Han pasado dos semanas desde la catástrofe y todavía me cuesta evadir la mente y escribir de otro tema que no sea la tragedia ocurrida en Valencia. Es difícil pasar la página de la mayor catástrofe natural que ha asolado a nuestro país en lo que va de siglo. Se ha escrito mucho sobre ello, aunque creo que poco que remedie la desolación que ha afectado a casi 400.000 personas. Y nada, sin duda, que compense lo vivido por las familias de los más de 200 compatriotas fallecidos. Españoles que, pocas horas antes, gozaban confiados de una seguridad que supuestamente les proporcionaba su país.
Reconozco que estas líneas aun destilan impotencia contra una DANA asesina, a sabiendas de que la naturaleza no discrimina cuando desata toda su fuerza contra el ser humano. Pero también estoy convencido de que un Estado cuyo PIB se sitúa en decimoquinta posición del ranking mundial debe ser capaz de proteger a sus ciudadanos proporcionándoles la seguridad que toda nación moderna que se precie está obligada a facilitar.
Soy de los que creen que las consecuencias de la catástrofe van a remover los cimientos de nuestro Estado de Derecho. Aún es pronto cuando el olor a podredumbre flota todavía en el ambiente de muchas de las zonas anegadas. Pero, sin duda, cuando las máquinas acaben sus trabajos y los héroes que han acudido al rescate regresen a sus casas, la realidad de la catástrofe comenzará a alcanzar su auténtica dimensión. La diferencia con las anteriores tragedias es que hoy sus consecuencias no se pueden ocultar como antes. Los medios de comunicación y la presencia mediática sobre el terreno evidencian la realidad de las cosas.
Por eso, los españoles conocimos en modo streaming los efectos de tan catastróficas riadas que algunos de los testigos describieron como "auténtico estado de guerra". Otros calificaron la situación de dantesca, como la que provoca un tsunami con sus gigantescas y devastadoras olas cuando se adentran en tierra firme. Y es que nadie, en España e incluso fuera de ella, ha sido testigo indiferente a la desolación y a los desgarradores testimonios de auxilio y desesperación que la población afectada emitió. Aún hoy, más de dos semanas después, los valencianos siguen sin disfrutar de la totalidad de los servicios públicos que gozaban antes de la DANA. Esos que los políticos bautizaron como proporcionados por el "Estado del bienestar".
Pasará mucho tiempo hasta que los afectados recuperen la calidad de vida que el supuesto "Estado del bienestar" les aseguraba. Un "Estado" que, en una época no muy lejana, sus dirigentes se vanagloriaban de estar en la vanguardia de los estados más avanzados socialmente con aplicación de políticas públicas, de corte mal llamado social, con las que sesgadamente han apoyado a colectivos minoritarios en detrimento de las mayorías que calladamente han visto como el Estado abandona las inversiones en infraestructura civiles, críticas para preservar su seguridad.
Una seguridad que es intangible a todas luces. Una seguridad que miles de valencianos no percibieron a pesar de los desgarradores gritos de auxilio y peticiones de apoyo de los que todos sus compatriotas hemos sido testigos. Una seguridad que sin embargo nuestros gobernantes proclaman a bombo y platillo, pero que en esta ocasión la riada de Valencia ha convertido también en papel mojado. Una seguridad, en fin, impolutamente encuadernada entre las páginas del Boletín Oficial del Estado, donde sin duda podemos encontrar el compromiso de un Estado cuya gestión de la riada de Valencia ha roto en mil pedazos.
Un compromiso en el que el Estado, en su conjunto, ha sido negligente en su responsabilidad. Un compromiso establecido en la rimbombante Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, donde sigue leyéndose que "la seguridad que no es otra cosa que la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones" (primer párrafo copiado y pegado). Una seguridad pretenciosa que la Ley considera como una POLÍTICA PÚBLICA en la que, bajo la dirección del presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las Administraciones Públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional.
