Crisis del fentanilo en EE.UU.: ¿Por qué las políticas punitivas no funcionan?

Señalamos la urgencia de un enfoque más humano y rehabilitador para combatir la adicción al fentanilo en Estados Unidos.

Pedro Fernaud

Periodista

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Estados Unidos oscila en abordar el problema de la drogadicción entre el castigo y la rehabilitación.
Estados Unidos oscila en abordar el problema de la drogadicción entre el castigo y la rehabilitación.

El fentanilo arrasa en Estados Unidos: Una crisis sin precedentes

Estados Unidos afronta la peor crisis de sobredosis por drogadicción de su historia, con más de 107.000 muertes en 2022, de las cuales cerca del 70% fueron causadas por el fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más potente que la heroína. Este problema, del que en Escudo Digital analizamos recientemente su derivada mexicana, comenzó en los Estados del cinturón del óxido (Illinois, Indiana, Michigan, Misuri, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental y Wisconsin), que afrontan una decadencia en el tiempo actual, y los Apalaches y se ha extendido a la costa este, afectando a comunidades urbanas y grupos que antes no estaban tan expuestos, como los afroamericanos. Según datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la crisis provoca casi 150 muertes diarias, convirtiéndola en la peor de la historia reciente del país. 

A pesar de la gravedad de la epidemia actual, la eficacia de la respuesta de las autoridades ha sido limitada, con políticas nacionales de lucha contra las drogas centradas en el punitivismo masivo, lo que se ha traducido en que solo un 13% de los adictos está recibiendo tratamiento sanitario. Este enfoque, promovido por la administración Trump en su primer mandato y que está queriendo instaurar en su segunda administración, ha demostrado ser ineficaz para contener la crisis y ha dejado a miles de personas sin el apoyo necesario para superar su adicción.

¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan adictivo?

El consumo de fentanilo ha crecido de manera alarmante en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, donde se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis. Su bajo coste y alta toxicidad han impulsado su expansión en el mercado ilegal, y su consumo combinado con otras sustancias, como el alcohol o la heroína, agrava sus efectos y aumenta el riesgo de adicción y muerte. En España, su consumo también ha aumentado de forma notable, según datos del Plan Nacional sobre Drogas.

El fentanilo actúa sobre el sistema de recompensa del cerebro, generando cambios neurobiológicos que refuerzan la adicción y dificultan la desintoxicación. Su uso continuado provoca tolerancia, dependencia y un fuerte síndrome de abstinencia cuando se interrumpe el consumo, lo que se traduce en síntomas como temblores, sudores y taquicardia. La adicción al fentanilo es una enfermedad crónica que altera el funcionamiento del sistema nervioso y convierte su consumo en una necesidad fisiológica difícil de revertir.

De medicamento a arma letal: el doble filo del fentanilo 

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia que se utiliza en medicina para el manejo del dolor severo, sobre todo en pacientes con cáncer, en procedimientos quirúrgicos y en cuidados intensivos. Su rápida acción y corta duración lo hacen especialmente útil para intervenciones donde se requiere un control eficaz del dolor, aunque su uso debe ser cuidadosamente monitorizado debido al alto riesgo de dependencia y sobredosis.

¿Qué efectos secundarios tiene el fentanilo? 

El fentanilo puede provocar efectos secundarios como somnolencia, náuseas, vómitos, estreñimiento y mareos, siendo especialmente preocupante la depresión respiratoria en dosis elevadas o combinada con otros depresores del sistema nervioso central. Además, puede ocasionar confusión, sedación excesiva y, en algunos casos, alteraciones en la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que subraya la importancia de su administración controlada y supervisada.

El tráfico de fentanilo ha evolucionado en los últimos años. Hasta 2019, los componentes químicos provenían de China y llegaban directamente a los centros productivos de EE.UU., pero ahora la ruta actual del fentanilo pasa por México, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación elaboran la droga antes de introducirla en Estados Unidos. La mezcla de fentanilo con heroína y otras sustancias ha aumentado el riesgo de sobredosis y ha hecho que esta crisis supere con creces el peor año de la epidemia del VIH de los 90. 

¿España está en riesgo de sufrir una crisis de fentanilo?

Para comprender la incidencia del fentanilo en nuestro país, nos ha parecido de interés este artículo de National Geographic, donde se detalla que España no enfrenta una crisis de la misma magnitud que la de Estados Unidos con esta sustancia. Sin embargo, nuestro país ocupa el cuarto lugar en la OCDE en consumo de fentanilo, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. El artículo menciona que en España este opioide se usa principalmente como analgésico en forma de parches transdérmicos, pero advierte de que su creciente popularidad podría representar un problema futuro.

