La Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, EditoRed, de la que Escudo Digital es miembro, condena la ola de represión que vive el periodismo en Venezuela y exige garantías para que los profesionales de los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, puedan ejercer su labor en este país de forma libre, segura y digna.
Desde el pasado 29 de julio, cuando el CNE anunció a Nicolás Maduro como el ganador de los comicios en Venezuela, -pese a los indicios de graves irregularidades y denuncias que desdicen de la credibilidad y transparencia del proceso electoral-, el país suramericano vive una aguda crisis de derechos humanos.
Esta ola de represión ha afectado a activistas, opositores políticos, ciudadanos manifestantes, y a los medios de comunicación y periodistas que cumplen con una labor que es clave para la democracia y el Estado de Derecho.
Son al menos 12 periodistas y trabajadores de medios de comunicación los que, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTPV), han sido detenidos antes, durante y después de las elecciones en procedimientos irregulares y bajo supuestos cargos, que van desde el terrorismo, conspiración o la incitación al odio, procesos judiciales de los que se desconocen los detalles, su fundamento y sus pruebas.
A ello se suman las acciones del régimen de Nicolás Maduro para censurar y controlar la difusión de contenidos en redes sociales, anunciando investigaciones penales contra los responsables de medios de comunicación, la suspensión de la red social X, o el bloqueo de otros mecanismos de mensajería instantánea.
En las últimas semanas el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras, las organizaciones de la Unión Europea, Amnistía Internacional o la ONG Foro Penal han dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela.
En ese contexto, EditoRed hace un llamado a la comunidad internacional para que se haga un seguimiento y acompañamiento a la situación de todos los trabajadores de medios de comunicación que han sido judicializados en las últimas semanas en el país suramericano, y que han sido víctimas de la violación de garantías fundamentales como los derechos a la libertad de prensa, a la información, el debido proceso, el derecho al trabajo, la libertad y la dignidad.