Una alta inspectora de la Agencia Tributaria ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Madrid por ser parte de una trama que estafó más de 6 millones de euros a una treintena de jugadores extranjeros de fútbol y baloncesto profesional y en la que también están involucrados tres abogados, que igualmente han sido condenados, informan EFE y Europa Press.
La sentencia considera a la inspectora autora de un delito continuado de utilización de información privilegiada por parte de un funcionario público, por lo que le ha impuesto una multa que asciende a 18.843.236,58 euros, el triple de la cantidad estafada. Además, ha sido penada a dos años de cárcel, a un mes de privación de libertad y a cinco años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.
Por otra parte, los tres abogados implicados han sido condenados a 8 años de prisión por delito continuado de estafa, un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil y un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público.
Los acusados se sentaron en el banquillo de los acusados el pasado mes de marzo por apropiarse de 6,3 millones de euros de deportistas de élite en concepto de devoluciones del IFPF no solicitadas y de las que los jugadores desconocían su derecho a reclamar.
Entre los perjudicados se encuentran los exfutbolistas del Real Madrid Nuri Sahin y Hamit Altintop; los exjugadores del Atlético de Madrid Eduardo Salvio y Sinama Pongolle; el exsevillista Emir Spahic: y Marius Stankevicius (Sevilla, Valencia y Córdoba) o Pierre Webo (Mallorca, Osasuna y Leganés). Este último, segundo entrenador del Estambul Basaksehir FK en la actualidad, ejerce como acusación particular junto al futbolista argentino Javier Hernán Malagueño, ex del Málaga FC.
En el juicio, el fiscal reprochó a los acusados que manifestaran que el representante deportivo Ernesto Bronzetti les encargó gestionar su patrimonio por una supuesta persecución de la Agencia Tributaria cuando el procedimiento arrancó después de su fallecimiento en 2016.
En su declaración, el jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía explicó que les encomendó hacer un cotejo con los datos de Hacienda y solicitar a 13 clubes las certificaciones de retenciones de 24 jugadores, de las cuales fueron realizadas 22. Sin embargo, las declaraciones no coincidían con las que tenía Hacienda, ya que se manipularon datos y falsificaron firmas.
Según el fiscal, entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 los cuatro condenados utilizaron dos sociedades (Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL) para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que en años anteriores habían militado en equipos españoles y que eran totalmente ajenos a dichas reclamaciones.
En concreto, solicitaban la devolución correspondiente a la diferencia existente entre las retenciones del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) soportadas por los jugadores, en su condición de sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España, y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el Impuesto sobre las Rentas de No Residentes (IRNR).