Justo antes de Navidad, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-Ley 6/2023, que establece medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un decreto omnibus que incluye una disposición que modifica el real decreto-ley aprobado en marzo de 2022 para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 5G. De esta forma, el Ejecutivo gozará de mayor poder para obligar a las operadoras de telecomunicaciones a sustituir los equipos de sus redes suministrados por "proveedores de alto riesgo" si estos cubren zonas críticas o servicios esenciales. La cuestión es que aún no se ha determinado ningún proveedor "de alto riesgo", una indefinición que afecta a proveedores y a operadoras, y que puede retrasar el despliegue de redes 5G en todo el territorio nacional. Analizamos en qué punto exacto se encuentra la normativa y qué cambios supone el nuevo decreto para telecos y proveedores.