La tendencia asusta. El pasado año las cárceles de España registraron 508 agresiones a funcionarios, dato que pasa de momento a la historia como la peor cifra, por encima de la de 2022, con 453 agresiones. Diez de las agresiones cometidas fueron de carácter grave. En total se produjo un aumento del 12% en comparación con el año anterior.
Los trabajadores del sistema penitenciario son las víctimas de un ambiente cada vez más hostil. Para muestra la estadística: cada 17 horas ha habido un ataque. Y eso que el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones no contabiliza las agresiones verbales, las coacciones, las amenazas, los escupitajos ni los tocamientos.
La vida en los centros penitenciarios supone un riesgo para los funcionarios. Y así lo denuncian repetidamente: falta de medios, formación, personal y sin el reconocimiento de agente de autoridad. El hostigamiento es continuo y choca con la política de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, a la que llegan a considerar buenista con respecto a los internos.
Invisibles para el Ministerio del Interior
Los funcionarios ponen en evidencia a Instituciones Penitenciaria por no atender sus peticiones. Se consideran abandonados, explica a Escudo Digital Manuel Galisteo, presidente del sindicato TAMPM: “Nosotros estamos, por así decirlo, huérfanos de ese padre o de esa madre que tiene que velar para que a su hijo no le pase nada. Somos invisibles para el Ministerio del Interior; no se dan cuenta que están tratando con profesionales, con trabajadores, que estamos bajo su custodia. Deberían velar por la vida de sus funcionarios, y no lo hacen”. Ese sentimiento de orfandad queda patente con el nombre de la organización sindical, TAMPM, siglas que responden a Tu Abandono Me Puede Matar.
El diagnóstico de Galisteo muestra un panorama de compleja solución: “Somos invisibles totalmente, un colectivo muy pequeño que no da votos. Y que lo mejor es tenerlo totalmente apartado de la sociedad y que esa sociedad no se entere mucho de lo que sucede en Prisiones, y así es más fácil lidiarlo. La Administración no se da cuenta del problema. O no quiere ver, mejor dicho, la verdad de la situación. El Ministerio del Interior cree que vivimos en un mundo de unicornios. Y nada más lejos de la realidad”. Consideran desde el sindicato que la falta de respeto que sufren los funcionarios va “desde su profesión a su uniforme”. Por cierto, ahora se va a sustituir su indumentaria.
No son agentes de la autoridad
Una decisión que limitaría las agresiones pasa por considerar a los funcionarios de prisiones agentes de la autoridad, señala Galisteo: “Si fuéramos agentes de la autoridad las agresiones no quedarían en una simple infracción, pasarían a ser un delito especificado en el Código Penal. Ahora se castigan con una sanción de aislamiento en celda, y no con una pena de privación de libertad de seis meses a dos años. Y además en cualquier incidente se nos juzga a nosotros en vez de a los internos”.
Este sindicato es partidario de modificar la legislación en forma de estatuto, porque entiende que el desempeño de sus funciones presenta diferencias con el resto de los funcionarios de la Administración General del Estado. “Necesitamos unas leyes propias para poder mejorar nuestra profesión”, afirma el presidente de TAMPM.
Con una población reclusa en torno a los 56.000 internos, el hacinamiento en algunos centros penitenciarios favorece el clima de violencia. “La fricción de la convivencia provoca ira y que haya más incidentes regimentales”, sostiene Galisteo. Denuncia TAMPM la falta del más del 30% de la plantilla en Prisiones con respecto a la RPT (Relación de puestos de Trabajo) que Interior ha decretado.
El ambiente está enrarecido y los presos más peligrosos campan a sus anchas. La detección de objetos prohibidos y el tráfico de sustancias estupefacientes está en el origen de algunas de las agresiones. Como ya contó Escudo Digital, otro de los peligros a los que se enfrentan los funcionarios, sobre todo en la cárceles del sur como Algeciras, se deriva de la concentración de los presos relacionados con el narcotráfico. Los funcionarios allí destinados viven una situación de agresiones físicas, quemas de coches, intentos de motín y amenazas. Se da la circunstancia de que los presos saben dónde viven los funcionarios, hasta el punto de que los hijos de los presos y de los trabajadores a veces comparten colegio.
Falta de medios
La mejora de medios materiales es otra de las reivindicaciones tradicionales de los sindicatos de funcionarios. “Necesitamos medios de autoprotección -aclara Galisteo- como poder llevar un taser (pistolas eléctricas de defensa) cada vez que estamos en una celda en situación de riesgo. Son herramientas que nos ayudarían a hacer nuestro trabajo lo más fácil posible y que no expongamos tanto nuestro físico”.
También se pide la utilización integral de las cámaras de vigilancia, dice Galisteo: “Las cámaras no están solamente para acusar a los funcionarios. Una cámara con audio serviría para analizar el contexto de la situación, desde el principio hasta el final”.
El balance de Galisteo no invita al optimismo: “Yo siempre digo que la vida en prisión es como Gran Hermano, todo se multiplica... Aquí nadie te agradece nada, ni a nivel de sueldo, ni a nivel de una simple palmada en la espalda, más bien lo contrario. Siempre nos sentimos perseguidos por realizar nuestro trabajo cuando lo que queremos es tomarlo en serio”.