El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han acordado un texto sobre la Identidad Digital Europea, que prometen que garantizará una identificación fiable y segura de todos los ciudadanos y empresas de la Unión Europea.
El marco legal vigente para la identificación y transacciones electrónicas es un reglamento de 2014 conocido como eIDAS (Identificación electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza, por sus siglas en inglés). En 2020, la Comisión Europea propuso actualizar esta regulación y desde entonces se ha estado trabajado para llegar a un texto final que será de cumplimiento obligatorio en todos los Estados miembros de la Unión en dos años.
El paso siguiente es que el reglamento pase por el Comité de Representantes Permanentes de la UE, el Coreper, para que reciba la aprobación definitiva, lo que podría suceder en diciembre.
“Con la aprobación del reglamento de identidad digital europea damos un paso fundamental para que los ciudadanos puedan disponer de una identidad digital europea única y segura. Se trata de un avance clave para que la UE sea un referente en el ámbito digital protegiendo nuestros derechos y valores democráticos”, señaló Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.
La propuesta del nuevo reglamento, bautizado eIDAS2, promueve el derecho de todo ciudadano a contar con una identidad digital que sea reconocida en cualquier lugar de la Unión Europea. Y se espera que para 2030 alcance al 80% de la población.
Entre sus medidas principales, contempla la puesta en marcha de carteras o billeteras de identidad digital europeas que podrán tener todos los ciudadanos de la Unión Europea, de forma opcional, a través de aplicaciones móviles que deberán ser gratuitas y construidas en código abierto.
Estas carteras digitales permitirán a los ciudadanos identificarse, almacenar y compartir diferentes datos, como documentos de identidad, pasaportes, carnets de conducir, diplomas educativos, recetas médicas, y también acceder a servicios de la administración, abrir cuentas bancarias, realizar pagos o acceder a beneficios sociales. A su vez, contemplará la firma digital y controlar con quién y en qué condiciones se comparte esa información personal a terceros.
La nueva reglamentación establece que todo esto pueda realizarse a través de una tecnología con una interfaz amigable, accesible para todo el mundo e interoperable en toda la Unión Europea. Los Estados miembros podrán diseñar y desarrollar sus propias carteras digitales, pero deberán ser compatibles para que se puedan utilizar en todos los países de la UE.