Pero sólo los que menos tienen, la sociedad en general, han estado a la altura. Por eso el eslogan "el pueblo salva al pueblo" está de boca en boca durante la gestión de la tragedia. Por eso, siento bochorno al releer la Ley y observar su literal: "Los principios básicos que orientarán la política de Seguridad Nacional son la unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración". ¿Dónde ha quedado todo eso en la catástrofe de Valencia, si ni siquiera hemos podido pasar del primer principio?
Es difícil continuar analizando el literal de la ley y los compromisos que en ella se contienen "incumplidos" por el Estado en la crisis de la DANA. Es injustificable que esta Ley pueda considerar como ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional "aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales…" y que el resultado de su aplicación en la gestión de la DANA haya sido el que todos conocemos.
Esta Ley 36/2015 de Seguridad Nacional es donde se establece el Sistema de Seguridad Nacional, entendido como el conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos, integrados en la estructura prevista en el artículo 20 de la misma, que permite a los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional ejercer sus funciones. En la cúspide de la estructura figura el presidente del Gobierno que dirige el Sistema asistido por el Consejo de Seguridad Nacional que es apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia quien ejerce las funciones de Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente del Consejo.
Las dimensiones de la DANA fueron tan devastadoras desde el primer momento que, según la web del Departamento de Seguridad Nacional, el mismo día 29-O se constituyó un Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, presidido por la vicepresidenta Primera del Gobierno (el Presidente estaba volviendo de su viaje oficial a la India) y en el que estuvieron presente por videoconferencia tanto la Delegada del Gobierno en la Comunidad valenciana, Pilar Bernabé, como la Ministra Ribera. En realidad, la reunión del 29-O, fue un mini-Consejo de Seguridad Nacional, organismo con amplias responsabilidades tal y como detalla la Ley en su artículo 21. Se preveía la tragedia, pero no se actuó con contundencia desde el Gobierno Central ni se invocó urgentemente ningún mecanismo contemplado en la legislación de emergencias nacionales y de protección civil.
Es aquí donde han chirriado los cimientos del Estado en materia de seguridad. Una materia que la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 la eleva al rango de pilar fundamental del Estado (del bienestar, añado yo). Una Estrategia que la propia Ley en su artículo 4 la sitúa el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional aprobada en Consejo de Ministros y que cada cinco años es presentada a las Cortes Generales. Una Estrategia que identifica a las Emergencias y Catástrofes producidas por las inundaciones como uno de los riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional. ¿Se puede volar más alto en materia de pretensiones y caer tan bajo en su preservación?
Llegados a este punto es preciso mirar hacia adelante, como lo están haciendo todos los damnificados de la DANA, y afrontar el futuro creyendo en nosotros mismos como nación consolidada desde hace más de cinco siglos. También recordando a los políticos lo que emana de nuestra Constitución, sin duda modélicamente elaborada por aquel, denostado ahora, régimen del 78. Una Constitución de la que derivan los derechos y deberes que atesoran los españoles y que se consideran como fundamentales.
Unos derechos, adquiridos con su trabajo día a día y su empeño en vivir en una sociedad más justa y, sobre todo, más protegida. Entre esos derechos destaca el derecho a la defensa de los valores ciudadanos y de los bienes tanto materiales como inmateriales bajo el paraguas de la seguridad. Y el garante de todo ello no es otro que el Estado. Este Estado que ha fallado en la defensa de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana durante la tragedia.
Finalizo estas líneas al día siguiente del pleno en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para dar cuenta de la gestión del Gobierno en relación con la DANA que ha afectado a diferentes provincias. Es vergonzoso ver a los políticos como, aun con los cuerpos calientes de las víctimas, siguen enzarzados culpándose unos a otros de la catástrofe ocurrida. También ha sido particularmente infame el debate en el Parlamento europeo a resultas del "examen" a Teresa Ribera donde nuestros políticos de forma grotesca se han enzarzado dando una imagen penosa de nuestro país ante Europa, quien les ha reprochado su incapacidad de "lavar los trapos sucios internamente". Han pasado dos semanas desde la catástrofe y todavía me cuesta evadir la mente y escribir de otro tema que no sea la tragedia ocurrida en Valencia.