Tenía que ocurrir, como ya vaticinaron diversos expertos consultados por Escudo Digital. El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un fuerte varapalo a España por haber rebajado a 1.000 euros el límite de los pagos en efectivo en los que una de las dos partes que intervengan en la transacción lo haga como profesional o empresa. No sirve el argumento de la lucha contra el fraude, que se puede refugiar en otro tipo de activos, como ya han señalado en diversos foros algunos economistas. La Unión Europea ha dictaminado que la medida tiene un impacto "indeseable y adverso" en el estado de curso legal de los billetes de euros.
"El BCE considera desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo en operaciones en las que cualquiera de las partes actúa en calidad profesional o empresarial a 1.000", señala el banco central, considerando que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar, informa Europa Press.
Y el asunto no queda ahí. Se trata de una medida absolutamente discriminatoria. Al ampliar a 10.000 euros el límite admitido para los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no actúan en calidad profesional o comercial, cuando no son residentes en España, a cobradores que sí son profesionales, se está produciendo un trato desigual: "esto discrimina los pagos realizados por residentes frente a los realizados por no residentes".
El Gobierno español, según el BCE, no ha dado una buena argumentación a la hora de explicar una medida que perjudica a amplias capas de la población
Además, el Banco Central Europeo considera que el régimen sancionador que establece la Ley "parece excesivo". Hay que recordar que asciende a un 25% del importe pagado. Y es que "los estados miembros deben velar por que las medidas adoptadas se ajusten al principio de proporcionalidad".
El BCE argumenta que la legislación no aborda en la exposición de motivos por los que ha tomado esta medida sus inconvenientes. Y estos son el impacto social y el riesgo de exclusión financiera que resultan de la reducción del anterior límite de 2.500 euros para los pagos en efectivo a 1.000. También ataca al Gobierno al señalar que en ningún momento proporciona pruebas claras de que con dicho límite sea probable lograr el objetivo público declarado, esto es, eliminar el fraude, ni se indica si se podrían haber adoptado medidas alternativas con un impacto menos adverso.
"Debe tenerse en cuenta que la capacidad de pago en efectivo sigue siendo especialmente importante para determinados grupos de la sociedad que, por diversas razones legítimas, prefieren utilizar el efectivo frente a otros instrumentos de pago", recuerda el BCE, subrayando que "facilitan la inclusión de toda la población en la economía" y suponen un método de pago fundamental para las personas mayores, los inmigrantes, los discapacitados, y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales.
Pero la acusación o advertencia más grave es que la limitación establecida en la Ley que limita el pago en efectivo : "dificulta significativamente" la liquidación de transacciones legítimas utilizando efectivo como medio de pago, poniendo así en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado.
Así, recuerda la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para fijar un límite de pago en efectivo a escala de la Unión de 10.000 euros. A este respecto, el BCE señala que "el umbral para la prohibición prevista de transacciones de consumidor a empresa y de empresa a empresa debe establecerse lo suficientemente alto para evitar un impacto fáctico que conduzca a la abolición de los billetes en euros".