La reforma judicial que está a punto de aprobarse en los Estados Unidos de México no tiene precedentes en ninguna democracia del mundo, y tanto detractores como ciudadanos a favor de la misma, no saben muy bien adónde puede llevar al país una reforma de esta magnitud.
La reforma judicial de México, impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, está generando una gran polémica tanto en México como en el ámbito internacional por las importantes repercusiones que podría conllevar. Esta reforma, aprobada por el Senado hace solo unos días, plantea cambios radicales en el sistema judicial, incluyendo la elección popular de jueces de la Corte Suprema, así como de miles de jueces a nivel estatal y federal. Además, se reducirá el número de ministros de la Corte Suprema de 11 a 9 y sus periodos se acortarán de 15 a 12 años.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la elección de jueces por voto popular. A diferencia de sistemas como el de Estados Unidos, donde solo algunos jueces locales se eligen democráticamente, esta propuesta mexicana afectaría a todo el aparato judicial federal, poniendo en riesgo la independencia del poder judicial al subordinarlo al voto ciudadano y, potencialmente, a los intereses partidistas. Este cambio plantea preguntas sobre la posible politización de la justicia, especialmente en un país con una larga historia de corrupción e impunidad
La influencia del crimen organizado en los comicios judiciales
Desde el lado económico, la reforma judicial esta generando gran inquietud entre la comunidad internacional que invierte en México y actores clave del comercio exterior, como Estados Unidos y Canadá. Estos países ya han expresado su preocupación por las posibles repercusiones sobre el estado de derecho en México. Sectores estratégicos como el energético, de manufacturas y el tecnológico podrían verse muy gravemente afectados si la independencia del poder judicial se debilita, ya que esto crearía un ambiente de incertidumbre jurídica. En este escenario, las decisiones judiciales podrían estar influidas por presiones políticas o populistas, en lugar de basarse en criterios técnicos y legales. En el sector energético México ha implementado reformas que buscan atraer inversión extranjera, particularmente en energías renovables y petróleo y hasta ahora la estabilidad jurídica ha sido fundamental para dar confianza a las empresas multinacionales que operan en el país. Pero ahora, si las disputas comerciales o contractuales se politizan, las empresas extranjeras podrían reconsiderar su presencia en México, lo que impactaría directamente en los niveles de inversión y el crecimiento económico del país.
Y en cuanto al sector manufacturero, que ha crecido muchísimo gracias a la cercanía con Estados Unidos y los acuerdos comerciales con el Tío Sam, cualquier debilitamiento del sistema judicial podría disuadir de nuevas inversiones. México ha sido un destino atractivo para empresas que buscan relocalizar su producción, pero un ambiente de incertidumbre jurídica podría llevar a esas empresas a considerar otros mercados con un marco legal más predecible y confiable. El sector tecnológico depende en gran medida de la protección de los derechos de propiedad intelectual y la certeza jurídica en los contratos. Un poder judicial menos independiente pondría en riesgo la innovación y el desarrollo de este sector, que es clave para cualquier economía moderna.
Con esta reforma el gobierno de López Obrador incide en que uno de los argumentos a favor de este importante cambio es que pretende combatir la corrupción y la impunidad en el sistema judicial. Pero en contraposición a esta idea, muchos críticos advierten que la elección de jueces mediante voto popular, sin un proceso riguroso de evaluación de competencias, podría facilitar la influencia del crimen organizado en los comicios judiciales. El narcotráfico y otros grupos delictivos podrían financiar campañas de jueces o influir en sus decisiones una vez electos, lo que agravaría la ya precaria situación de seguridad en el país. El plan del actual gobierno también contempla el uso de "jueces sin rostro" en casos relacionados con el crimen organizado, medida que, aunque diseñada para proteger la integridad de los magistrados, genera preocupación sobre la transparencia y el debido proceso en esos casos.
Por último, la reforma va a fortalecer el control del partido Morena sobre el sistema judicial. Con el dominio del Congreso y la posible influencia en la elección de jueces, el gobierno podría consolidar su poder sobre la justicia, erosionando los contrapesos democráticos. La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por voto popular, otorgaría amplias facultades para sancionar o destituir jueces, lo que incrementa el riesgo de que el sistema judicial se convierta en un instrumento del partido en el poder.
La reforma judicial mexicana plantea serios riesgos para la independencia del sistema de justicia, el estado de derecho y la estabilidad económica del país. La versión que se le está contando a los ciudadanos es la de combatir la corrupción en el sistema judicial y la impunidad con la que trabajan además de mejores condiciones laborales que el resto de funcionarios, pero se está obviando el verdadero peligro de esta reforma que es la desaparición total o parcial de la democracia mexicana… precisamente por un exceso de democracia.