempre es la misma causa: eventos multitudinarios que implican gran cantidad de auxiliares, necesidades muy puntuales que confrontan con la escasez de unas plantillas nada flexibles en un corsé legal y económico, y salida fácil para contratistas y administración: contratar a quien te dice que lo puede hacer y es barato. Campo abonado para truhanes, y cuando ocurra una de esas desgracias que cada cierto tiempo ocurren, nos volveremos a preguntar para qué legislar tanto si no se supervisa nada.