La escasez de médicos en los centros penitenciarios alcanza límites muy peligrosos. El déficit de médicos en los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está a solo dos puntos del 60%. ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, vuelve a denunciar la precariedad en la que se encuentra la sanidad penitenciaria, que, durante el Covid, registró cifras alarmantes entre los presos y también entre los funcionarios.
No se cubren las plazas vacantes y las convocatorias de médicos interinos apenas alcanza el 1,5% de los puestos necesarios. Muchos centros carecen de médicos para atender las necesidades diarias o para hacer las guardias,
Según denuncia Acaip-UGT en un comunicado remitido a nuestra redacción, la solución planeada por la administración, con carácter general, es establecer un servicio de “telemedicina” en los centros penitenciarios, lo cual es inoperativo dada la idiosincrasia del medio y sus particularidades asistenciales y legales.
Señalan que "aplicar este modelo en los centros es tanto como desconocer la realidad de los mismos. A modo de ejemplo, ante una alteración regimental del orden en la prisión es precisa la intervención del médico para la elaboración de informe y valorar la conveniencia o no de la aplicación de sujeciones mecánicas, estableciendo el protocolo que este sea previo".
Y es que según recuerdan, es altamente frecuente que el médico deba atender situaciones de urgencia derivadas de autolesiones de los internos, intoxicaciones por estupefacientes o lesiones que pueden producirse con otros internos. En definitiva, numerosas actuaciones que requieren la pertinente emisión de informes médicos que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos.
Desde el sindicato señalan que "podemos encontramos ante un problema médico-legal si la administración pretende que otros profesionales sanitarios asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son competencia exclusiva del médico, no estando otros profesionales capacitados para decidir que situaciones son de urgencia vital o precisan ser trasladados al hospital para exploraciones complementarias".
Según dicho sindicato, es necesario que se adopten soluciones viables, y no hacer política de hechos consumados como la asistencia por “telemedicina”, sin tener en cuenta la apreciación de quienes trabajan día a día en los centros y son plenos conocedores de los problemas que este tipo de atención puede generar, de carácter jurídico y sanitario que, además, redunda en la propia seguridad de los centros y la salud de los internos.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones.
Han transcurrido diecinueve años y la mayoría de comunidades no han asumido estas competencias. Desde ACAIP-UGT entienden que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario.
Finalizan el comunicado con esta frase. "No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria".