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JUPOL: una "nueva chapuza" de Marlaska frena el acceso al DNI en zonas rurales

El sindicato de la Policía Nacional denuncia la paralización del proyecto de expedición de DNI y pasaportes en áreas rurales por un "grave error" en la gestión de Interior.

Silvia

Redactora especializada en Seguridad y Tecnología.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en uno de los 80 Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) del proyecto de expedición del DNI y pasaporte en zonas rurales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en uno de los 80 Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) del proyecto de expedición del DNI y pasaporte en zonas rurales

En octubre de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció con entusiasmo el despliegue de 80 Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) destinados a agilizar la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y de los pasaportes en zonas rurales de España. Estas furgonetas prometían emitir documentos en un solo trámite y en apenas diez minutos, eliminando la necesidad de que los ciudadanos se desplazaran a una oficina física para la impresión y reduciendo los tiempos de espera y recursos.

Sin embargo, apenas cuatro meses después de este anuncio, el proyecto ha quedado en suspenso, afectando a miles de ciudadanos y con significativas implicaciones económicas. Así lo afirma JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que denuncia que las 80 furgonetas destinadas a este servicio se encuentran inmovilizadas debido a un "grave error administrativo y técnico": la falta de homologación, ya que superan la Masa Máxima Autorizada (MMA) para vehículos ligeros de 3.500 kg.

En una nota de prensa, JUPOL señala que la problemática ha surgido al instalar en los VIDOCs los equipos necesarios para la expedición de DNI y pasaportes, lo que ha provocado que su peso exceda el límite permitido para poder circular sin la correspondiente homologación. Según el sindicato, este error demuestra "la falta de planificación y previsión del Ministerio del Interior", por lo que señala directamente a Grande-Marlaska responsabilizándole de una "nueva chapuza" que ha paralizado el proyecto.

"La adquisición de estos vehículos sin haber contemplado previamente su peso y las limitaciones normativas es una muestra más de la improvisación con la que se toman decisiones en el Ministerio del Interior", sostiene el sindicato, que considera "inaceptable que un proyecto de tal magnitud y relevancia social haya sido gestionado con tanta falta de previsión y rigor técnico".

Despilfarro millonario y miles de ciudadanos afectados

Además del impacto social que conlleva la paralización del proyecto, JUPOL advierte que también supone un "despilfarro millonario para las arcas públicas". Según sus estimaciones, cada una de las furgonetas tiene un coste aproximado de 250.000 euros, lo que ha implicado un desembolso total unos 20 millones de euros.

A este gasto, suma los costes adicionales que previsiblemente deberán asumirse para aplicar las medidas correctivas necesarias, que pueden ir destinadas a la homologación de los vehículos o a su adaptación para cumplir con la normativa vigente. "Este proceso, además de retrasar aún más la implementación del proyecto, podría incrementar significativamente el gasto público, lo que nos lleva a cuestionar la gestión del Ministerio del Interior en este asunto", subraya.

En cuanto al impacto social, JUPOL remarca que la paralización de este proyecto afecta directamente a miles de ciudadanos de zonas rurales, quienes ahora "ven frustradas sus expectativas de contar con un servicio más accesible y cercano para la renovación de su documentación".

Exige explicaciones y soluciones inmediatas

Ante esta situación, JUPOL exige respuestas claras y soluciones urgentes por parte del Ministerio del Interior. "Exigimos explicaciones y, sobre todo, soluciones inmediatas para que estos vehículos puedan cumplir su función y no se conviertan en otro despilfarro de dinero público".

"La falta de planificación en un proyecto de esta envergadura no solo genera un problema logístico, sino que también supone un duro golpe a la confianza en la administración pública y en su capacidad para gestionar eficazmente los recursos del Estado", apunta la organización sindical, que insta al Gobierno a "actuar con rapidez y responsabilidad" para resolver el problema cuanto antes.

El sindicato remata su comunicado reiterando su compromiso con la defensa de los intereses de los policías nacionales y de los ciudadanos. En esta línea, asegura que permanecerá "vigilante" para que este asunto "no quede en el olvido" y para que se tomen las medidas necesarias para corregir lo que califican como un grave error en la gestión del Ministerio del Interior.