La Asociación Profesional de la Magistratura ha querido exponer su opinión sobre el polémico cese por supuesta perdida de confianza del Coronel Pérez de los Cobos, que ha ocasionado una crisis de confianza en las instituciones sin precedentes. Los jueces recuerdan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, la exigencia de cumplir con la legalidad que juró y prometió a lo largo de su carrera profesional y también cuando fue nombrado responsable del ministerio.
Como se recordará, el coronel fue cesado por negarse a revelar información sobre el informe solicitado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre si hubo posible prevaricación o negligencias a la hora de permitir la manifestación del 8-M.
En la nota facilitada por la Asociación, manifiestan que la APM "se ve en la triste obligación de recordar el contenido de los arts. 117 y 126 de la Constitución, que el propio Ministro juró o prometió guardar y hacer guardar en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera profesional, primero como Juez y Magistrado, y más tarde en su condición de Vocal del Consejo General del Poder Judicial y después como ministro del Gobierno de España".
Ante todo piden dos cosas: que se expliquen los motivos de la pérdida de confianza, o, al menos, que se asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso, y que se "restituya al coronel Diego Pérez de los Cobos en su puesto hasta que finalice la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid o se adopte la decisión oportuna por la Magistrada titular".
Afirman que ha de garantizarse la independencia de la policía judicial, caiga quien caiga
"La profesionalidad, saber hacer, dedicación y absoluta lealtad de los agentes, probada día a día y en las circunstancias más complejas, es lo que permite a los Jueces realizar nuestra labor, instruir la causas, esclarecer los delitos y facilitar el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes. Desde miembros de la realeza hasta ex ministros, presidentes de Comunidades Autónomas o banqueros. Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial".
Y añaden: "No queremos pensar que en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de pérdida de confianza, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal".
Hay que recordar que Iñaki Urdangarin, cuñado del actual Rey de España, fue investigado y se encuentra en prisión por su implicación en el Caso Noos, y que también fue enjuiciada su esposa, la Infanta Elena. La lista de políticos, banqueros y altos cargos que han sido encarcelados es muy amplia: Barrionuevo, Vera, Rodrigo Rato o Eduardo Zaplana son solo algunos de los nombres queforman parte de esa relación.
También recuerdan que el art. 15 del RD ordena a los funcionarios “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”. De no hacerlo así, pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria en caso de infracción, sin perjuicio de posible responsabilidad penal. Y, si bien esta obligación de reserva no impedirá el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios, ello sólo será así, “salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes”.
La querella de Vox contra el secretario de Estado de Seguridad y la directora geneeral de la Guardia Civil
Por otra parte, según informa Europa Press, la diputada de Vox, Macarena Olona, ha anunciado este miércoles que su partido ha presentado una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que se realizaron el domingo al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos. El escrito por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal, ha sido presentado en los juzgados de Instrucción de Madrid.
Según ha explicado esta formación política, su querella evidencia "la relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe" solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.
Vox afirma que el informe, publicado por Escudo Digital,refleja que "los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid". Y esos datos, defienden, "fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo".
Añaden que en el caso de que fuera probado que el coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido destituido "por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá ser declarada nula por arbitraria y los querellados, condenados".