Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han apresado a un individuo en las Islas Canarias que sería la pieza central de esta red de lavado de dinero. Hasta el momento se han incautado un total de 75 inmuebles por un valor acumulado de 25 millones de euros.
El caso conocido como Magnitsky, recibe su nombre por el abogado ruso Sergei Magnitsky, que representaba en su país a la empresa estadounidense Hermitage Capital Management, entonces el mayor fondo de inversión occidental en Rusia. En 2005, el letrado descubrió un fraude fiscal a gran escala con participación de jueces, políticos, banqueros y miembros de la mafia. La presunta estafa buscaba hacerse con la propiedad de tres empresas, fingir que estaban sufriendo grandes pérdidas y reclamar de forma ilegítima la devolución de 219 millones de euros en impuestos previamente pagados. Pero fue detenido en 2008, acusado de colusión y falleció un año más tarde en extrañas circunstancias que se sospecha podrían involucrar torturas.
La investigación en España
El dinero fue rastreado hasta cuentas bancarias de ciudadanos rusos con escasos o ningún vínculo con España, junto con una serie de empresas ficticias sin actividad económica real, que se utilizó para dos tipos de operaciones. Por un lado, la transferencia de fondos a través de cuentas bancarias de distintos puntos de Europa para enviarlos luego a España, con el objetivo de comprar bienes raíces. Por otra parte, las transacciones con agencias inmobiliarias españolas con fuertes lazos con la comunidad rusa que comprarían inmuebles en nombre de estos supuestos clientes. Además, se ha detectado la adquisición de mansiones de lujo por parte de personas de ascendencia rusa con fondos provenientes de esta trama.
Las pesquisas indican que los 25 millones en propiedades embargadas en distintos puntos del país provienen de un caso de corrupción ocurrido en Rusia en los años 2000, a través del que una asociación a gran escala se hizo de 219 millones de euros por un fraude fiscal que derivó en la muerte del abogado que desveló la trama.
El equipo de Policía Nacional adscrito a la Fiscalía Especial se encuentra analizando más de 1000 cuentas bancarias españolas para determinar la responsabilidad penal de los implicados, en una investigación sin precedentes por la cantidad de información que se maneja.
Además, se han tramitado cinco órdenes europeas de investigación y una Comisión Rogatoria Internacional y se ha solicitado información a través de EUROJUST a 12 países que forman parte de dicha institución.