La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una ambiciosa política de deportaciones masivas, hasta el punto de prometer la expulsión de millones de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, esta estrategia afronta una serie de obstáculos significativos, desde limitaciones presupuestarias y administrativas hasta desafíos diplomáticos y legales. La falta de cooperación con jurisdicciones de otros países, la saturación del sistema judicial y la necesidad de recursos adicionales son algunos de los problemas que complican la implementación de estas políticas. A pesar de estos retos, Trump sigue decidido a cumplir sus promesas de campaña, tanto que emplea medidas controvertidas y acuerdos con líderes autocráticos para avanzar en su agenda migratoria.
En estos primeros meses de 2025 se ha comprobado que la administración Trump ha intensificado la expulsión de inmigrantes indocumentados y en ocasiones también de las personas foráneas con la documentación en regla para residir en el país. Las autoridades republicanas lo hacen utilizando leyes antiguas, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar así deportaciones sin audiencias judiciales. Estas medidas han generado un clima de hostilidad hacia las comunidades inmigrantes, lo que afecta a derechos fundamentales como el cumplimiento legal del proceso y la protección contra la discriminación.
Multa de 998 dólares por día para inmigrantes
Una de las últimas noticias que se ha conocido en esa dirección es que Trump planea imponer una multa diaria de 998 dólares a los migrantes con orden de deportación que no abandonen EE.UU., aplicándola retroactivamente hasta cinco años, lo que podría traducirse en sanciones inasumibles para personas de toda condición en cuanto a capacidad financiera. Además, quienes no paguen podrían enfrentar la confiscación de bienes y penas de cárcel, según documentos internos obtenidos por la agencia Reuters. Esta medida podría afectar gravemente a hogares de estatus mixto, y empujar de vuelta al lugar de origen a muchas familias o condenarlas a vivir por debajo del umbral de pobreza.
En ese contexto de deportaciones masivas, Trump ha empleado aviones militares para deportaciones a países que han rechazado estas prácticas, como Colombia, lo que ha provocado tensiones diplomáticas y amenazas de sanciones comerciales. Estas acciones vulneran los derechos humanos de los deportados, al tiempo que han fomentado la colaboración con Gobiernos que comparten enfoques autoritarios.
Claves de cooperación entre Trump y el Gobierno de Bukele
El mayor ejemplo de esta clase de cooperaciones es la colaboración entre la administración de EE.UU. y el Gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que se ha centrado en la deportación de migrantes, especialmente aquellos vinculados a pandillas como MS-13 y Tren de Aragua. Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., ha liderado acuerdos migratorios que permiten a El Salvador recibir deportados, incluidos criminales peligrosos.
Bukele ha aceptado estas deportaciones y ha alojado a los deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. Aunque ambos Gobiernos justifican estas acciones como medidas de seguridad, los dos han recibido críticas por las condiciones de detención y el uso de leyes controvertidas, como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Este acuerdo, que incluye un pago anual de EE.UU. a El Salvador de 6 millones de dólares por mantener a los deportados en el CECOT, está permitiendo a Trump proyectar una imagen de firmeza contra la inmigración irregular, mientras que Bukele utiliza estas deportaciones para reforzar su política de mano dura y consolidar su liderazgo regional. Sin embargo, este centro ha sido señalado por organizaciones como Amnistía Internacional por violaciones graves de derechos humanos, entre las que se incluyen detenciones arbitrarias, torturas y la muerte de al menos 18 personas bajo custodia estatal.
Entre las denuncias que pone sobre la mesa Amnistía Internacional sobre esta situación, se señala que, tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, el Gobierno de Trump ha expulsado ilegalmente a 255 personas a El Salvador, muchas de ellas sin órdenes de deportación y pese a medidas judiciales que lo prohibían. Estas personas están detenidas en el CECOT, que según el análisis de AI es “una prisión conocida por sus condiciones inhumanas, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica y malos tratos”. Entre los expulsados, apunta esta organización, “hay personas sin antecedentes penales ni vínculos con bandas, algunos incluso con protección legal vigente en EE.UU. La medida viola el principio de non-refoulement (no devolución) del derecho internacional, que prohíbe enviar a alguien a un país donde corra riesgo de sufrir abusos graves”.
