La Policía Nacional ha informado a través de un comunicado de una operación que ha llevado a cabo en la provincia de Sevilla, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que se ha saldado con un balance de trece personas detenidas y otras nueve investigadas por seis delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y estafa procesal, cuantificándose el fraude en un total de 3.420.718 euros.
Según indica el comunicado, las investigaciones se pusieron en marcha el pasado mes de agosto a raíz de que la Tesorería General de la Seguridad Social registrara varios escritos-denuncias en los que se alertaba de diversas actuaciones irregulares cometidas por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Dichas empresas estaban situadas en los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Marchena, y pertenecían a sectores tan diversos como la jardinería, la limpieza de edificios, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera y el reciclado.
"Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social", señala la Policía Nacional.
Los investigadores comprobaron, al realizar un análisis patrimonial tanto de las empresas como de sus administradores, que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. Con el avance de la investigación, los agentes de la Policía Nacional también pudieron determinar la participación delictiva de las 22 personas implicadas en esta operación, "que eran principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas y trabajadores que figuraban en connivencia". A todos ellos se les imputan delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y estafa procesal.
El comunicado de la Policía Nacional también explica los diferentes entramados empresariales utilizados para perpetrar este fraude millonario a la Seguridad Social. A continuación, los detallamos siguiendo su información.
Sector de la jardinería y limpieza de edificios
Tres de las empresas investigadas están relacionadas con este sector y eran dirigidas y gestionadas por un mismo administrador. Los agentes descubrieron la existencia de un grupo de empresas que se fue sucediendo en el tiempo y compartía recursos personales y órganos de dirección. "Estas empresas fueron utilizadas como medio o instrumento defraudatorio para eludir responsabilidades personales y para evitar los posibles embargos de acreedores y, más concretamente, las deudas generadas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Existía asimismo un claro ánimo defraudador por parte del administrador de hecho y una manifiesta falta de voluntad de pago".
"No hubo interés de regularizar la deuda por parte de las empresas, ni intención de formalizar aplazamientos o acuerdos, y no presentaron alegaciones a la invitación al pago que se le remitió. Tampoco presentaron el concurso de acreedores pese a concurrir causas legales para ello. Cuando las empresas acumulaban una deuda que superaba la cantidad considerada delito, se utilizaban en paralelo otras mercantiles con las que continuar con la actividad con la misma dinámica de no hacer frente al pago de los seguros sociales".
Sector del reciclado
Las empresas dedicadas a la actividad del reciclado fueron interponiendo a diferentes testaferros con el objetivo de dificultar los previsibles embargos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
A partir de la toma de declaración a diferentes trabajadores se pudo certificar que toda la sucesión empresarial estaba dirigida y coordinada por la misma persona, quien había abusado de forma fraudulenta de la figura de la persona jurídica. Las citadas declaraciones testificales también pusieron de manifiesto que se trataba de un grupo empresarial derivado de un funcionamiento unitario, ya que los bienes muebles de una sociedad eran utilizados por el resto de las sociedades deudoras. Además, gracias al análisis de los diferentes modelos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), se pudo observar una clara facturación cruzada entre las sociedades investigadas, las cuales se dedicaban a la misma actividad. "Esto demostraría la descapitalización de las primeras sociedades deudoras a favor de las sociedades sucesoras, que en un primer momento estaban libres de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social".
Sector de mercancías por carretera
El entramado empresarial dedicado a la actividad del transporte en carretera también fue interponiendo a diferentes testaferros para ocultar a los verdaderos responsables de las sociedades investigadas, además de dificultar las labores ejecutivas de embargo de la TGSS.
"Asimismo, se observó como modus operandi la utilización de la figura del concurso de acreedores, dejando a las sociedades sin masa activa y pasiva para que los acreedores -como la TGGS- pudieran recuperar las deudas generadas a este organismo público. Además, se constató que continuaron con la actividad del transporte a través de otras sociedades en las que interpusieron a testaferros, las cuales generaron grandes beneficios superiores a los cuatro millones de euros en un intervalo muy corto de tiempo", apunta la Policía Nacional en su comunicado.