Vivimos en un mundo y un tiempo en el que la inseguridad funciona como fenómeno multifacético y sistémico. En la España contemporánea, los problemas sociales y económicos no son fenómenos aislados, sino que se entrelazan de manera que alimentan la inseguridad en diversas formas. Hablamos de una dinámica en la que la precariedad laboral, la falta de acceso a una vivienda digna, el incremento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de los sistemas públicos de salud y seguridad se combinan para crear un caldo de cultivo de incertidumbre existencial y social.
Este panorama no solo afecta la estabilidad material de las personas, sino también a su bienestar psicológico y emocional. En este contexto, la creciente inseguridad en estos ámbitos cuestiona la capacidad del Estado (al menos con las políticas actuales que se están aplicando) para garantizar condiciones adecuadas de justicia social, que posibiliten a cada persona desarrollarse plenamente y vivir con dignidad.
Empleo y vivienda: la llave de acceso a la estabilidad
En cuanto a la precariedad laboral, cabe señalar que la tasa de desempleo juvenil en España es muy alta, hasta el punto de que alcanza el 26,9%, la segunda mayor en toda la Unión Europea (UE). Para quienes logran acceder al mercado de trabajo, las condiciones no son mucho mejores: la temporalidad, la falta de derechos y salarios insuficientes dificultan enormemente la emancipación y el acceso a una vivienda digna. Un dato ilustra este fenómeno: la falta de vivienda social se ha desplomado del 10% al 3,2% en 2020 y los altos precios de los alquileres han forzado a muchos jóvenes a compartir viviendas en condiciones precarias, sometidos a las exigencias de los arrendadores. Ante esta situación, el periodista neerlandés Jorn Lucas ha reflexionado en la Cadena Ser sobre el valor de “dar espacio para el trabajo a tiempo parcial, hacer el emprendimiento autónomo más atractivo y, sobre todo, darles a los jóvenes la oportunidad de trabajar. Los fines de semana, por la tarde, algunos días a la semana… a lo mejor incluso con más flexibilidad en cuanto a horarios. Me pregunto, ¿quién o qué está bloqueando todo esto?”.
El deterioro sanitario: una cuestión de dignidad humana
Respecto al sistema sanitario, el desgaste de los recursos públicos es también bastante pronunciado. Tanto es así que miles de ciudadanos esperan meses, o incluso años, para acceder a tratamientos médicos esenciales, mientras el personal se ve sobrecargado por la falta de recursos y malas condiciones laborales. Las listas de espera en el sistema público, especialmente durante los últimos años, reflejan la gravedad de esta crisis estructural en la salud pública, lo que perjudica a las clases más desfavorecidas. Un dato dimensiona esta tendencia: un total de 848.340 de ciudadanos estaban en lista de espera para operarse en España hasta el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento de 3,46% respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe de listas de espera publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Desprotección por precariedad laboral y crisis de vivienda
En la España actual, la precariedad laboral y la crisis de la vivienda se han convertido en ejes fundamentales que configuran una forma de inseguridad social y vital. Los jóvenes, por ejemplo, afrontan tasas de desempleo que alcanzan el 26,9%, según Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, lo que representa que nuestro país tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de la UE, solo por detrás de Suecia. Esta situación se agrava con un marcado descenso en la oferta de vivienda social, que ha caído del 10% a aproximadamente 3,2% en 2020.
Además, numerosos jóvenes y familias se ven forzados a compartir pisos en condiciones precarias y a enfrentarse a exigencias desmesuradas por parte de los arrendadores. Un botón de muestra elocuente de esta tendencia es exigir a los inquilinos trabajar en turnos nocturnos y tener más de dos años de antigüedad laboral, además de prohibir el uso de la cocina y la lavadora, y solicitar una fianza de 500 euros para una habitación con baño privado, como detalla Huffington Post.
Además, en ciudades como Valencia, se han aprobado multas de hasta 600.000 euros para propietarios que operan pisos turísticos ilegales, una medida con la que se busca controlar el alza en los precios de alquiler. Entretanto, en el País Vasco, las autoridades han advertido a plataformas como Airbnb sobre posibles sanciones si continúan incumpliendo la normativa turística regional, ya que se estima que el 25% de sus anuncios no cumplen con las regulaciones locales. Esta precariedad habitacional y laboral no es solo una cuestión económica, sino que también afecta profundamente el sentido de pertenencia y la realización personal.
