El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) diseñado y aprobado en el BOE el pasado 3 de diciembre puede suponer un cambio de 180 grados en las relaciones laborales, y según publica el diario El País, tiene muy preocupados a amplios sectores del mundo empresarial.
Y no solo por la subida de un 20% en las sanciones laborales, subida ya operativa desde el pasado primero de octubre. A partir de enero de 2022, se digitalizan varios procesos, como la emisión de actas de infracción, lo que puede hacer crecer mucho el número de multas en un momento complicado tanto para empresas como para trabajadores.
El objetivo, según publica el diario El País, es la detección masiva y el control de las irregularidades que se cometen con mayor frecuencia en nuestro país en el ámbito laboral, como por ejemplo la utilización de la temporalidad fraudulenta, entre otras muchas infracciones.
Toca digitalizarse para evitar que la administración detecte los errores antes que el empresario, especialmente en las Pymes
Las actas sancionadoras se levantarán en base a los resultados que obtenidos del big data y la inteligencia artificial, sin que haga falta que un funcionario lo supervise. Según ha declarado al Ignacio Sampere, of counsel (consejero jurídico) del área Laboral de BDO, esta medida hará que la actuación inspectora de la ITSS sea “más eficaz y certera en el manejo de miles de datos que los inspectores y subinspectores de trabajo no pueden abordar con la rapidez de los programas informáticos actuales”.
Existe preocupación en el ámbito de las Pymes, inmersas muchas de ellas aún en la cultura analógica. La sanción se recibe de golpe, sin anestesia ni la actividad indagatoria que precedía a la multa. Las empresas tendrán que digitalizase a marchas forzadas para adecuarse a este nuevo entorno. Según señala el diario El País, que cita a varios expertos, deberán hacer un esfuerzo extra en el año 2022 a fin de cumplir de modo estricto y en plazo todas las obligaciones legales que dejan traza informática en las bases de datos pertenecientes al Ministerio de Trabajo y al de Seguridad Social.
Se trata de evitar, si hay errores, que el sistema informático de la propia empresa los detecte antes que la administración, porque, evidentemente, los puede haber, y no tienen que ser, forzosamente, infracciones cometidas de mala fe.
Como sucede en los casos de intervención directa de los inspectores de carne y hueso, la administración ofrece reducciones de un 40% del importe de la multa por pronto pago, lo que suele provocar que mucha empresas se abstengan de recurrir, aunque, como ya hemos dicho, no hayan actuado de mala fe. Siempre puede alegar que el sistema automatizado que entra en vigor a comienzos de año ha cometido un error, y vérselas cara a cara con un inspector de los de toda la vida.
Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) afirman que no están en contra de que los datos se gestionen de forma masiva, siempre que no se limite, perjudique o anule el derecho del ciudadano. Siempre se han cruzado los datos, pero ahora la situación cambia. Ya no hay posibilidad de alegar en la fase previa. El empresario se enfrenta directamente a la sanción impuesta por un robot. Los inspectores prefieren, en líneas generales, que la decisión sancionadora la siga tomando un ser humano.