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Creadores e industria cultural ponen el foco en el Plan de Derechos Culturales

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha participado en LIBER 2024, con una mesa sobre los desafíos de la iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura.

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Imagen sobre la mesa sobre los desafíos de la iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura.
Imagen sobre la mesa sobre los desafíos de la iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura.

¿Cuáles son los principales retos, incógnitas y aportaciones del Plan de Derechos Culturales que quiere impulsar el Ministerio de Cultura en 2024? Las respuestas a esta pregunta han llegado durante la mesa redonda “Desafíos del Plan de Derechos Culturales”, organizada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en el marco de la Feria Internacional del Libro, LIBER 2024, que se está celebrando hasta hoy en Barcelona.  

En este encuentro han tomado parte, bajo la moderación de Carlota Navarrete, directora general de La Coalición, Eva Soria, directora de Innovación y Sector Cultural del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Lamua, portavoz de Cultura del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Sol Cruz Guzmán, Portavoz de Cultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y Gilberto Pérez del Blanco, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid y abogado especialista en Propiedad Intelectual.

Ha sido un debate intenso y proactivo en el que los cuatro expertos en la gestión de Políticas Públicas en el área de Cultura han planteado, desde su amplia experiencia y con precisión, sus reflexiones sobre la iniciativa ministerial, identificado los desafíos que conlleva, tanto respecto a la necesaria armonización del Plan con la normativa internacional como sugiriendo algunas propuestas concretas para enriquecer un proyecto que se organiza en torno a 13 ejes temáticos, desde ‘Adecuación normativa y buenas prácticas’ a ‘Cultura intergeneracional’, pasando por ‘Derechos digitales’, ‘Evaluación de políticas culturales’ o ‘Igualdad de género’, y que ahora mismo está en fase de consulta pública

Profundizar en la democracia y reducir desigualdades

Actual directora de Innovación y Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Soria ha reclamado que el derecho de acceso y participación en la cultura sea reconocido como derecho fundamental. Según ha expuesto, los derechos culturales son objeto de debate internacional, de tal modo que “si en el  siglo XX se luchó para reconocer el derecho a la salud y la educación, el XXI es el siglo en el que el debate está en el desarrollo de las políticas culturales para profundizar en la democracia y reducir desigualdades”.

Doctora en Derecho del Arte Contemporáneo y Propiedad Intelectual, Soria también se ha referido al papel de las ciudades en su relación con la cultura. “Las ciudades con una política cultural fuerte, como es el caso de Barcelona, tienen que desarrollar políticas culturales que refuercen  al sector cultural y, a la vez, garanticen el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, y den voz a la diversidad de manifestaciones culturales”, ha concluido quien como gestora ha trabajado en la Unesco o la Fundación Ramón Llull.

.Cambio de paradigma

Según Marc Lamua, doctor en Arqueología, miembro del Congreso desde 2016 y portavoz de Cultura del Partido Socialista desde la XIV Legislatura, “el Plan de Derechos Culturales pretende cambiar el paradigma con el que entendemos el acceso y uso de la cultura; en síntesis, garantizar una vida cultural plena a todos los ciudadanos de nuestro país”.

A su juicio, “como en la aplicación de tantos otros derechos, el de acceso y uso de la cultura tiene sesgos en distintos frentes que afectan a ese derecho en partes importantes de nuestra sociedad, ya sea por género, por raza o por ubicación territorial, por ejemplo”. Eso explica que el Plan “pretenda actuar sobre esas desigualdades y reducirlas en la medida de lo posible; para ello, se ha empezado por una amplia escucha activa con los sectores, pero también con la ciudadanía en general. Todo esto busca mapear de una manera más precisa el estado actual de los sectores y de las problemáticas a atajar, a partir del máximo de voces distintas en todos los niveles, tanto profesionales como de usuarios”.

Lamua ha insistido igualmente en destacar que el Plan busca “poner énfasis en la transversalidad de la cultura, más allá del estricto hecho cultural, por cómo esta afecta a múltiples aspectos de nuestra vida como ciudadanos, como en la educación o en la salud”. El portavoz socialista no ha querido perder la ocasión para recordar que, al final, está la intención de “garantizar el derecho del ciudadano a la creación y también a la expresión cultural; por ello, implica un trabajo profundo en la garantía de la libertad de expresión y su protección frente a la censura, sin duda uno de los elementos esenciales en el debate político y cultural en los últimos años”.