Aumento de la criminalidad convencional y los ciberdelitos
En los últimos tiempos, la seguridad en España ha experimentado un deterioro notable, evidenciado tanto por el aumento de la criminalidad convencional como por la expansión de los ciberdelitos. Simultáneamente, la violencia contra las fuerzas de seguridad también se ha intensificado. En esas coordenadas se ubica el caso del asesinato de dos agentes en Barbate, un caso claro de cómo el crimen organizado y la actuación de nuevos clanes de delincuentes están erosionando la sensación de protección que hasta hace poco teníamos en España.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó el pasado 19 de febrero en el Congreso que la criminalidad en España está disminuyendo, tanto en delitos convencionales como en el ámbito virtual, y que el aumento de la cifra de denuncias relativas a agresiones sexuales se debe a que se denuncian más estas situaciones, lo que significa una mayor confianza en las instituciones para que se canalicen adecuadamente esos casos.
Marlaska comparó la seguridad española de manera favorable con la de otros países, ubicando a España como el 23º país más seguro del mundo, frente a posiciones inferiores de Italia, Argentina y Estados Unidos. Además, destacó que el refuerzo policial ha permitido reducir en un 45% la llegada de pateras a Canarias y aumentar la eficacia contra el crimen organizado.
Son matices que no pueden opacar una preocupante situación de inseguridad ciudadana, frente a la que los expertos han propuesto soluciones como el refuerzo de la presencia policial en zonas críticas, la modernización de los sistemas de videovigilancia, tal y como se ha implementado en 24 estaciones de Cercanías de Sevilla para mejorar la detección de situaciones de riesgo y una mayor coordinación interadministrativa que permita actualizar y aplicar de forma eficaz las políticas de seguridad, de manera que se combinen inversiones en tecnología y en formación de los agentes para recuperar la confianza ciudadana.
¿Cómo nos afecta la inseguridad en la sociedad?
La inseguridad genera en sus diversas formas (económica, territorial o política) un clima de ansiedad y desconfianza, que afecta tanto el bienestar individual como a la cohesión social. A escala personal, el temor a perder el empleo, a ser víctima de la delincuencia o a la inestabilidad política puede generar estrés y limitar la capacidad de las personas para planificar su futuro, invertir en su educación o emprender nuevos proyectos.
En el ámbito colectivo, la desconfianza hacia las instituciones y la falta de protección efectiva pueden debilitar los lazos comunitarios, lo que fomenta actitudes individualistas y reduce la participación ciudadana. Como consecuencia, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida, sino que también perpetúa desigualdades y dificulta el desarrollo de estrategias que promuevan una sociedad más cohesionada y equitativa.
¿Cuáles son las principales causas de inseguridad?
A escala mundial, conflictos bélicos como los de Ucrania y Oriente Medio provocan crisis humanitarias, mientras que el aumento del cibercrimen amenaza la estabilidad digital. Además, el cambio climático, con incendios y sequías, agrava la incertidumbre sobre el futuro, intensificando la sensación de fragilidad en la sociedad.
¿Cómo se manifiesta la desigualdad en la actualidad?
La desigualdad se manifiesta tanto en la vida cotidiana como en las estructuras económicas. En España, ciudades como Madrid y Barcelona reflejan contrastes entre barrios con servicios de alta calidad y otros con acceso limitado a educación, sanidad y empleo. A escala europea, mientras los países nórdicos aplican políticas redistributivas que reducen la brecha social, en el sur y el este persisten desigualdades marcadas. Globalmente, la concentración extrema de la riqueza y la falta de acceso a servicios básicos en regiones en desarrollo perpetúan la pobreza y limitan la movilidad social, lo que afecta a la cohesión y el progreso sostenible.
