El pacto alcanzado por el PSOE y Junts per Catalunya para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat catalana ha supuesto una nueva afrenta para los policías y guardias civiles, además de servir para que salieran adelante dos reales decretos votados este miércoles (el decreto ómnibus con reformas para la Justicia y el de medidas anticrisis).
Aunque todavía se desconoce el alcance del acuerdo, como ha dejado patente la propia consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, señalando que "en esta negociación solo hay compromisos difusos, no hay concreción, no hay letra pequeña" y exigiendo a Moncloa "conocer la letra pequeña", las asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han vuelto a levantarse y a airear sus protestas contra él, tras las duras críticas que vertieron por la proposición de ley de amnistía y por el pacto entre el Gobierno y la Generalitat para transferir 1.600 millones de euros al despliegue de los Mossos d'Esquadra hasta 2030.
El compromiso del Gobierno con Junts para ceder las competencias de inmigración a la Generalitat ha encendido de nuevo a policías y guardias civiles, que no han tardado en expresar su inquietud e indignación ante lo que consideran reafirma el plan de expulsarles de Cataluña.
"Un despropósito y un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Cataluña"
Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha calificado el último acuerdo del PSOE con Junts como un "despropósito" que representa "un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones" en la comunidad autónoma, informa Europa Press, que igualmente ha recogido la reacción de otros sindicatos policiales y asociaciones de Guardias Civiles, como vamos a ir viendo a continuación.
Según Jupol, el pacto "supone una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña, sin atender en ningún caso a criterios técnicos u operativos", sino basándose solamente en "objetivos políticos y partidistas".
Esta "merma en las competencias" de la Policía Nacional, "es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general", ha advertido el secretario general del sindicato, Aarón Rivero.
Abre la puerta "al desguace competencial del Estado"
Ante la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat, la Confederación Española de Policía (CEP) ha lamentado que el Gobierno haya abierto "la puerta al desguace competencial del Estado".
Según sostiene CEP en un comunicado, esta cesión "no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades". "Tampoco es la conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos".
A su juicio, la medida pactada con Junts "responde a la aplicación de un criterio de conveniencia política –plenamente legítimo, pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio– cuyo fin último no es la mejora de una política pública, sino el paliar una debilidad parlamentaria".
CEP también ha incidido en que la Constitución "reserva en exclusiva al Ejecutivo central" las competencias de inmigración, al considerar que "se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional". Asimismo, ha hecho un llamamiento a "todos los poderes e instituciones" para que el "Estado mantenga el ejercicio exclusivo-vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador", y ha avisado que esta cesión "no constituirá la última de las demandas de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña".
"Un retroceso que corrompe el espíritu europeo", por el que pide amparo a la UE
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elevado sus críticas hasta la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, en una carta remitida este jueves en la que le pide que "fiscalice" e "impida" el acuerdo del Gobierno con Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña mediante una futura ley orgánica.
"No existe ningún país de la Unión Europea que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo Estado", indica el SUP en su misiva, firmada por la secretaria general del SUP, Mónica Garcia, y consultada por Europa Press.
El SUP alerta sobre la transferencia señalando que contraviene con la pretensión europea de que los Estados tenga capacidad para "filtrar y discernir la estancia de inmigrantes irregulares sin ser detectados, haciendo más eficaz el sistema de asilo, cooperando en las crisis humanitarias y poniendo en marcha medidas contra la radicalización proveniente de terceros países". Además, asegura que "redundaría en la seguridad y perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración que tan buenos resultados están teniendo".
El sindicato ha recordado que las competencias en materia de inmigración son exclusivas del Estado, en virtud del artículo 149 de la Constitución, y que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional, según establece la Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"Solicitamos a la Unión Europea que atienda nuestra petición de fiscalizar estas actuaciones del Gobierno de España e impida, dentro del marco legal, que se transfieran las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña", concluye el escrito de la secretaria general del SUP a la comisaria europea de Asuntos de Interior.
El SUP también ha remitido otra carta de forma urgente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que frene el acuerdo pactado con Junts "para salvar a Sánchez" en la votación parlamentaria. Así lo ha dado a conocer el propio sindicato en un comunicado en el que asevera que la "disgregación interna en España corrompe el espíritu europeo; ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, no es progresar".
"Nunca permitiremos el desmantelamiento de la Policía Nacional y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos", apuntan desde el SUP, que espera que Grande-Marlaska "no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y preserve nuestras competencias".
Asociaciones representativas de la Guardia Civil también han mostrado su rechazo al último pacto del Gobierno y Junts. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a calificarlo como un "despropósito" que considera "solo alude a intereses partidistas con la intención de desmantelar la operatividad de la Guardia Civil y tratar de expulsar de Cataluña a los guardias civiles". Por su parte, la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha insistido en que la competencia en materia de migración es "exclusiva del Estado" y ha expresado su temor por si el Ejecutivo de Sánchez es "incapaz de gobernar sin una constante aceptación de chantajes". En esta línea, ha advertido del "profundo desmantelamiento de las estructuras del Estado en Cataluña y el País Vasco, que incluirá la práctica desaparición en estos territorios de la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional".
La Dirección General de la Policía ha calmado a los sindicatos
La Dirección General de la Policía ha tranquilizado este jueves a los sindicatos policiales, según informa EFE citando a fuentes sindicales. Tal y como han indicado, responsables de la Dirección se han puesto en contacto con los representantes de sus organizaciones en unas llamadas en las que les han asegurado que el traspaso de la inmigración a Cataluña no supondrá la pérdida de las competencias que ahora tiene este cuerpo en materia de extranjería y fronteras.
De acuerdo con las fuentes, en esas llamadas la Dirección ha recalcado que las competencias actuales de la Policía Nacional se quedarían "como están".