El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistió el pasado 14 de diciembre al último pleno ordinario del Consejo de la Guardia Civil, en el que las asociaciones profesionales le recordaron sus reivindicaciones para mejorar las condiciones de los guardias civiles, equiparando al Instituto Armado con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Grande-Marlaska solo estuvo presente en el inicio de la reunión, que abandonó junto al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, porque les coincidía con un acto que tenían agendado para firmar un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial precisamente relacionado con la formación conjunta de miembros del Instituto Armado y de la judicatura.
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) valoró positivamente el gesto del ministro del Interior asistir al Consejo de la Guardia Civil, expresando su confianza en que esa tendencia se mantenga y "que no ocurra como en la anterior ocasión, cuando dijo que tomaba nota sin que después atendiera ninguna de estas peticiones".
"No es de recibo que un guardia civil realice 204 horas más al año, lo que significa que trabaja un mes más que el resto de los efectivos en otras policías", subrayó JUCIL en un comunicado.
Ahora, la asociación ha emitido un nuevo comunicado en el que urge a Grande-Marlaska a que comience a modificar la normativa para que ésta contemple las reivindicaciones que le fueron planteadas durante el último Consejo de la Guardia Civil, sobre todo las relativas a la equiparación salarial, la fijación de una jornada digna y de unas condiciones de jubilación que sean similares a las de las policías autonómicas y locales.
"Tras un año de retrocesos y de pérdidas en los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, el año 2024 debe de ser un tiempo en el que se produzcan avances en la mejora de las condiciones para los integrantes del Cuerpo", afirma.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha asegurado que Grande-Marlaska mostró su comprensión ante sus demandas y se habría comprometido a satisfacerlas. "Atendiendo a sus propias palabras, estaremos atentos a ver de qué forma comienzan a plasmarse en forma de nuevas normas, todas esas mejoras reclamadas y que Marlaska dijo entender", ha señalado.
Pide que se aplique el principio de Yolanda Díaz de "a igual trabajo, igual salario"
Vilariño también ha remarcado que su principal demanda es la igualdad con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, equiparando sus sueldos para que estén a la par. En esta línea, ha instado a Grande-Marlaska a aplicar el principio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de "a igual trabajo, igual salario".
"Los guardias civiles, como servidores públicos, tienen derecho a las mismas condiciones laborales y de jubilación que el resto de los empleados de las Fuerzas de Seguridad del Estado", subraya el secretario general de JUCIL.
Reclama respeto para los representantes de los guardias civiles
En su comunicado, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil también expresa su deseo de que comience una nueva era en las relaciones que mantiene la Administración con las asociaciones representantes de los guardias civiles. En este sentido, Vilariño ha apuntado que ello no puede suponer, en ningún caso, "el abandono o la cesión en nuestras posiciones sobre la reivindicación de la equiparación salarial con las policías autonómicas, una brecha que lejos de cerrarse ha crecido de forma considerable en este 2023".
JUCIL advierte que va a seguir luchando para acabar con "esta más que evidente discriminación laboral" de la que son objeto los guardias civiles, ya que señala que "cobran mucho menos por el mismo trabajo y la misma función que le corresponde a un mosso d'esquadra catalán o un Ertzaintza vasco". Por ello, ha reclamado respeto para los representantes de los guardias civiles y ha aseverado que no va a cesar en sus reivindicaciones, pese a los "intentos por acallar nuestras voces mediante expedientes y sanciones frente a las que nuestros servicios jurídicos defenderán los derechos de los guardias civiles que, como ciudadanos, también se encuentran recogidos en la Constitución".