España ha ido incrementando a lo largo de los últimos años el número de solicitudes de protección internacional registradas pasando de las 3.422 que recibió en 2011, a las 65.404 que se han contabilizado en 2011. Se incluyen así las peticiones presentadas por las personas evacuadas del Afganistán tras la llegada de los talibanes al país asiático, y que llegaron al país durante el año pasado.
Tal y como señala un estudio del Foro para la Integración Social de los Migrantes, recogido por Europa Press, estas cifras han ido creciendo levemente entre 2011 y 2014. Ese año, las solicitudes alcanzaban las 5.615. Sin embargo, un año más tarde, estas se elevaban hasta las 14.780, y en 2017 la cifra era de 36.605.
Pero el récord lo tiene 2019, año en el que 118.264 personas pidieron protección internacional. Ha partir de entonces la cifra ha vuelto a bajar: hasta los 64.389 en 2020 y a 65.404 en 2021.
Sobre estas últimas, el informe apunta que 41.905 fueron presentadas por hombres (el 64%) y 23.499 por mujeres (el 35,9%). Además, destaca que 35.910 de los solicitantes son personas entre 18 y 34 años (54,9%) y 1.242 superan los 65 años (1,9%).
Los venezolanos, los más numerosos desde hace años
El Foro destaca, además, que en los últimos seis años Venezuela se mantiene como el principal país de origen de los solicitantes de protección, con 15.995 solicitudes, seguido por Colombia -como también sucede desde 2018- con 11.567. Marruecos, Mali y Senegal, con 6.536, 4.647 y 3.198 solicitudes, respectivamente, les siguen en esta lista.
En este sentido, se recoge que Marruecos pasó de ser el octavo país de origen en 2020, a ser el tercero en 2021; mientras que Mali ingresó en la lista, desplazando a Perú del cuarto lugar en 2020 al sexto en 2021.
Con estas cifras, España ocupa el tercer lugar de los países de la UE que registran un mayor número de peticiones de este tipo, por detrás de Alemania, que en 2021 superó las 190.500, y de Francia, que pasa de las 120.600.
Estatutos del refugiado
Otro de los datos que destaca el estudio tiene que ver con la concesión de estatutos de refugiado, que en 2021 fueron 5.365, es decir, un 7,7% de las resoluciones emitidas en el año. Esto supone, además, un ascenso "considerable", según indica el Foro, en las resoluciones de este tipo notificadas el año anterior. En este caso los ciudadanos más beneficiados fueron colombianos, afganos y hondureños.
Del mismo modo, el Foro señala que el año pasado se concedieron 2.026 Estatutos de Protección Subsidiaria, lo que equivale al 2,9% de las resoluciones. En este caso, según indica el informe, también se ha producido un aumento respecto a 2020 e, incluso, han superado a los datos registrados en 2019.
En relación con las autorizaciones de residencia por razones humanitarias, el estudio señala que desde 2019 la mayor parte se han concedido a personas venezolanas y a nacionales de países como Colombia, Ucrania y Perú. De las 13.020 autorizaciones concedidas, 7.486 se dieron a mujeres; 5.534 a hombres; 2.498 a personas menores de 17 años (19,2% del total); y 5.164 a personas entre 18 y 34 años (39,6% del total).
Procedimientos complicados
Pero además de cifra, el informe del Foro ha analizado el proceso de solicitud que, según ha indicado, en 2021 continuó registrando "grandes dificultades" para que las personas solicitantes de protección internacional accedieran al procedimiento en diversas provincias.
Los expertos consideran "problemático" el sistema de doble cita, principalmente por la dificultad para obtener la primera de estas para manifestar la voluntad de solicitar la protección y, la situación es aún peor en aquellas provincias donde el sistema de citas se gestiona a través de Internet.
El estudio critica, además, que no exista un procedimiento uniforme en todo el territorio para la asignación de citas (vía telefónica, presencial o correo electrónico, entre otros) y, aunque reconoce que se han reducido los plazos en las citas para formalizar las solicitudes, indica que "sigue habiendo demoras excesivas en determinadas provincias", además de que algunas "exigen requisitos que obstaculizan el acceso al procedimiento, como un documento de identidad y un volante de empadronamiento".
Del mismo modo, y en relación con las extensiones familiares de los hijos nacidos en España, el estudio apunta que se suele seguir el mismo sistema de citas que para la formalización de solicitudes iniciales, dándose así el mismo retraso.
"Durante el tiempo de tramitación de la cita, el menor se encontraría indocumentado de impedirse el acceso al procedimiento de protección en el que se encuentran los padres, lo que genera importantes perjuicios a las familias tanto a nivel social como sanitario", apunta el informe.
Con este escenario, el Foro propone varias medidas a las instituciones para avanzar en una mejor gestión. Entre las propuestas hay medidas relacionadas con un mejor acceso a la tramitación del procedimiento, para una mejor detección y tratamiento de personas vulnerables, para la protección del derecho de la unidad familiar o para una mejor gestión de la normativa de extranjería en esta materia, entre otras.