La injusta deportación del salvadoreño Kilmar Abrego
La deportación de Kilmar Abrego García, un salvadoreño con estatus migratorio regular en EE.UU., expone los peligros de la política migratoria de Trump y concita la atención de los medios y la opinión pública estadounidense en las últimas semanas.
Se trata de una política que prioriza cuotas de expulsión por encima del debido proceso, según ha denunciado el abogado Haim Vasquez: “Están tomando acciones para tratar de cumplir números, pero no se dan cuenta de que están deportando personas que no deben deportar”. La jueza federal Paula Xinis calificó la expulsión como carente de “bases jurídicas” y ordenó su regreso inmediato, señalando una negligencia grave del sistema, mientras el Gobierno respondió que fue solo un “error administrativo”.
El hecho de que Abrego sea salvadoreño lo convirtió en blanco fácil del acuerdo bilateral entre Trump y Bukele. Este caso refleja los abusos de un sistema que, como alerta Beth C. Caldwell, profesora de Derecho en la Universidad de Southwestern, “utiliza como factor primordial el hecho de que las personas tengan tatuajes para identificar criminales”, lo que “ha llevado a identificar sistemáticamente de forma errónea a personas como miembros de bandas”.
Mahmoud Khalil, estudiante con ‘green card’ detenido
Para profundizar en esa dinámica de acoso tan injusto y alegal a los inmigrantes, resulta representativo también el caso de Mahmoud Khalil, un estudiante con ‘green card’ (documento oficial que acredita la residencia legal permanente de una persona en Estados Unidos, permitiéndole vivir y trabajar en el país de forma indefinida), que ha sido detenido sin cargos criminales bajo una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El asunto ha generado alarma entre las comunidades de inmigrantes pues expone que el Gobierno está utilizando herramientas legales para restringir la permanencia de residentes legales y titulares de visa.
La segunda administración de Trump ha intensificado la aplicación de leyes migratorias hasta el punto de detener a inmigrantes mientras sus casos son procesados, lo que ha creado incertidumbre y temor entre quienes tienen estatus legal en el hace no tanto conocido como el país de las oportunidades.
El enfoque más severo en la aplicación de las leyes migratorias de la administración Trump ha llevado a universidades como Brown a advertir a sus estudiantes internacionales sobre los riesgos de viajar al extranjero. En ese sentido, abogados de inmigración, como Jonathan Grode, han señalado que “aunque las leyes no han cambiado, su aplicación es más estricta”. Este clima de incertidumbre afecta a los titulares de visas y ‘green cards’, quienes temen ser detenidos o deportados por razones que antes no habrían sido consideradas suficientes.
¿Cómo combatir este clima de hostigamiento a los inmigrantes? Los expertos en inmigración y los activistas de los derechos humanos señalan la importancia de conocer los derechos legales y recomiendan llevar siempre consigo los documentos de inmigración para protegerse de posibles abusos o detenciones arbitrarias.
Cuando el sufrimiento humano se hace entretenimiento
El artículo The Deportation Show (El espectáculo de la deportación), de Adam Serwer, periodista de The Atlantic, analiza cómo la administración Trump transforma las deportaciones en un espectáculo televisivo, donde el sufrimiento humano se convierte en entretenimiento para justificar políticas cada vez más crueles. La narrativa establece un paralelismo entre los juegos sangrientos de la antigua Roma y las modernas transmisiones mediáticas que, al disociar la violencia de la opresión, terminan normalizando y entreteniendo con el dolor ajeno.