Según el Informe Edades 2022, el consumo de opiáceos en España aumentó un 0,6 % en el último año, y el fentanilo se ha convertido en el tercer opiáceo más consumido, después de la codeína y el tramadol. Aunque la situación es menos grave que en EE.UU., se sugiere que “la metodología de dispensación controlada y la educación continua sobre su uso adecuado pueden ser clave en la prevención de una posible epidemia de fentanilo en el país”.

Las muertes por fentanilo en EE.UU. en la actualidad 

Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de Estados Unidos (NSDUH), en 2017, 19,7 millones de adultos en EE.UU. padecieron un trastorno por uso de sustancias, de los cuales el 74 % tenía problemas con el alcohol y el 38% con drogas ilícitas. Además, 1 de cada 8 adultos sufrió simultáneamente trastornos por consumo de alcohol y drogas, y 8.5 millones de personas presentaron también un trastorno de salud mental.

No en vano, el abuso de sustancias le cuesta a la sociedad estadounidense más de 740 mil millones de dólares anuales en pérdida de productividad, atención médica y costes vinculados al crimen. Entre las causas de la adicción se encuentran factores genéticos, ambientales y psicológicos, un caldo de cultivo en el que los adolescentes y las personas con trastornos mentales son especialmente vulnerables.

¿Y hasta qué punto está siendo mortal la drogadicción entre los ciudadanos estadounidenses? Entre 2021 y 2022, la tasa ajustada por edad de muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos se mantuvo estable, con una ligera variación de 32,4 a 32,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Aunque esta tasa general no mostró un cambio significativo, se observó un aumento en las muertes por sobredosis entre los adultos mayores de 35 años, especialmente en los mayores de 65 años, cuyo incremento fue del 10%. Las sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, como el fentanilo, y con estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, continuaron en aumento. Sin embargo, las muertes por sobredosis de heroína y opioides naturales y semisintéticos, como la morfina y la oxicodona, disminuyeron en 2022.

Trump y el fentanilo: ¿repetir el fracaso o cambiar de estrategia?

Para comprender la realidad actual del fenómeno de la drogadicción en Estados Unidos nos ha resultado de gran utilidad el artículo El enfoque punitivo de Trump sobre la adicción a las drogas no es nada nuevo, publicado en la revista Time y elaborado por Holly M. Karibo, profesora asociada de historia en la Oklahoma State University y autora de varios libros sobre adicción e instituciones carcelarias en Estados Unidos, que ofrece una perspectiva histórica sobre este problema. 

La cuestión es que Trump convirtió el endurecimiento de las sanciones en un eje de su reciente y triunfal campaña electoral, hasta el punto de prometer “tomar medidas enérgicas contra los traficantes de fentanilo, reforzar la seguridad en la frontera con México y ejecutar a los vendedores de drogas”. Como señaló el medio Político, “todo el mundo es duro con las drogas otra vez… Prácticamente nadie habla de tratamiento”. Esta postura no es nueva, sino que forma parte de un ciclo histórico en Estados Unidos, donde la respuesta a las drogas oscila constantemente entre el castigo y la rehabilitación.

Un enfoque punitivo con raíces históricas

El enfoque punitivo tiene raíces profundas en la historia del país de las oportunidades. Con la aprobación de la Harrison Narcotics Tax Act en 1914, la posesión de sustancias como la morfina, la heroína y la cocaína sin receta médica se convirtió en un delito, lo que obligó a muchos consumidores a recurrir al mercado negro. Ante la falta de opciones de tratamiento, el número de condenados por delitos relacionados con drogas aumentó y las prisiones federales superaron su capacidad.

En un intento por mitigar las consecuencias de esta política, en 1929 se aprobó la Narcotic Farms Act, que permitió la creación de dos instituciones dedicadas al tratamiento de adicciones: una en Lexington, Kentucky (1935) y otra en Fort Worth, Texas (1938). Estas granjas para narcóticos combinaban terapias médicas con formación laboral y actividades recreativas, con el objetivo de ofrecer una rehabilitación integral. Sin embargo, su funcionamiento se vio obstaculizado por el hecho de que estaban bajo la supervisión de dos organismos con visiones contrapuestas: el Public Health Service, enfocado en el tratamiento, y el Bureau of Prisons, centrado en la disciplina y el castigo.

