La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presidida por Miguel Angel Feito vuelve a estar de actualidad, a su pesar, tras salir a la luz nuevas polémicas e informaciones que ponen en entredicho la transparencia de la organización, su denominación de entidad sin ánimo de lucro y el entramado empresarial del que forma parte.
La última revelación es el pago realizado a la OCU por parte de la compañía energética Wekiki de hasta 20 euros por cliente captado tras ganar su última subasta, según ha denunciado FACUA. Se trataría de la comisión más alta que se haya pagado por una empresa del sector energético después de una de las subastas organizadas por la organización de consumidores.
Desde 2023 la OCU se encuentra bajo sospecha por parte del Gobierno. Según una información publicada por El País, la entidad estaría siendo investigada por el Ministerio de Consumo, que analizaría alrededor de 47 convenios que, desde 2018, había firmado la OCU con diversas compañías. El propósito de la investigación sería verificar si las comisiones que cobra por cada cliente suministrado son legales y si llegan a comprometer su independencia.
En el centro de la investigación estaría la publicidad que realizan sobre las tarifas de electricidad y gas. Según la organización de consumidores FACUA, la OCU habría publicitado tarifas de electricidad y gas de compañías que le abonan una comisión por cada cliente que les capta. Como reclamo, presenta las ofertas como ganadoras de una “subasta”, aunque siempre oculta cuáles son las compañías que participan en ella. En la información de El País, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, apuntaba que "la OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables, estamos ante un claro conflicto de intereses”.
Más de 440.000 euros cobrados de Octupus Energy
En la misma línea, la pasada semana se desveló el cobro por parte de OCU Ediciones de más de 440.000 euros en 2023 de la energética Octopus Energy, compañía británica cuyo CEO y fundador es Greg Jackson, después de haber ganado la subasta de la denominada por la organización “compra colectiva de energía”.
Asimismo, hace apenas un mes, fue otra compañía española, la dermocosmética ISDIN la que después de varios años sufriendo los estudios de la OCU y un importante daño reputacional decidió poner una demanda a la organización dirigida por Esther Rodríguez Uceda. ISDIN acusa a la OCU de acciones de competencia desleal, principalmente por uno de sus últimos estudios sobre protectores solares, publicado en marzo de 2024.
La demanda, admitida a trámite por los juzgados de lo Mercantil de Madrid, se basa en estudios científicos y pruebas de laboratorio avaladas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). También incluye estudios anteriores de OCU y manifiesta lo que consideran una ‘persecución’ de la organización de consumidores contra ISDIN desde el año 2019, y un perjuicio a los consumidores con la publicación de informaciones engañosas.
¿Trato de favor de la OCU hacia determinadas marcas?
Frente a esta situación, la duda sobre el posible trato de favor que la OCU pudiera estar dando en sus estudios a unas marcas en perjuicio de otras, priorizando a determinadas compañías en asuntos como el de las subastas de energía o sellando acuerdos comerciales para elaborar sus rankings, es más que razonable. Y es por ello que FACUA ha reclamado al ministerio que aplique la ley y ponga fin a este tipo de prácticas.
Desde esta asociación lleva años denunciando las acciones de publicidad comercial que realiza la OCU para promocionar productos y servicios de empresas que le pagan comisiones. Y ello ante la pasividad de los sucesivos responsables ministeriales, pese a la prohibición establecida en la legislación que regula a las asociaciones de consumidores, tal y como explican a Escudo Digital. Cabe recordar que desde 2007 las asociaciones de consumidores tienen prohibido realizar publicidad de bienes o servicios. En concreto, tienen vetado todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, “que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios”.
A pesar de los acuerdos de la OCU con empresas privadas, prohibidos según la normativa vigente, el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, mantiene los expedientes y denuncias desde hace años, sin que haya dado a conocer la situación de cada uno de ellos ni existan novedades.
La OCU tampoco hace públicos los importes que acaban pagándole las empresas ganadoras de sus subastas ni, como nos indican nuestras fuentes, cumple la obligación legal de depositar en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) los acuerdos firmados con las energéticas que participan en ellas, en los que se recogen las condiciones de las subastas y los compromisos de las participantes, únicamente deposita el de la compañía ganadora.
Cabe recordar que desde el 31 de diciembre de 2016, las asociaciones de consumidores están obligadas a depositar los acuerdos que suscriban con empresas en el Reacu, que en la actual legislatura depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Una obligación impuesta en el artículo 30 del citado real decreto legislativo.