Las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales confiaban que su convocatoria prevista para hoy fuera todo un éxito. Y a pesar de los siete grados de temperatura y los negros nubarrones que se amenazaban el cielo de la madileña Puerta del Sol, sus previsiones se han cumplido ante la que ha sido la "gran manifestación" contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La conocida por sus detractores como "ley mordaza" cuenta con el respaldo de los dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos (Cs), como ya hicieron el pasado miércoles en otra concentración frente a las delegaciones del Gobierno.
La de este sábado ha sido, informa Europa Press, una movilización "en unión al resto de sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España", según ha destacado Jusapol, la plataforma convocante que, desde 2018, ha protagonizado numerosas concentraciones para pedir una equiparación salarial "real" frente al Congreso y el Ministerio del Interior.
La plataforma Jusapol y el resto de organizaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales han centrado sus críticas en la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, ha reclamado en declaraciones a los medios que el ministro "diera la cara" por ellos, al entender que la reforma planteada rebaja el principio de autoridad.
Coinciden los máximos dirigentes de PP, Vox y Cs
La cita ha congregado en la capital a los máximos dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos. Pablo Casado, recién llegado del encuentro con presidentes provinciales e insulares del PP en León, donde ya se ha referido a la reforma de esta ley, ha insistido en su mensaje.
Según Casado, con el cambio de la ley que aprobó el PP en 2015 "no les permiten actuar, multar, ni saber dónde hay manifestaciones". Además, ha lamentado que el Ejecutivo defienda a "políticos que han agredido a policías", como son los casos de la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, y el exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.
"Cuando un Gobierno excarcela o da beneficios carcelarios a delincuentes y deja tirados a los jueces, policías y guardia civil que nos protegen, ese gobierno no merece seguir mucho más tiempo", ha sentenciado, criticando también al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "está muy ocupado acercando presos de ETA con delitos de sangre, cuando lleva ya 93 acercados".
Por ello, el presidente del PP piensa que debería dimitir, también por el "Caso Ghali", en el que "varios miembros del Gobierno podían haber cometido un encubrimiento de delitos y prevaricación de libro".
Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha criticado ante los medios de comunicación el "sectarismo" contra la policía del Gobierno y de sus socios, EH Bildu, Esquerra y Unidas Podemos, y "su defensa a los delincuentes" por esta reforma. Además, ha criticado que la reforma propuesta por el Ejecutivo es un "empeoramiento de la Ley de Seguridad Ciudadana", porque va encaminado a "desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ya que "no se va a avanzar en un sistema que lo que hace es criminalizar y desproteger a los policías".
"Sánchez se está dejando llevar por sus socios, que lo que quieren es que la policía sea la mala siempre, se la desproteja y que se proteja a los delincuentes", ha lamentado.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado a los medios que, "Estamos en la calle junto a los más leales y más esforzados servidores de España", y ha resaltado la situación "es muy sencilla": "Estamos aquí contra una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional".
A la marcha policial ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aunque no la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no obstante ha mostrado su apoyo a las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales en declaraciones a los medios en la Puerta del Sol antes de la manifestación, a la que no se ha podido quedar, según ha señalado, por sus "labores institucionales". De esta manera no ha sido posible verla junto al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en una foto muy esperada tras los últimos acontecimientos en el seno del PP.
"Tengo una labor como presidenta de la Comunidad de Madrid y creo que es mejor atender a mis labores de representación institucional. Igual que no he visto bien cuando ministros han estado a la cabeza de manifestaciones por motivos políticos", ha justificado la dirigente popular.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha intervenido en el Congreso Provincial del PSOE de Ciudad Real, ha criticado que el PP haga "un uso partidista" de la manifestación. "Los mismos que entonces recortaban en derechos y libertades, los mismos que entonces recortaban nuestra libertad, hoy nos hablan de libertad, y lo que es peor -ha destacado- hoy utilizan las movilizaciones para hacer un uso partidista de las mismas".
Rodríguez ha asegurado que "cuando gobierna la derecha, retrocedemos en derechos y en libertades, y eso a veces -ha insistido- hay que recordarlo, y hoy es un día especialmente importante para hacerlo".
La portavoz de Podemos, Isa Serra, también se ha referido esa mañana a esta concentración y a la 'ley mordaza" diciendo que ha hecho "mucho daño" a España y su democracia, y su derogación "llega tarde".
La marcha ha discurrido por el centro de Madrid bajo el lema "No a la Inseguridad Ciudadana", y ha contado con el apoyo de unas 40 organizaciones policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Los Mossos d´Esquara no secundan la marcha
También respaldan la manifestación organizaciones policiales representativas del País Vasco y de Navarra, aunque no así de los Mossos d'Esquadra. Fuentes de la marcha convocada por Jusapol aseguran que el SIPE de la Ertzaintza ha confirmado que secunda la manifestación -en la protesta frente a delegaciones participó, además de este sindicato, ErNE, EUSPEL y SVPE-PLES-. En el caso de Policía Foral quien apoya es APF.
Por parte de los mossos, se suma una asociación sin representación en los órganos internos de la policía catalana, la conocida como "Policías Autonómicos por la Pasarela", que agrupa a agentes que piden "pasarse" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los convocantes incluyen a una docena de organizaciones representativas de los policías locales y bomberos, así como a otros sindicatos como CSIF, que la semana pasada anunció que "miles de policías locales de toda España" acudirían a la marcha del día 27.
"No a la España insegura"
Tras las discrepancias iniciales por el calendario de protestas, las organizaciones mayoritarias en la Policía y la Guardia Civil, JUPOL y JUCIL, señalaron que su protesta del sábado, aunque canalizada por Jusapol, se abriría a otros sindicatos. Además, respaldaron la convocatoria del pasado 24 de noviembre frente a delegaciones del Gobierno de otra plataforma, "No a la España insegura".
Tanto desde el Gobierno como el PSOE y Unidas Podemos han lanzado mensajes en las últimas horas señalando que la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015 se llevará a cabo porque es un compromiso de los socios del Ejecutivo, respaldado por otros partidos como PNV, ERC o EH Bildu.
Los socios del Gobierno apuntan que la reforma de la "ley mordaza" lo que busca es dar mayor garantía y seguridad jurídica tanto a los manifestantes como a los policías, como sostiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los sindicatos, sin embargo, afean al Ejecutivo que se haya lanzado una reforma "arbitraria" porque no se ha contado con la opinión de las organizaciones policiales.
El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional. También porque entienden que se "elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad".
La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticado, ya que sostienen que esto merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos.
Lo mismo ocurre con la "inoperatividad" que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolver al arrestado al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en "taxistas".