El 11 de diciembre de 2006, hace 6.390 días, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN), comenzó su particular guerra contra el narcotráfico como una medida para refrendar su cuestionado triunfo electoral a través de la llamada “Operación Conjunta Michoacán”.
Este fue el inició de casi 18 años en violencia ascendente e incontenible, con un saldo de más de 350.000 personas asesinadas, 75.000 desaparecidas y 200.000 desplazadas, además de incalculables violaciones a los derechos humanos y una caída en picada de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho.
Casi 18 años después, con un precio diario de 67 personas asesinadas o desparecidas, el Estado mexicano se encuentra corrompido, debilitado y deslegitimado, y México, como país, en una clara involución democrática, sobre todo por dos motivos.
El primero de ellos por su casi “adiós” al México “federal”. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, y se define como república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 32 entidades federativas (31 estados y la capital Ciudad de México, que en casi todas las películas la denominan México D.F. ).
El 26 de mayo de 2009, el Michoacanazo -la detención de 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que a diferencia de lo que pueda imaginarse un europeo en intervenciones policiales fue casi una invasión del estado de Michoacán por 6.500 efectivos del ejercito mexicano, la armada, la Guardia Nacional e incluso la Brigada de Fusileros Paracaidistas que solo respondían al gobierno federal-, fue el inicio de la escuela en resolver problemas nacionales con soluciones centralistas.
La consecuencia de esto fue una alta dependencia de las autoridades locales y una carga desmesurada al gobierno federal, y que alcanzaron su pico centralista con el Mando Único (2015), “que busca la eliminación de las corporaciones municipales en aras de concentrar la seguridad en 32 responsables, uno por cada estado. Con ello se intenta, principalmente, eliminar la falta de capacidad y preparación en la materia de algunos municipios, así como acabar con corruptelas y vínculos con el crimen organizado en las más de 1.800 corporaciones policiales en el país”.
A estas decisiones en materia de seguridad, le acompañan otra serie de medidas como la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios (2016, 2018), la reforma electoral (2014) , la reforma del código penal, etc., mayoritariamente bajo la sana intención de evitar la permeabilidad de entidades administrativas más pequeñas y locales al crimen organizado.
Pero los estados protestan porque en vez de evolucionar el régimen federal se va a lo que ellos recuerdan como el centralismo político del porfiriato (período de la historia de México en el que el gobierno estuvo bajo el control total o mayoritario del militar y político Porfirio Díaz).
El segundo de los motivos por los que se percibe una clara involución democrática en el país es la militarización de la sociedad mexicana.
El número de militares desplegados en México desde 2006 se ha triplicado, y también el número de homicidios, lo que es como declarar institucionalmente que México está en guerra. Porque según el articulo 129 de la Constitución mexicana: “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Ergo, si el número de militares desplegados en las calles de México, han pasado de los 50.000 con Calderón (de diciembre de 2006 a noviembre 2012) a casi 130.000 con su sucesor, Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a noviembre 2018), y hasta más de 150.000 bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 hasta la actualidad) —contando al Ejército y efectivos de la Guardia Nacional-, se puede concluir que no están en tiempo de paz.
Eso además con actuaciones que incluyen la supresión de las garantías constitucionales. Solo se sostiene, jurídica y políticamente en que las raíces del problema de la delincuencia organizada, y en especial del narcotráfico, se encuentran en la irresponsabilidad, corrupción y mala gestión de los tres partidos mayoritarios que han gobernado en diferentes regiones de México: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Y ninguno de los tres quiere admitir públicamente que esa presencia del ejercito en la calle, y su más que amplia jurisdicción, solo se justifica con una declaración de estado de guerra en México.
Al inicio (2006) de esa ‘guerra’ la tasa de homicidios en México era de ocho por cada 100.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística de México. En 2023, en el caso de los hombres, la tasa fue de 21 homicidios por cada 100.000.
Siguiendo los datos del informe del IISS, los niveles de violencia en México ya son comparables con los de Somalia, Nigeria, Franja de Gaza y Ucrania. “Si en 2006 los soldados se convirtieron en policías, en este gobierno ya son también grandes constructores de obra pública, guardianes de puertos y aduanas, o muro contra migrantes. Los militares tienen contacto con civiles diariamente en 6.000 actividades. Cada vez es más común para un mexicano cruzarse con un militar sin que el Ejército haya cambiado en algo esencial: la opacidad para rendir cuentas”, se explicaba en The Washington Post.
También muy grave es la violencia hacia quienes informan en los medios de comunicación: periodistas, reporteros gráficos, redacciones; y los migrantes centroamericanos asesinados o secuestrados en México, que se cuentan por miles. Las personas que buscan a sus familiares no paran de indagar en fosas clandestinas sin el mínimo amparo de las autoridades. Si esto no es una crisis humanitaria es quizá porque México no parece ser un país en guerra, pero lo es.