La Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el dictamen previo de la Proposición de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Los socios de legislatura del Gobierno, ERC y EH Bildu, han cumplido sus amenazas y han bloqueado los cambios en la denominada “ley mordaza”, por considerarlos insuficientes. Ambas formaciones apostaban por modificaciones en el material antidisturbios, como la supresión de las pelotas de goma; por prohibir las devoluciones en caliente de inmigrantes que intenten entrar de manera irregular a España a través de las fronteras de Ceuta y Melilla; y por limitar la capacidad sancionadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las faltas de respeto contra sus actuaciones.
La reforma legislativa planteada afectaba no solo a policías nacionales o guardias civiles, si no también a todos los agentes de España, tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico o local. Los cambios ahora rechazados no habían tenido ningún tipo de asesoramiento u opinión de los expertos, según denunciaron fuentes sindicales de la Policía.
Los cambios de la discordia
Una de las polémicas que generaba la reforma era la supresión del artículo 36.2, que penalizaba rodear el Parlamento. Se planteó que la “perturbación grave” ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas autonómicas dejara de ser delito.
También preocupaba mucho a los policías que se pudiera retirar la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de una concentración o manifestación y que, salvo excepciones (si pueden afectar a la seguridad de los policías, sus familias o a algún operativo en marcha), no se sancionara la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad.
Precisamente que las manifestaciones espontáneas no fueran comunicadas con anterioridad contradecía al artículo 21.2 de la Constitución, que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.
Otros cambios que al final no han prosperado: la rebaja de sanciones en caso de desobediencia a la Policía y el nuevo sistema de identificación para ciudadanos indocumentados, que hubiera paralizado el trabajo policial. La reforma de la “ley mordaza” preveía disminuir el tiempo de detención de seis horas a máximo dos horas. A esto se le añadía que al infractor habría que devolverlo al mismo lugar donde cometió la acción, lo que significaba que los policías actuarían como “taxistas”.
Otras propuestas es que dejaran de ser sancionables la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, denominada popularmente top manta, y la “perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos”. Otro de los aspectos a tener cuenta es que se llegó a contemplar no sancionar al ciudadano que provocara desórdenes públicos cuando fuera menor de edad o tuviera una capacidad económica limitada.
Rechazo policial
JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, sindicato y asociación mayoritarias en la Policía y en la Guardia Civil, a los que se unieron otras organizaciones policiales como la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), se manifestaron el pasado 4 de marzo en Madrid contra los intentos de reforma legislativa. Con el lema “¡Por una España más segura!”, 30.000 agentes se concentraron en la Plaza de Neptuno.
La no admisión a trámite de la proposición de reforma es motivo de alegría para el sindicato JUPOL, que se felicita del “trabajo realizado de concienciación y didáctica a la ciudadanía, y que la presión ejercida haya hecho posible que el Gobierno se vea en la obligación de no ceder a los intereses de grupos políticos que apostaban por una mayor indefensión de los ciudadanos y policías ante actuaciones violentas y descontroladas”.
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha asegurado que “la presión ejercida por JUPOL y JUSAPOL en las calles y en las instituciones ha sido el detonante para el decaimiento de esta reforma, que solamente beneficiaba a los violentos y los delincuentes y suponía un ataque directo a los ciudadanos y a los policías”.