Las granjas para narcóticos en Estados Unidos: ¿Rehabilitación o castigo?

A partir de los años 50, la política antidrogas se volvió aún más represiva. En el contexto de la Guerra Fría, se difundió la idea de que la drogadicción era promovida por traficantes mexicanos, inmigrantes indocumentados, comunistas chinos, delincuentes juveniles y minorías raciales en las ciudades. Como resultado, se aprobaron leyes más severas, como el Boggs Act de 1951, que estableció penas mínimas obligatorias, y el Narcotic Control Act de 1956, que impuso la pena de muerte para quienes vendieran heroína a menores.

Estas medidas provocaron un aumento en la duración de las sentencias de los pacientes encarcelados en las granjas para narcóticos, y la falta de financiación impidió que estos centros cumplieran su propósito original de rehabilitación. Además, dentro de estas instituciones surgieron tensiones entre los pacientes voluntarios y los reclusos, lo que deterioró el ambiente terapéutico que se había intentado construir.

Las granjas para narcóticos continuaron funcionando hasta principios de los años 70, cuando la política antidrogas volvió a priorizar la criminalización. En un entorno marcado por la guerra de Vietnam, el auge de la contracultura y disturbios urbanos, se impulsó el cierre de estos centros de rehabilitación bajo el argumento de que los fondos federales debían destinarse a programas comunitarios de salud mental y adicciones. Este episodio refleja un patrón recurrente en la historia de Estados Unidos, donde el castigo ha predominado sobre el tratamiento en la gestión de la drogadicción hacia enfoques más humanitarios.

Cómo abordó Trump el problema en su primera administración 

La primera administración Trump (2017-2021) abordó la drogadicción y la crisis de opioides en Estados Unidos con un enfoque que combinó medidas de mano dura contra el tráfico de drogas con iniciativas de tratamiento y prevención. Una de las acciones más destacadas fue la declaración de la crisis de opioides como una emergencia de salud pública en 2017, lo que permitió destinar fondos federales para combatirla.

Trump también promovió la Ley Support for Patients and Communities Act de 2018, que amplió el acceso a tratamientos de adicción, fortaleció los programas de prevención y mejoró la vigilancia de prescripciones médicas. Sin embargo, su administración mantuvo un enfoque punitivo hacia las drogas ilegales, incluyendo la defensa de penas más duras para los traficantes y el fortalecimiento de la frontera para impedir el ingreso de drogas como el fentanilo.

fentanilo estados unidos
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Entre los pros de esta política se encuentra el reconocimiento de la adicción como un problema de salud pública, lo que permitió aumentar los recursos para tratamiento y recuperación. La Ley Support fue un avance significativo, ya que facilitó el acceso a medicamentos para el tratamiento de la adicción, como la metadona y la buprenorfina, y promovió la educación sobre los riesgos de los opioides.

Además, la administración Trump logró reducir ligeramente las muertes por sobredosis en 2018, aunque este descenso no se mantuvo en los años siguientes. En el momento actual, los contras persisten, porque Trump 2.0 continúa con su enfoque de seguir priorizando la criminalización y las medidas punitivas sobre estrategias de reducción de daños y rehabilitación

Problemas de la política antidrogas de Trump

En síntesis, el enfoque punitivo de Trump para abordar la crisis del fentanilo está demostrando ser poco eficaz, ya que se centra en la criminalización y el castigo en lugar de la rehabilitación y el apoyo a los adictos. La historia ha mostrado que las políticas represivas, como las penas mínimas obligatorias y la pena de muerte para traficantes, no resuelven las causas subyacentes de la adicción y solo contribuyen al encarcelamiento masivo. En contraste, un enfoque más humano y rehabilitador podría ofrecer vías de curación y reintegración social para los drogodependientes. Proyectos vitales que incluyan tratamientos accesibles, apoyo psicológico y programas de reinserción laboral podrían marcar una diferencia relevante. 

En ese sentido, resulta pertinente señalar que la comunidad internacional, y en particular EE.UU., deberían invertir en estos programas para prevenir situaciones de adicción y ofrecer horizontes vitales alentadores y estimulantes desde un punto de vista humanístico. Resulta crucial reconocer que la adicción es una enfermedad que requiere tratamiento y compasión, no castigo. Solo así se podrá abordar de manera efectiva la crisis del fentanilo y ofrecer a los afectados una verdadera oportunidad de recuperación y reintegración social.