La Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD) ha emprendido dos iniciativas legales en defensa de los intereses del sector en España y la gestión del espacio aéreo. El pasado 29 de noviembre, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite la demanda interpuesta por la ANPD contra el Real Decreto 517/2024, aprobado el 4 de junio de este año, que regula el uso de drones en España.
Estima la ANPD que la normativa vulnera derechos fundamentales y genera un impacto negativo en la operatividad y el desarrollo de las actividades vinculadas con los drones en el ámbito civil. También considera que establece un agravio comparativo con otros países de la Unión Europea en la implementación del Reglamento Europeo sobre UAS (Unmanned Aerial System, Sistema aéreo no tripulado).
Zonas gestionadas por ADIF
La segunda acción se produce este mes. El pasado 11 de diciembre, una actualización del mapa de zonas geográficas de UAS en Enaire Drones mostró nuevas zonas geográficas particulares para la protección de infraestructuras. Entre ellas, se identificaron áreas gestionadas por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que cubren líneas, incluidas vías abandonadas o completamente enterradas.
Ante este descubrimiento, la ANPD presentó el 17 de diciembre una queja formal ante el Defensor del Pueblo, donde se denunciaban las posibles irregularidades y arbitrariedades en la creación de estas zonas geográficas UAS particulares, concedidas a ADIF por la Comisión Interministerial CIDETRA. La ANPD señala que estas zonas se aprobaron incluso antes de la entrada en vigor del Real Decreto que las regula, lo que, en su opinión, plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Además, la ANPD ha solicitado al Ministerio de Transportes, a través del Portal de Transparencia del Estado, el expediente completo del procedimiento, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente y la transparencia administrativa.
Dar voz a operadores
En abril de este año nació la Asociación Nacional de Pilotos de Drones como “una asociación independiente de empresas e intereses privados y sin ánimo de lucro”, para dar voz a “miles de pilotos y operadores de drones recreativos y profesionales”.
Entre sus metas figura dialogar con las instituciones, como partes implicadas y como expertos en el campo, para ayudar a conseguir una legislación sobre drones que sea justa, justificada y proporcional, teniendo en cuenta la seguridad de las operaciones. Se busca que España pueda desarrollar todo su potencial. La propuesta de ANPD se basa en la “eliminación de toda restricción y prohibición que no pueda ser justificada mediante estudios, pruebas, estadísticas y evaluaciones de riesgo bien formuladas”.