Las medidas para garantizar la seguridad en la campaña de la fruta se aprueban en Cataluña

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recogida fruta

Fresas en Huelva, melocotones en Murcia, cerezas en Aragón… Comienza la recolección de frutas, pero no hay suficiente mano de obra. Ante la falta de trabajadores extranjeros, el Gobierno intenta facilitar la contratación, pero la respuesta aún es insuficiente. Pero Cataluña comienza a moverse.

Ni siquiera movilizando parados por decreto. Mientras tanto, cada comunidad autónoma va pergeñando sus normas y hoja de ruta para allanar el terreno y conseguir que los temporeros se animen al ver protegida su salud. Todo cautelas y procedimientos, al final muy similares en cada región.

El último protocolo desplegado es el de Cataluña. Gobierno, ayuntamientos, sector agroalimentario y agentes sociales de la demarcación de Lleida han acordado las medidas que garantizarán la seguridad en actividades y empresas agrarias de cara al inicio de la campaña de la fruta.

El marco de la alerta sanitaria había despertado preocupación e inquietud al respecto, ante la dificultad de poder asegurar, en estas condiciones de confinamiento, la producción en cantidad, calidad y seguridad de los alimentos. Estaba en duda que se pudiera proveer a la población, como se desprendía de recientes comunicados emitidos por la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, el problema no queda circunscrito a esta comunidad; está generalizado en todas las autonomías, aunque ha sido esta la que ha dado el paso ahora en pro de su resolución.

El documento de partida ha quedado aprobado en una reunión telemática con los agentes implicados, presidida por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; a la que también ha asistido Ramón Farré, delegado de la Generalitat.

El criterio base consiste en dar información a todo el personal sobre el Covid-19, sus vías de transmisión y las medidas de prevención individuales, especialmente las de carácter higiénico.

Cada explotación agraria tiene que hacer una lista de empresas externas que vayan a prestar servicios, así como cualquier persona que vaya a acceder. Nadie puede desconocer los procedimientos que protegen la salud propia y la de los trabajadores como colectivo. Antes de hacer ninguna operación, cada persona se someterá a la toma de temperatura al llegar e irse de la explotación y si se superan los 37 grados no podrán desempeñar su tarea.

Los trabajadores estarán obligados a llevar mascarillas y guantes, salvo que los trabajos encomendados no lo hagan posible, por lo que se insiste sobre todo en el lavado de manos adecuado.

El protocolo también determina que todo contratador disponga de un plan de trabajo que organice su ejecución, de tal manera que se eviten aglomeraciones y evitar posibles contagios.

Los traslados, la parte más delicada de la negociación, han quedado acotados a través de vehículos privados, en los que puede ir un máximo de dos personas, siempre que residan en el mismo domicilio o que desarrollen la actividad en el mismo centro de trabajo. Los autocares que alquilan las empresas para transportar a los empleados deben respetar, como límite, que la ocupación no supere el tercio.

En cuanto al alojamiento, el propietario tiene la obligación de desinfectar los albergues y viviendas de las personas contratadas, procurando la distancia social acordada de 1,5 metros, además de impedir el uso de las zonas comunes.

Mientras dure la campaña de recolección, los ayuntamientos deben disponer de una serie de documentos y datos concretos que permitan prever el impacto de la actividad de la campaña en su municipio y prevenir la alerta sanitaria.

Para la cosecha de este año, la patronal catalana del sector, Afrucat, viene avisando de un “colapso” que derivará del 60% menos de plantilla que calculan para estas tareas. Para la campaña del año pasado, sólo en esta zona de Lleida y el Ebro, se movilizaron 40.000 temporeros, según los datos de la Consejería de Trabajo de la Generalitat.