EE.UU.: diagnósticos médicos lentos y redadas a inmigrantes
La situación de deterioro de la calidad de vida no es exclusiva de España. Para elaborar este reportaje, hemos tomado como punto de referencia este artículo en la revista Time, elaborado por la periodista Alissa Quart, en el que se evidencia que eventos políticos, económicos y sociales (como la retirada de EE.UU. de acuerdos internacionales, las redadas a inmigrantes indocumentados que se están dando en la segunda presidencia de Donald Trump o la inestabilidad en el acceso a servicios esenciales) han instaurado una constante sensación de incertidumbre, que Quart denomina tierra ínfima. Esta incertidumbre se traduce en ejemplos concretos: el miedo a perder el empleo en sectores precarios, la ansiedad derivada de diagnósticos médicos demorados y la desconfianza generalizada hacia instituciones que no logran ofrecer respuestas seguras, factores que en conjunto amplían las brechas sociales.
Según la activista Astra Taylor, autora del libro Age of Insecurity (La edad de la inseguridad, “una amplia variedad de crisis, desde la creciente desigualdad hasta el deterioro de la salud mental, tienen su raíz en la inseguridad”. Por su parte, Nicholas Bloom, economista y coautor del Economic Policy Uncertainty Index (Índice de incertidumbre de la política económica), introduce el concepto de “shocks de incertidumbre” para describir eventos políticos que generan desorden económico, como el Brexit o la primera elección de Trump en 2016.
Según el encuestador republicano Patrick Ruffini, esta sensación de inseguridad llevó a ciertos votantes a inclinarse hacia la derecha en 2024, pues perciben que los políticos conservadores ofrecen estabilidad. Mientras que la economista Terry Friedline, autora de Banking on a Revolution (Apuesta por una revolución), analiza cómo la precariedad afecta incluso a quienes tienen títulos universitarios avanzados, pero sobreviven con bajos ingresos, como profesores adjuntos o maestros que deben realizar trabajos adicionales. Según Friedline, “la inseguridad también se percibe como muy elevada incluso en quienes tienen unos ingresos altos”, tanto es así que afecta incluso a quienes ganan 200.000 dólares anuales en ciudades con un alto coste de vida.
El sistema financiero y el acceso a la salud son factores clave en la inseguridad estructural, exacerbada por la dependencia del crédito. Quart menciona que las dificultades económicas alejan a la ciudadanía de la política, pues el peso de la deuda y una mala puntuación crediticia pueden hacer que la organización o incluso el voto pasen a segundo plano.
Los efectos de la inseguridad médica
Kate Nicholson, directora del National Pain Advocacy Center (Centro Nacional de Defensa contra el Dolor de EE.UU.), advierte que la inseguridad médica tiene consecuencias devastadoras, y cita el caso de Tinu Abayomi-Paul, cuya aseguradora dejó de cubrir su quimioterapia, lo que contribuyó a su fallecimiento. “La inseguridad médica no solo causa ansiedad, puede resultar en la muerte”, enfatiza Nicholson. La propia autora sufrió largas demoras en recibir diagnóstico para su COVID prolongado, a pesar de contar con seguro de salud.
Como solución, Quart sugiere fomentar una cultura de solidaridad y organización política para exigir mejores regulaciones en finanzas y salud. Rescata la idea de la communitas del antropólogo Victor Turner, una forma de apoyo colectivo que podría contrarrestar la fragmentación social. Considera que instituciones alternativas, como la banca pública, y un marco regulador más estricto para el sector financiero y los seguros de salud serían pasos fundamentales para hacer frente a la crisis. En última instancia, advierte de que “debemos reconocer que todos estamos sobre tierra ínfima” y que la inseguridad es un fenómeno que se explota de manera sistemática por quienes ostentan el poder.
En definitiva, resulta crucial tomar conciencia de que la inseguridad no es solo una sensación pasajera, sino un factor generador de nuevas formas de desigualdad que socavan la capacidad de las personas para planificar su futuro y participar activamente en la sociedad. Iniciativas como la banca pública en Europa, revitalizada por la pandemia del Covid, los robustos sistemas de impuestos y prestaciones en países nórdicos y las estrategias de cooperación entre comunidades y fuerzas de seguridad en Brasil y Colombia demuestran que es posible revertir esta tendencia. Estas propuestas, al fortalecer la protección social y fomentar la inclusión, actúan como espejos de referencia para construir un futuro en el que la seguridad se ligue de manera inseparable a la igualdad, promoviendo un entorno donde el desarrollo personal y social se fundamente en la equidad y la resiliencia.