Proteger a los creadores para proteger la cultura

“No podemos permitir que en 2024 haya niños y jóvenes que nunca hayan ido al cine o a un concierto de música”, ha aseverado durante su intervención Sol Cruz, miembro del Congreso desde 2019 y portavoz de Cultura del Partido Popular desde 2020. De hecho, ha continuado, “no entendemos ningún plan o mejora que no nazca desde la educación. Los ministerios de Educación y de Cultura han de ir de la mano para conseguir una igualdad en el ámbito del acceso cultural, y los centros educativos tienen aquí un papel clave”.

Sol Cruz, arquitecta y delegada de Fomento, Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla, ha puesto en duda la eficacia del bono cultural, pues, desde su punto de vista no resuelve una brecha, que se acentúa en las localidades con baja densidad de población. “La cultura era una de las palancas para luchar contra el despoblamiento, pero pocas acciones se han desarrollado desde el ministerio en este sentido”, ha dicho. De igual modo ha lamentado “profundamente” la supresión de la Dirección General de Industrias Culturales, ha considerado el PERTE de la lengua “una oportunidad perdida para haber desarrollado un ambicioso plan de lectura innovador y de impacto en la sociedad” y ha puesto en valor el papel de las corporaciones municipales como “magnifica correa de transmisión de la cultura hasta el ciudadano”: “Los ayuntamientos no solo protegen de manera directa nuestro patrimonio, sino que fomentan la formación musical, con escuelas municipales,  asociaciones y bandas musicales, impulsan las bibliotecas y desarrollan una amplia programación en materias escénicas”.

Por último, ha reivindicado a los artistas y creadores, “sin cuya existencia no habría derechos de los que hablar” y ha pedido la reactivación de “las medidas pendientes del Estatuto del Artista, un consenso histórico que no puede caer en el olvido”.  

Proyecto ambicioso

Doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Madrid, Gilberto Pérez del Blanco ha sido claro en su planteamiento inicial: Los derechos de propiedad intelectual y los medios para la protección de los derechos culturales deben ser elementos capitales en el Plan de Derechos Culturales”. Este experimentado abogado, con más de 20 años de experiencia y práctica focalizada en la tutela de la propiedad intelectual y en la regulación del entorno digital y la protección de los derechos en ese ámbito, ha subrayado la ambición de un proyecto que sigue la senda marcada por algunas Comunidades Autónomas, como Navarra o Canarias, suponiendo además una implementación del reconocimiento de los derechos culturales en textos y tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

No ha querido dejar la ocasión de tildar de loable un esfuerzo que persigue “desarrollar, potenciar y profundizar en los derechos fundamentales, como lo son los derechos culturales y, en particular, el derecho a la participación en la vida cultural”. Y ha abundado: “En dicho proceso deben jugar un papel fundamental los derechos de autor, no solo como parte de los derechos culturales que son, sino porque se trata de una tipología de derechos cuyo reconocimiento como derecho fundamental ha sido seguido por un importante desarrollo normativo focalizado en la protección de los autores”.

A modo de conclusión ha manifestado que, como jurista focalizado en la protección y tutela de los derechos, entiende que “la protección de los derechos culturales debe ser un principio básico del Plan, porque el desarrollo y la correcta satisfacción de cualquier derecho pasan por establecer mecanismos de tutela y protección del mismo. Una vez más debemos enfatizar que en esa finalidad la referencia deben ser los derechos de propiedad intelectual, tanto por su conexión con el núcleo de los derechos culturales, como su importante nivel de madurez regulatoria”.

Reforzar el ecosistema de protección de los derechos de autor

Desde la Coalición, Carlota Navarrete ha puesto el acento, como conclusión, en la importancia de situar los derechos de propiedad intelectual, amenazados constantemente tanto por las prácticas ilegales en Internet como por los abusos de la Inteligencia Artificial, como una de las principales prioridades del Plan de Derechos Culturales que, en sus palabras, “debe ser un motor que ayude a reforzar el ecosistema de protección de los derechos de autor como premisa imprescindible para garantizar la libertad de creación y el desarrollo del sector”.

Las palabras de Navarrete se alinean plenamente con uno de los objetivos primordiales del Plan, que es garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder y disfrutar de la cultura en condiciones de igualdad, promoviendo la diversidad cultural y protegiendo los derechos de las personas que crean y trabajan en el sector.