FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno que extienda la prohibición de formalizar contratos a través de llamadas telefónicas de spam a una serie de sectores y no se limite exclusivamente a los servicios energéticos, cuya contratación se va a regular mediante un real decreto que pretende vetar las altas que intenten realizarse por medio de llamadas no efectuadas o pedidas expresamente por los usuarios.
Concretamente, ha solicitado que se amplíe esta restricción a los servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros, según ha señalado en un comunicado en el que advierte que el 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. Así lo pone de manifiesto una encuesta, realizada por la propia asociación a finales del pasado mes de junio con una muestra de más de 6.000 consumidores, que indica que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas.
Según los resultados de la encuesta, casi tres de cada cuatro (el 73,5%) de los afectados por spam telefónico habría recibido en el último mes llamadas con ofertas de telecos. En segundo lugar, están las de luz y gas, nombradas por el 71,8%, y les siguen los seguros (25,1%), alarmas (6,4%) y préstamos (5,9%).
"Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) carece de recursos suficientes para tramitar el ingente volumen de denuncias que recibe por todas las irregularidades que son de su competencia, lo que deriva en la caducidad de un número creciente de expedientes", subraya Facua, agregando que, además, su asociación ha detectado casos de denuncias por spam telefónica que han sido archivadas "de forma injustificada por la AEPD".
También reclama indemnizaciones a los usuarios objeto de altas en llamadas spam
Asimismo, Facua ha reclamado que la futura norma, que de momento afectará únicamente a la contratación de luz y gas, obligue a las energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a cancelar el contrato sin abonar ninguna cantidad si ha sido fruto de una llamada spam. Según ha adelantado, esta es una de las alegaciones que va a presentar a la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluida en el real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que actualmente está en trámite de audiencia pública.
Además, la asociación solicita que la norma también establezca indemnizaciones para los usuarios que sean objeto de altas en llamadas no autorizadas. A su juicio, es "imprescindible" que para validar un alta telefónica las compañías aporten una grabación en la que el usuario manifieste que fue él quien realizó la llamada o pidió expresamente recibirla.
"Así, en caso de que una compañía active un contrato sin contar con esa grabación, la denuncia del usuario afectado debería derivar en una indemnización económica para él y una multa para las dos empresas implicadas: la responsable de la llamada con el alta fraudulenta y la comercializadora que la diese por buena", remata FACUA.