Varios sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado sus recelos ante el acuerdo de la Junta de Seguridad del País Vasco que transfiere a la Ertzaintza nuevas competencias en materia de orden público en puertos y aeropuertos al entender que se están primando "cálculos políticos" a otros aspectos como la eficiencia y capacidad policial.
El acuerdo, según ha anunciado el Ministerio del Interior, contempla que la Ertzaintza asuma competencias de orden público y de protección de personas y bienes en los puertos y aeropuertos, mientras que la Policía y la Guardia Civil seguirán asumiendo "en su totalidad" las funciones "exclusivas del Estado" en materia de extranjería y control de fronteras, así como lucha contra el contrabando y fraude fiscal.
Interior y Gobierno Vasco han acordado que los puertos y aeropuertos vascos cuenten con un punto permanente de coordinación operativa e intercambio de información con unidades de la Ertzaintza y Guardia Civil, al ser este último cuerpo el que desarrollaba el grueso de competencias de orden público que ahora asumirá la policía autonómica dentro de estas instalaciones públicas.
Parte de un plan
"Es el origen de un plan a corto plazo cuyos efectos se extendería al resto de España y modificaría todo el escenario policial en puertos y aeropuertos", ha señalado AUGC, una de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, desde donde se han alzado más voces críticas con esta decisión.
Según AUGC, la Ertzaintza pasaría con este acuerdo a ejercer competencias "no solo sobre la zona pública de los puertos y aeropuertos, algo que ya hacían al estar en su demarcación territorial y haberse cedido en su día las competencias de seguridad ciudadana, sino también en la zona de acceso restringido, con lo que su control sería también total".
JUCIL, otra de las asociaciones de la Guardia Civil, ha señalado que se mostrará "vigilante" para que las competencias anunciadas para la Ertzaintza no afecten al futuro de los guardias civiles destinados en el País Vasco.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en rueda de prensa que ningún agente saldrá de esta comunidad autónoma debido a este acuerdo que ha enmarcado en la aplicación del Estatuto de Guernica y de la ley de 1986 que regula las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Recelos
Desde la Policía Nacional, el sindicato JUPOL también ha mostrado sus cautelas asegurando que estarán "vigilantes ante cualquier cesión ilegítima", según han asegurado en declaraciones a Europa Press.
Para CEP, lo que ha hecho el Ministerio del Interior es "dar otra gravísima vuelta de tuerca al desmantelamiento de competencias cediéndolas a la Ertzaintza por cálculos políticos".
Este sindicato de la Policía denuncia que Fernando Grande-Marlaska les "despoja" de la protección de la seguridad ciudadana y policía judicial en estas instalaciones "que son esenciales". "La policía autonómica vasca a partir de ahora tendrá una posición preeminente", han indicado.
"Lo más preocupante es que esta decisión acordada hoy vaya a tener su continuidad en Cataluña, como ya se ha denunciado en los últimos meses sin que Interior lo haya negado en términos contundentes", ha concluido la CEP.