De la misma manera que los romanos se deleitaban con los espectáculos en el Coliseo, hoy en día se utilizan las redes sociales y la televisión para suavizar la imagen de acciones autoritarias. Así, la administración Trump aprovecha formatos de ‘reality show’ para “racionalizar su crueldad” y generar una desconexión emocional en el público. En este contexto, la publicación de videos con sonidos ASMR durante las deportaciones se erige como un recurso para transformar actos de represión en meros momentos de entretenimiento.
Estos videos, diseñados para calmar y adormecer los sentidos con susurros y sonidos suaves, son una buena metáfora del tono con el que algunos medios estadounidenses cubren las deportaciones masivas de inmigrantes. Así como esos videos buscan provocar una sensación placentera y apacible, ciertas narrativas mediáticas emplean un lenguaje eufemístico y tecnocrático que desactiva la empatía del público frente al sufrimiento humano. En lugar de mostrar la angustia de las familias separadas o el miedo de quienes son expulsados, se habla de “protocolos”, “procesos administrativos” o “seguridad fronteriza”, como si se tratara de un trámite más, sin profundizar en un modo de proceder que genera víctimas reales.
Un ejemplo representativo de esa dinámica es la actitud de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien provocó controversia al publicar en la red social X imágenes y videos de redadas en Nueva York, junto a un texto en el que decía: “Aquí en Nueva York esta mañana estamos sacando a los sucios de estas calles”.
Los medios conservadores de Estados Unidos están banalizando el dolor de las personas inmigrantes, al tiempo que perpetúan estereotipos negativos que refuerzan la deshumanización. La conversión de la deportación en un show no solo distorsiona la realidad, sino que también fomenta políticas discriminatorias, evidenciando una tendencia a sacrificar derechos humanos en aras de una narrativa de entretenimiento político.
¿Qué hacer para no ser deportado de Estados Unidos?
Para evitar la deportación en Estados Unidos, es crucial mantener un estatus migratorio legal y contar con documentos que acrediten la permanencia, como la ‘green card’ o una visa válida. Si uno (o algún ser querido o amigo) se enfrenta a un proceso de deportación, puede solicitar asilo mediante el Formulario I-589, argumentando un temor fundado de persecución en el país de origen. Además, es recomendable buscar asesoría legal y no firmar documentos sin consultar a un abogado. Llevar pruebas de la residencia en EE.UU., como contratos de alquiler o registros escolares, también puede ser útil. La clave está en conocer los derechos que uno tiene y actuar con precaución.
¿Cuál es la diferencia entre expulsión y deportación?
En el contexto de Estados Unidos, expulsión se refiere a la acción inmediata de rechazar la entrada de una persona en la frontera o devolverla al país de procedencia, normalmente porque no cumple con los requisitos legales para ingresar. Mientras que deportación implica la remoción de un individuo que ya se encuentra dentro del país, sea por violaciones migratorias, actividades criminales o incumplimiento de leyes migratorias. Mientras que la expulsión suele ser rápida y administrativa, la deportación generalmente incluye procesos legales más prolongados, como audiencias ante un juez de inmigración. Ambas tienen implicaciones legales significativas y afectan el estatus futuro de entrada al país.
En síntesis: resulta crucial tejer una mirada crítica a las deportaciones masivas impulsadas por la segunda administración de Trump, ya que estas políticas no solo incumplen flagrantemente los derechos humanos de las personas indocumentadas, sino que también erosionan los valores fundamentales de Estados Unidos como nación de inmigrantes.
La criminalización y deshumanización de los inmigrantes, junto con la separación de familias y las condiciones inhumanas en los centros de detención, evidencian una política que prioriza el espectáculo mediático sobre la justicia y la compasión. Además, estas acciones generan un clima de miedo y desconfianza en comunidades vulnerables, lo que afecta a sectores esenciales estadounidenses como el cuidado de mayores y la agricultura. La resistencia política, social y legal a estas políticas es vital para proteger los derechos de los inmigrantes y promover una sociedad más justa e inclusiva, tanto en Estados Unidos como en el mundo.