Socio de derecho digital en Ecix Group y mentor de la National Cyberleague GC.
Socio de Derecho digital en Ecix Tech, antiguo Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), autor del Código de Derecho de la Ciberseguridad (BOE) y coordinador del equipo jurídico en la National Cyberleague de la Guardia Civil.
Este nuevo año trae consigo numerosas novedades en materia de ciberseguridad, donde la nueva regulación va a suponer uno de los principales desafíos para las entidades.
El debate se ha vuelto a reabrir ante la intención de la UE de prohibir el acceso de tecnología china 5G en el continente, aunque la Comisión no es concreta.
Muchas organizaciones desconocen -y, por tanto, no pueden gestionar- cuál es la opinión de sus clientes con relación a su aproximación a la tecnología.
El regulador europeo ha reconocido a los cables submarinos como infraestructuras críticas y, por tanto, le atribuye un nivel superior de protección y de obligaciones para sus responsables.
Una ley de ciberseguridad integral puede suponer una iniciativa eficaz de cara a reforzar la seguridad jurídica de España en el ciberespacio actual si no se limita a compilar lo existente.
El 15 de julio de 2019, medios de comunicación búlgaros publicaron el descubrimiento de la publicación en Internet de datos personales de millones de ciudadanos.
Los ciberdelincuentes están incorporando, como elemento innovador en sus estrategias criminales, determinados análisis de las obligaciones legales de las empresas en materia de ciberseguridad.
No lograr un nivel de ciberseguridad adecuado a los criterios marcados por la auditoría puede suponer un importante castigo a las empresas que no logran alcanzar los niveles de seguridad razonables.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya, Karim Khan, pretende perseguir determinados ataques cibernéticos, sin necesidad de una nueva Convención de Ginebra.
El CESE desarrolla una serie de aspectos relacionados con, principalmente, la cooperación internacional y, en particular, la coordinación europea, y la inversión en ciberseguridad.
Los estados miembros han alcanzado una posición común sobre la propuesta legislativa relativa a un conjunto de requisitos de ciberseguridad para los productos digitales.
Tiene consecuencias inmediatas y graves a la hora de afrontar ciberataques, pero también frente a posibles responsabilidades o a la hora de iniciar un expediente de regulación temporal de empleo por estas causas.
En las últimas semanas se han publicado unos documentos que pueden suponer un punto de inflexión sobre la aplicación de las leyes de ciberseguridad en la empresa.
Resulta fundamental que exijamos a nuestro bróker que nos explique en detalle cuál es el alcance de estas limitaciones, especialmente en un escenario como el actual.
El Ministerio del Interior está realizando pruebas para verificar el funcionamiento del protocolo ES-Alert con el fin de enviar alertas a la población por emergencias o catástrofes. ¿Se incluyen entre estas los ciberataques?
Francia debate un proyecto de ley en el que se propone obligar a las compañías de seguro al pago a las empresas aseguradas de la compensación derivada de los ciberrescates por ransomware.
¿Podría una iniciativa consistente en enviar emails con información y consejos a nuestros clientes sobre riesgos en ciberseguridad, ser considerada campaña comercial y, por lo tanto, necesitar la empresa el consentimiento expreso de sus destinatarios?
La tendencia es la de ocultar los incidentes que sufren -cada vez con más habitualidad- las empresas, lo que, además de las cuestiones éticas y regulatorias que acarrea este comportamiento, plantea otro tipo de problemáticas.
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